Las revelaciones sobre la caja B dejan el futuro de Esperanza Aguirre en manos de las “ranas” Granados y González

Las ruinas del “aguirrismo” protegerán a la expresidenta madrileña o terminarán por derrumbarse sobre ella. Sus dos principales escuderos en sus diferentes gobiernos y en el PP regional, Ignacio González y Francisco Granados, y el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela han sido citados como imputados por varios delitos, al igual que Esperanza Aguirre. El juez Manuel García Castellón los señala como “ejecutores” del plan de la expresidenta para financiar con fondos públicos sus campañas electorales. Los tres deberán decidir si niegan la tesis armada por la Fiscalía Anticorrupción o elevan la responsabilidad hacia Aguirre. Granados ya ha prometido tirar de la manta.

El juez tomará declaración a los investigados entre el 16 de septiembre y el 18 de octubre. En días previos declararán varios testigos: a diferencia de los imputados, la ley les obliga a a decir la verdad ante el tribunal. La última de las imputadas en comparecer ante el juez será Esperanza Aguirre, a la que el magistrado sitúa indiciariamente al frente de la trama de financiación irregular del PP madrileño y sus cuatro fuentes de dinero público: las partidas de publicidad de las Consejerías, los contratos del departamento de Transportes y Presidencia de Granados, las subvenciones concedidas a Fundescam y las licitaciones de las empresas públicas ICM y Canal de Isabel II pilotadas por González.

La tesis que ha defendido Esperanza Aguirre durante todos estos años de escándalos asociados a sus gobiernos quedó acuñada en una frase que ella misma pronunció en febrero de 2016 cuando compareció en la comisión parlamentaria de la Asamblea de Madrid que investigaba la corrupción. Ante las preguntas de Ciudadanos aseguró: “Como mi carrera política es larguísima, 33 años, y al haber nombrado a 500 altos cargos dos me han salido rana, el señor Granados, que ya sabe usted donde está [en aquel momento encarcelado en la prisión madrileña de Estremera] y Alberto López Viejo, que no está porque no se ha abierto juicio oral”.

En aquel momento todavía no se había encarcelado en la Operación Lezo, que indaga sobre el saqueo del Canal de Isabel II, a Ignacio González, a quien Aguirre designó como sucesor tras tenerlo como mano derecha en el Gobierno y en el PP. Cuando se decretó la prisión para su heredero político, la expresidenta al borde del llanto, anunció su retirada de la política lamentando su responsabilidad “in vigilando”. Según ella, su único fallo fue no haber detectado nada raro en su entorno más cercano.

Ahora el futuro de Esperanza Aguirre, acusada de gravísimos delitos por la Audiencia Nacional, está en manos de los que han sido sus colaboradores más estrechos y de los que renegó una vez que cayeron en desgracia. Los testimonios de González y Granados, enemigos íntimos desde sus luchas de poder en el Gobierno madrileño, servirán para adjudicar la participación de cada cual en los siete delitos que el juez Manuel García Castellón detalla en el segundo auto que concreta los indicios contra cada uno de ellos. Se trata de cohecho, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral, “sin perjuicio que pueda revelarse la comisión de cualquier otro”, escribe el magistrado.

El plan de Aguirre al frente del Gobierno de Madrid contemplaba incluir en los pliegos de los contratos que se adjudicaran desde las Consejerías una cláusula que obligaba a las empresas a abonar hasta un 1% del presupuesto total para contratar publicidad de la obra pública adjudicada, una cantidad que acababa en el Partido Popular de Madrid. Esa cláusula, escribe el juez, fue aprobada por la Comisión Delegada de Asuntos económicos, en la que participaban la propia Aguirre, junto a González y Granados.

“También formaba parte su principal impulsor, el consejero de Sanidad Manuel Lamela”, añade el magistrado. Lamela ha reconocido ante la Guardia Civil la asistencia de Aguirre a reuniones en las que se acordó beneficiar al empresario Daniel Horacio Mercado, quien ha admitido su participación en la financiación irregular del Partido Popular de Madrid.

La citación de Ignacio González en esta pieza del caso Púnica complica aún más su situación procesal, que ya incluía una ristra de acusaciones por delitos tan graves como organización criminal en el caso Lezo que lo llevó a prisión. La Audiencia Nacional considera que el Gobierno de Aguirre modificó la Ley para que todas las adjudicaciones en concepto de publicidad pasaran por la Vicepresidencia de González en la Comunidad. El expolítico deberá confirmar si, como cree la Audiencia Nacional, la decisión de que “la máxima instancia decisoria” fuese su Vicepresencia era parte del plan de desvío de fondos públicos de Aguirre y que aún así ella tenía “intervención en las decisiones sobre qué empresa debía ser la adjudicataria”.

García Castellón considera que Esperanza Aguirre decidió que “el protagonismo” de González y Granados en la trama se viera reforzado cuando, en diciembre de 2004, un año después de alcanzar el poder, reformó la estructura de su Gobierno. Granados sería consejero de Presidencia; González, vicepresidente primero y portavoz del Gobierno. Esos cambios suponían “un nuevo reparto de las empresas públicas de la CAM para dejar en manos de aquellos las que manejaban mayor presupuesto y eficacia en la recaudación”.

“Extravagancia” con la empresa de suelo público

Esperanza Aguirre adjudicó a Francisco Granados la gestión de todo el suelo público de la Comunidad de Madrid. Para ello, integró la firma Arpegio en su Consejería de Presidencia. Años más tarde devolvería la empresa pública a la Consejería de Medio Ambiente. Se trató, dice el magistrado, de “una itinerancia extravagante de ida y vuelta que mantuvo el control de la entidad pública siempre en manos de Franciso Granados”.

En febrero de 2018, Granados acudió a la Audiencia Nacional y comenzó a señalar a dos de sus principales enemigos en el PP, Ignacio González y Cristina Cifuentes, como “muñidores” de la financiación irregular del PP. En aquella declaración también implicó a Esperanza Aguirre, al tanto de todo, según él. El pasado 17 de agosto, elconfidencial.com publicó que Francisco Granados aguardaba la decisión del juez García Castellón sobre la solicitud de imputación de sus tres antiguos compañeros para “apuntalar” ante el juez el relato que los incrimina.

Hay un cuarto subordinado de Aguirre cuyo puesto resulta clave para explicar la presunta trama de financiación ilegal. Se trata del gerente del Partido Popular en Madrid durante la etapa investigada, Beltrán Gutiérrez, el guardián de la caja B. Los indicios se acumulan contra él como pieza clave de la trama, siempre a las órdenes de Aguirre, según la investigación. La expresidenta “habría autorizado al gerente del partido a desarrollar una continuada dinámica de falsedad electoral en la presentación de las contabilidades ante la Cámara de Cuentas de Madrid por las campañas autonómicas 2007 y 2011 y ante el Tribunal de Cuentas por la campaña a las elecciones generales del 2008”, dice el juez en este segundo auto.

Gutiérrez ya ha comparecido tres veces en la Audiencia Nacional como investigado: en sus dos comparecencias ante el primer instructor de la causa, Eloy Velasco, negó la existencia de una contabilidad paralela. Ante Manuel García Castellón se negó a declarar en septiembre de 2017 y el juez no lo ha incluido en esta ronda de citaciones. El exgerente también guardó silencio en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

“El uso continuado, durante tres campañas, de numerosos artificios para ocultar gastos electorales y pagarlos con flujos de fondos de distintas fuentes, ajenas a las cuentas electorales, trasciende de la decisión y dominio del administrador electoral del Partido Popular de la Comunidad de Madrid”, escribe el juez sobre Beltrán Gutiérrez.