El rey emérito se enriqueció a espaldas de Hacienda durante lo peor de la crisis económica

La Fiscalía ha decidido archivar la investigación contra el rey emérito, pero sus escritos dibujan la trayectoria económica de Juan Carlos de Borbón, boyante fuera de los cauces oficiales incluso cuando el país atravesaba sus peores momentos económicos. Los decretos hechos públicos esta semana relatan cómo abrió dos 'trust' en el paraíso fiscal de Jersey a mediados de la década de los noventa, cuando España comenzaba a recuperarse de la crisis económica. También cómo cobró 100 millones de dólares en 2008, en los primeros años de la siguiente crisis, mientras la tasa de desempleo se disparaba. Todo a espaldas de Hacienda y mientras sus discursos anuales de Navidad pedían solidaridad y ejemplaridad a ciudadanos e instituciones.

El origen del caso está en 2008, cuando los colaboradores del monarca abrieron una cuenta en el banco suizo Mirabaud para gestionar los fondos de la Fundación Lucum. La Fundación era creada el 31 de julio de ese año en Panamá y la cuenta se abría en Ginebra una semana más tarde. Ese mismo día llegaba el ingreso: un total de 64,8 millones de euros procedes del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz. La Fiscalía ha concluido que no hay delito y, si lo hubo, está prescrito y sepultado por la inviolabilidad del monarca, además de entender que no hay pruebas que relacionen ese pago con la adjudicación del AVE a La Meca.

Para cuando ese pago llegó a la cuenta de la fundación panameña de Juan Carlos de Borbón, el país ya se asomaba al abismo de la crisis económica. En 2007 la tasa de desempleo era del 8,8% y en 2008 ya alcanzaba el 13,8%. Según la Fiscalía, siguió moviendo su dinero hasta que se deshizo de él en Nassau (Bahamas) en junio de 2012, cuando la tasa de desempleo en España rozaba el 26% y casi los seis millones de parados. Ese dinero nunca pasó por manos de Hacienda y las cuotas defraudadas, que según reconoce la propia Fiscalía superaban ampliamente el umbral de 120.000 euros del delito fiscal, no han tenido consecuencias legales para él.

Esos años, en sus discursos anuales de Navidad, el jefe del Estado se dirigió a la nación y la crisis económica rampante tuvo un papel protagonista en sus discursos. “Sirvamos con mayor ahínco el afán de los españoles de construir una España cada vez más justa, integradora y solidaria, de todos y para todos”, instó a los políticos a finales de 2007, pocos meses antes de recibir la transferencia millonaria. “Juntos podemos vencer problemas y dificultades si actuamos con realismo, rigor, ética y mucho esfuerzo, anteponiendo siempre el interés general sobre el particular”, dijo ya en las fiestas navideñas de 2008, con los 64,8 millones de euros en la cuenta de su fundación panameña sin haber dado parte a Hacienda.

Ese no fue el único ingreso que la Fiscalía ha examinado en su investigación. La Fundación Lucum llegó a tener hasta cuatro cuentas fuera de España abiertas entre 2008 y 2011, y en una entraron 1,4 millones de euros procedentes del Sultán de Bahréin en abril de 2010. El dinero de todas salió en dirección a Nassau (Bahamas) en distintos días del mes de junio de 2012. La Fiscalía no expone qué pudo llevar a esta desvinculación del dinero, en unas fechas en las que ya había estallado el caso Nóos y en la que el yerno del monarca, Iñaki Urdangarin, ya había sido imputado. Unos meses antes de esa salida de dinero de las cuentas, el rey sufrió la caída en Botsuana mientras cazaba, momento de su célebre “lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”.

Durante este tiempo en el que llamaba a anteponer “el interés general sobre el particular” en sus discursos a la nación, Juan Carlos de Borbón escondió este dinero a Hacienda. Presentó sus declaraciones de IRPF en España en las que, según la Fiscalía, “no incluyó las rentas y rendimientos obtenidos en las cuentas abiertas en el banco Mirabaud por la fundación Lucum”. No presentó el modelo 750 y la Fiscalía deja caer que, de no ser por la prescripción y la inviolabilidad, podría haberle costado una acusación por delito fiscal, tanto si se le hubiera aplicado el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como si se le hubiera aplicado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con independencia de que fuera un bien adquirido o un patrimonio no declarado.

“En ambas hipótesis resulta para cada ejercicio una cuota defraudada que supera con creces el importe de 120.000 euros que establece como umbral”, dice la Fiscalía. Los cuadros expuestos por el Ministerio Público revelan que, por ejemplo, en 2008 dejó a deber más de 28 millones de euros en IRPF en caso de ser considerado una ganancia patrimonial no justificada. En esa época, como se supo varios años después, Juan Carlos de Borbón tenía una asignación de 300.000 euros anuales procedentes de las arcas públicas. En las fiestas navideñas de 2012, después de enviar su dinero camino de Nassau, se dirigió a la nación: “Para que nuestra economía vuelva a crecer tenemos que poner orden en nuestras cuentas y, a la vez, generar estímulos para la creación de riqueza”, dijo, para después añadir que “España es parte de la solución a la crisis global”.

El dinero de los empresarios

La Fiscalía también puso la lupa sobre los millones de euros que empresarios y gente de su entorno pusieron a su disposición a través de fundaciones y sociedades para hacer frente a sus gastos personales y los de gente de su entorno una vez dejó el trono en 2014 y, por tanto, dejó de estar protegido por la inviolabilidad monárquica que reconoce la Constitución. Uno de sus benefactores fue el empresario Allen Sanginés-Krause, que entre 2016 y 2018 hizo llegar 516.000 euros al monarca mientras viajaban juntos al castillo irlandés de Killua o mientras el rey, a sus 79 años, se proclamaba campeón del mundo de vela en la categoría de Clásicos de 6 metros a bordo del Bribón, su embarcación.

Esos años, Sanginés también se hizo cargo de más de 471.000 en viajes e incluso de diversos gastos médicos. Pero no era el único benefactor económico de Juan Carlos I, que tras su abdicación vio su asignación anual de dinero público reducida en un 30%, hasta cerca de 200.000 euros anuales hasta marzo de 2020. Su primo Álvaro de Orleans mantenía en funcionamiento otra Fundación, bautizada como Zagatka, con la que pagó en torno a 8 millones de euros en viajes al monarca emérito entre 2014 y 2018.

El dinero salía de sus cuentas en Credit Suisse o Lombard Odier y terminaba en las compañías de viajes, ya fuera por vuelos concretos o por bonos que le permitían viajar donde quisiera. La mayor parte de ese dinero fue a parar a los servicios de Air Partner (7,6 millones) pero también a Viajes Terra Viva (164.000 euros) y Fathomless Advisory (67.000 euros). Desglosado gasto por gasto, explica la Fiscalía, ninguna de estas donaciones supera el umbral del delito fiscal y, además, las polémicas regularizaciones fiscales puestas en marcha después de saber que estaba siendo investigado taponan cualquier tipo de vía penal. Lo mismo pasa con la adquisición de tres escopetas por más de 100.000 euros en total en 2018.

Para entonces Juan Carlos de Borbón ya no era rey y no tenía, por tanto, gran cantidad de apariciones públicas, aunque Felipe VI sí seguía haciendo alusiones a la ejemplaridad de las instituciones, el año pasado sin ir más lejos. Pero sus problemas legales empezaban a abrirse paso: en 2018 varios medios publicaron conversaciones grabadas en las que su antigua amante, Corinna Larsen, reconocía la existencia del cobro millonario en 2008 y cómo ella había sido usada para esconderlo. En sus cuentas en Bahamas acabó, a modo de donación irrevocable, el dinero que la Fundación panameña Lucum del rey había amasado durante años en Suiza.

Los millones en los noventa

Juan Carlos I, por tanto, hizo fortuna mientras la economía del país se hundía, pero su bonanza económica internacional a espaldas de las arcas públicas no era ninguna novedad. La Fiscalía detalla en su escrito cómo en los años noventa el monarca dispuso de varios millones de euros repartidos en varios 'trust' del paraíso fiscal de Jersey. Uno fue bautizado como 'Tartessos' y creado en 1995 y el otro, llamado 'Hereu' - heredero en catalán - dos años más tarde y los fondos, administrados por su colaborador Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal, procedían una vez más de donaciones de las que la sociedad española nunca tuvo noticia. España, mientras tanto, empezaba a ver entonces la luz al final del túnel de la profunda crisis económica de 1993, que había dejado 3,3 millones de parados y una tasa de desempleo de más del 24%. En su mensaje navideño de 1995, el año en que creó su primer 'trust' en Jersey, el monarca habló del “drama personal” del paro y las “inquietantes” cifras del desempleo.

Unos nueve millones de euros procedían de una donación hecha por Simeón II de Bulgaria en 1999, tres años después de que el avión oficial de Juan Carlos de Borbón le llevase de vuelta a Bulgaria tras medio siglo en el exilio. Otra cantidad indeterminada procedía de donaciones de “personas no identificadas que apoyaron entre los años 60 y 70 del siglo pasado” al monarca español, canalizadas a través de una sociedad llamada 'Nadine Limited'. La amistad entre ambos siempre ha sido patente, por ejemplo cuando en junio de 2016 el monarca búlgaro casi rompe a llorar al darle las gracias durante la presentación de su libro en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Ese dinero, según los testigos que han declarado ante la Fiscalía, no estaba ahí para gastos personales o para invertir. Estaba para apoyar al monarca en caso de un golpe de estado. “La finalidad de ambos trusts era apoyar al entonces Rey Juan Carlos I en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a este como único beneficiario”, explicó John Ruddy, antiguo 'trustee' de esos dos fondos. Pero el rey, según estos testimonios, decidió desvincularse de esa fortuna oculta en 2004, cuando entendió que la monarquía española no estaba en peligro dos décadas después del último intento de golpe de estado.

Anunció su decisión en una reunión que mantuvo en diciembre de 2003 con Ruddy y con Manuel Jaime de Prado, entonces ya condenado por la Audiencia Nacional a dos años de cárcel por desviar 12 millones de euros en el caso KIO. Ese día indeterminado del mes de diciembre, según el testimonio de De Prado, Juan Carlos de Borbón reconoció que la situación de la monarquía era estable, que su hijo Felipe se iba a casar con Letizia Ortiz y que había que desvincularse de los fondos porque “de ser conocida su existencia por la opinión pública española resultaría embarazoso para la monarquía”. Nació entonces un nuevo trust sin vinculación directa con el rey emérito, en manos de Joaquín Romero Maura.

En las mismas fechas en las que Juan Carlos I reconoció ante sus colaboradores que la sociedad española no vería con buenos ojos el ocultamiento de varios millones de euros en un paraíso fiscal, el monarca se dirigió a la nación en su tradicional discurso de Navidad. Un mensaje en el que también se refirió al enlace entre los futuros reyes, algo que según dijo constituía “un motivo de gran alegría tanto desde el punto de vista familiar como institucional”.

También invitó a ciudadanos e instituciones a cumplir con la Constitución y alabó la economía a la que entonces ocultaba parte de su fortuna: “Avanzamos en la buena dirección. Pero aún queda mucho por hacer en favor de los afectados por la exclusión social, los marginados y cuantos reclaman disfrutar de mayor igualdad de oportunidades”, dijo en un discurso en el que también tuvo palabras amables para la sanidad y la educación públicas.

La investigación de este 'trust' arrancó cuando las autoridades anti blanqueo sospecharon de todas las vinculaciones del dinero con Juan Carlos I y pusieron todo en conocimiento de la Fiscalía. Los investigadores, finalmente, han determinado que hubo una vinculación indudable del monarca con el origen de los fondos pero que, una vez trasladados en 2004 al nuevo 'trust' de Romero Maura, quedaron al margen del rey y quedaron en manos de este hombre en cuya rectitud confiaba Juan Carlos I. Todo lo anterior a ese año ha prescrito y, en cualquier caso, estaría protegido por una inviolabilidad de la monarquía que la Fiscalía define como total. Para lo público y para lo privado.