¿Puede un ayuntamiento mediano por sí mismo, con sus limitados servicios técnicos y jurídicos municipales, imponerse a toda una legión de abogados de los bufetes con más nombre del país? Sí, puede. Y por dos veces. Rivas-Vaciamadrid, un municipio del sureste de la región, ya ganó a la gran banca en 2018 y logró que el Tribunal Supremo reconociera que el impuesto hipotecario lo debían pagar las empresas financieras, no los clientes, tras una dura batalla legal. Hasta tres jueces le dieron la razón. El Alto Tribunal, en una decisión inédita, se autoenmendó después y dio la vuelta a su propia doctrina para volver a repercutir el tributo a los consumidores. Aquello originó una profunda crisis de legitimidad en el Supremo y un escándalo nacional, pero no tuvo vuelta atrás.
Tres años después, la banca vuelve a sufrir un revés contra este municipio -gobernado ininterrumpidamente por la izquierda desde 1977- a través de las aseguradoras, en un enfrentamiento que comenzó en 2012 y que, nueve años después, ha concluido de nuevo con el Tribunal Supremo dando la razón a los servicios jurídicos de Rivas. El caso es sencillo: las pólizas de seguro del hogar, obligatorias para conseguir una hipoteca, incluyen una cobertura en extinción de incendios por la que las empresas cobran, pero que en realidad no prestan. Ese servicio lo ofrecen las administraciones públicas, en este caso los ayuntamientos. En el caso de Rivas, como en tantos otros, el municipio paga un canon a la Comunidad de Madrid, quien pone los medios humanos y materiales. Así que los técnicos elaboraron una ordenanza para repercutir parte del coste a las aseguradoras a través de una tasa.
La idea surge en 2012. La plantea la entonces concejala de Hacienda, Ana Reboiro, concejala de IU en el Gobierno que presidía entonces y ahora el alcalde, Pedro del Cura (IU). En septiembre de ese año, el Pleno municipal, donde Izquierda Unida tenía la mayoría absoluta, aprueba la ordenanza. Como recuerda en conversación con elDiario.es la jefa del servicio jurídico municipal, Silvia Gómez, “no se presentan alegaciones durante el trámite de exposición pública. Nadie reclama. La ordenanza se aprueba y se publica en diciembre”.
“No lo vieron o no fueron conscientes”, sostiene Gómez. Pero sí debieron serlo cuando comenzaron a girar los requerimientos de pago. “El problema surge al aplicarla, cuando los técnicos de Hacienda comunican a las aseguradoras que tienen que abonar la tasa es cuando recurren”, rememora. Y llegaron los recursos. Primero, por la vía administrativa. Después, en los tribunales.
Una de las demandantes fue SegurCaixa Adeslas. Otra, PlusUltra. También Mapfre. Y Generali. Así hasta 40 aseguradoras contra la jefa del servicio jurídico de Rivas, quien llevó el caso inicial en 2013, y un par de compañeros que se sumaron al equipo cuando la cosa se complicó. Pero los técnicos municipales de Hacienda, también funcionarios, hicieron muy bien su trabajo. Tanto la ordenanza como la memoria económica que la acompañaba pasaron todos los filtros judiciales. En 2014, el Tribunal Superior de Justicia dio la razón a Rivas y desestimó el primero de los recursos.
“Después todo fue rodado”, recuerda Gómez. Pero si algo tienen las aseguradoras es tiempo. Y dinero. En 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy modificó los criterios de acceso a los recursos de casación de la vía contencioso-administrativa en el Tribunal Supremo. Así que las compañías iniciaron todo el proceso judicial de nuevo, con el ánimo de que el Supremo revirtiera las sentencias previas. Si ocurrió en 2018, ¿por qué no ahora?
En Rivas no las tenían todas consigo. El precedente del impuesto hipotecario pesaba. Pese a tener 15 sentencias en el Superior de Madrid y de que de más de 40 pleitos, solo perdieron un par, había temor. Silvia Gómez era de las que confiaba: “El Supremo tenía difícil dar un vuelco. Pero tardaron muchísimo en resolver el recurso de casación”.
Y los ganaron. Ahora, las empresas aseguradoras pagan, aproximadamente, el 30% del canon que Rivas abona a la Comunidad de Madrid por el servicio de bomberos. Un ahorro que repercute directamente en las arcas municipales.
Creative commons para otros ayuntamientos
¿De cuánto dinero se trata? No es tanto si se mira de forma individualizada. Las empresas deberán abonar cuatro millones de euros que adeudan al Ayuntamiento. Y pagar lo de este año, alrededor de un millón más. El impacto no está en la tasa de Rivas, sino en todos los municipios españoles de más de 20.000 habitantes que, por ley, deben proveer un servicio de extinción de incendios y que, como ocurre con casi todos, lo consorcian con un ente provincial o autonómico.
Y esos ayuntamientos podrían copiar a Rivas. “Si tienen interés y voluntad, pueden hacerlo”, asegura Gómez. En Madrid, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares ya se interesaron en 2015 por la ordenanza, para implementarla en sus propios municipios. Pero podría ir a más. “La ordenanza está disponible para todo el mundo”, asegura el alcalde, Pedro del Cura, quien resalta su triunfo como un “éxito del municipalismo” que debe servir a otros.
“Solo les dijimos a las compañías que tenían que colaborar, que no podían seguir ganando dinero por un servicio que no prestaban”, recuerda el regidor, de IU. “Estas grandes empresas patriotas intentan hacer lo posible para no pagar impuestos. Hemos ganado en el TSJ y un grupo nos llevó al Supremo, y le salió el tiro por la culata”, se felicita, aunque lamenta que “algunos poderosos crean que en el Supremo siempre juegan en casa”.
Del Cura sostiene que desde 2015 ha habido una acción coordinada contra Rivas. “Se declararon en rebeldía, no pagaban y nos bombardearon”, rememora, cuando simplemente regularon “una ordenanza para que pagaran una tasa porque las compañías cobran a los vecinos un servicio de extinción que presta el ayuntamiento”. “Es una vergüenza que cobres eso al ciudadano, con cláusulas cada vez más abusivas”, añade.
Como en el caso del impuesto hipotecario, el objetivo era “defender los derechos de la gente”, sostiene el alcalde “Un ciudadano por sí mismos tiene difícil litigar con compañías de seguros y bancos. Pero una administración sí puede dar esa pelea”.
Del Cura destaca la labor de su equipo. “Un par de técnicos contra los mejores despachos de abogados. Ha sido bastante épico, pero todo se resume en la pericia técnica al hacer la ordenanza y de los servicios de defender el interés general”, sostiene. El alcalde, en cuyo Gobierno confluye toda la izquierda, desde el PSOE a Podemos y Más Madrid, confía en que esta vez no ocurra como en 2018 y el Supremo no se revuelva contra sí mismo.
Aquel caso está todavía pendiente de resolución final en el Tribunal de Estrasburgo porque, aunque al pleito particular de Rivas no afectó la revisión de su doctrina, el Supremo sí impidió que se pudieran beneficiar cientos de miles de hipotecados españoles.
Lo que no ha habido en este caso es un ataque personal contra el alcalde o sus concejales. En el pasado si ha ocurrido: el regidor recuerda cómo tuvo que enfrentarse a una denuncia falsa a cuenta de un conflicto por unas viviendas públicas, con el fondo buitre Ortiz, que intentó, dice, “chantajear” en los tribunales. Del Cura reclamó el apoyo de todo su equipo de Gobierno. Lo obtuvo. Ganaron. Y a otra cosa.