Robles afronta el interrogatorio sobre el espionaje señalada por los socios del Gobierno y defendida por la derecha

La máxima responsable de los servicios secretos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se enfrenta este miércoles a la primera comparecencia pública que ofrece un miembro del Gobierno en el Congreso de los Diputados sobre el caso Pegasus. Robles llega a la Cámara Baja dos semanas después de que saliera a la luz el escándalo del espionaje a través de los investigadores de Citizen Lab, pero aún en plena tormenta.

Su intervención ante la Comisión de Defensa se produce apenas 48 horas después de que el Ejecutivo anunciara en rueda de prensa que entre los espiados por el software israelí no solo estuvieron 66 dirigentes independentistas, abogados y periodistas. Según Moncloa, también fueron infectados el móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la propia Robles. Pero el papel de la ministra de Defensa ante el espionaje ha ahondado en las filias y fobias hacia su figura.

Varios grupos del llamado bloque de la investidura –aquellos que han solido apoyar al Ejecutivo en el Congreso y que nunca han visto con buenos ojos el perfil de Robles por las simpatías que generaba en PP o Ciudadanos– exigen su cabeza por el escándalo mientras, paradójicamente, la oposición de derechas la respalda abiertamente. “No haremos de la comparecencia de Robles una circunstancia de ventaja de la oposición para desgastar al Gobierno”, aseguró este martes la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Unidas Podemos, socio minoritario del Ejecutivo, el resto de fuerzas a la izquierda del PSOE y los grupos nacionalistas e independentistas sí tratarán en cambio de acorralar a Robles durante su intervención en el Congreso. Todos ellos muestran en cambio su pesimismo sobre la posibilidad de que la comparecencia pueda servir para aclarar lo ocurrido. La propia ministra ha remarcado una y otra vez desde el estallido del escándalo que el Gobierno no puede dar datos sobre la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), argumentando que lo impide la ley de secretos oficiales.

Los principales interrogantes

Fuentes parlamentarias tanto del grupo socialista como de la oposición también trataban de dejar claro este miércoles que las declaraciones de la ministra estarán limitadas por esa normativa heredada del franquismo, pero a la que el Gobierno se ha aferrado en los últimos días para evitar aclarar si conocía algunos de los casos de espionaje o si estos fueron ordenados por el propio Ejecutivo o a través del CNI.

La directora de la agencia de los servicios secretos, Paz Esteban, a la que el Gobierno evitó apoyar explícitamente este martes, también acudirá al Congreso. Su declaración será el jueves, pero ella comparecerá ante la comisión de gastos reservados –comúnmente conocida como la de secretos oficiales– a puerta cerrada, y todo lo que diga será secreto, por lo que los miembros de la comisión –reactivada la semana pasada y en la que se integró por primera vez a EH Bildu, además de a ERC– no podrán revelar a la opinión pública lo que ella cuente sobre el espionaje. La oposición también ha forzado una comparecencia de Sánchez al respecto, aunque aún no tiene fecha.

Uno de los principales interrogantes que se planteará a Robles por parte de los grupos de la oposición es por qué los servicios de inteligencia españoles han tardado un año en saber que los móviles del presidente del Gobierno y de la propia ministra fueron infectados con Pegasus, en abril de 2021. El Gobierno da a entender que hasta ahora no se disponía de medios para analizar este tipo de intromisiones.

Los grupos independentistas, por su parte, interrogarán a la titular de Defensa con la intención de saber si fue el Ejecutivo quien ordenó espiar a dirigentes como el actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, tres expresidents, diputados y cargos de ERC, Junts y la CUP.

Para estos grupos y, en especial, para ERC, socio habitual del Gobierno, las palabras de Robles en la sesión de control al Ejecutivo del pasado miércoles pareciendo justificar el espionaje al independentismo supusieron un punto de inflexión en su relación con Moncloa. “¿Qué tiene que hacer un Estado, qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?”, se preguntó entonces la titular de Defensa.

Advertencias de los socios

Minutos después, los republicanos pidieron su dimisión, una exigencia a la que se sumaron otros partidos como la CUP o el BNG, mientras Unidas Podemos consideró que la situación de la ministra se había convertido en insostenible aunque evitó pedir su cese de forma oficial. Al enfado por las palabras de Robles se sumó este miércoles el hecho de que el PSOE vetara en la Junta de Portavoces junto a PP y Vox la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el espionaje, solicitada por Unidas Podemos y todos los socios del Gobierno. La tesis que defiende Moncloa para justificar el veto es que no serviría de nada porque los que disponen de información no podrían aportarla en ese formato porque lo impide la ley que regula los servicios secretos.

“Quien crea que esto se va a tapar y no se va a cargar la legislatura no está evaluando lo que tiene enfrente”, advertía el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. “Es un escandalazo a nivel internacional que está llegando a mesas de ministerios y de diputados”, añadía, para zanjar: “Esto no solo se puede cargar la legislatura, se puede cargar la democracia”. Los republicanos tienen previsto reclamar a Robles que explique quién ordenó el espionaje a los dirigentes independentistas.

La pretensión es la misma por parte de otro socio del Gobierno, EH Bildu, que también fue objeto de espionaje. “Se debe aclarar, con pruebas, que el programa Pegasus no ha sido utilizado por las cloacas del Estado para el espionaje político. Porque si no, el Gobierno es responsable por acción o por omisión”, sostuvo este miércoles la portavoz de la formación independentistas vasca, Mertxe Aizpurua. En su opinión, “hay que llegar hasta el final de este asunto para saber qué está pasando”.

“Todo tiene que ser investigado”, añadió después el portavoz del PNV, Aitor Esteban. Previamente, otro de los socios del Gobierno, Más País, en boca de su líder, Íñigo Errejón, consideró que “si el Gobierno no es capaz de garantizar que no se espía al presidente cómo va a garantizar la seguridad de los ciudadanos”. En su opinión, el Gobierno tiene que asumir “responsabilidades” y que “rueden cabezas”.

Los responsables del espionaje

El CNI ya ha reconocido que compró Pegasus y que lo ha utilizado bajo control judicial. Pero también ha asegurado que una amplia mayoría de las personas que aparecen como atacadas por el software en la investigación de Citizen Lab, la que se centró en dirigentes independentistas, abogados y periodistas, no son obra suya. Hay, por tanto, al menos otro grupo responsable de esos espionajes a móviles españoles. Aunque en el Gobierno no quieren especular y confían en que la investigación judicial arroje luz sobre el asunto, Robles deberá enfrentarse a las preguntas al respecto.

Los grupos también le requerirán que aclare cómo es posible que el servicio secreto haya tardado todo un año en detectar el ataque a los móviles de Sánchez y Robles, o por qué no se revisaron antes estos terminales cuando ya hace tiempo que se habían denunciado más de una decena de ataques con Pegasus a jefes de Estado y primeros ministros de todo el mundo.