Robos con palanca y tarjetas de crédito falsas: el historial delictivo del 'Mediador' Navarro Tacoronte

La investigación del 'caso Mediador' debe su existencia y su nombre a un Marco Antonio Navarro Tacoronte. Tanto a su papel dentro de la trama, como enlace entre políticos y empresarios, como, sobre todo, por los más de 120 gigas de fotos, vídeos y audios que aportó de sus teléfonos y que constituyen la columna vertebral del sumario de la causa que ha motivado la dimisión del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, y su sobrino Taishet Fuentes, ambos detenidos y acusados de graves delitos de corrupción. Según ha podido saber elDiario.es, el “Mediador” Navarro cuenta con un largo historial delictivo que acumula condenas de prisión por cinco sentencias distintas. La más grave le impuso siete años y medio de cárcel por robar en varias industrias y gasolineras además de por usar tarjetas bancarias falsas. Ya entonces, en esa causa, Navarro Tacoronte intentó sin éxito librarse del banquillo alegando que era confidente de la Policía Nacional.

Octubre de 2003. Polígono industrial del Matorral, en la localidad canaria de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Marco Antonio Navarro Tacoronte, que entonces tiene 28 años, usa una palanca para forzar la puerta de entrada de la nave industrial de Panrico y, accediendo a través de las oficinas, se lleva 3.000 euros de uno de los cajones del escritorio. Unos días después se hace con las llaves y los códigos de la caja fuerte y la alarma de una gasolinera de la misma localidad y roba 39.000 euros más.

A mediados de noviembre de ese mismo año, mientras Navarro distrae a un empleado, uno de sus compinches entra en las oficinas de Matutano en el polígono de la Hundura y roba 1.900 euros además del bolso de una empleada a la que ha engrilletado. Unos meses antes también fue investigado por un robo en otro polígono de Puerto del Rosario, pero no se pudo probar que sustrajera 6.241 euros de la caja fuerte de las oficinas de Bimbo. Tampoco que actuara en connivencia con un inspector de Policía Nacional juzgado y absuelto varias veces en casos de montajes policiales.

Estos tres robos se tradujeron en la condena más grave para el que dos décadas después se convertiría en la cara visible del 'caso Mediador': siete años y medio de cárcel por robo con fuerza, robo con intimidación y falsedad en documento mercantil en concurso con otro de estafa. Este último delito viene porque, además, la Justicia constató que usó 17 tarjetas de crédito ilegalmente duplicadas para obtener 18.140 euros de forma irregular.

La Audiencia de Las Palmas le condenó en 2007 y, un año después, la sala de lo penal del Tribunal Supremo confirmaba su condena. El recurso de Navarro Tacoronte fracasó tras poner un argumento principal encima de la mesa de los jueces: que hizo todo por miedo a un inspector de Policía Nacional, de quien era “confidente y ejecutor de sus decisiones”, dijo.

El Supremo no compró su última estrategia de defensa. “No puede sostenerse que actuó a causa de amenazas de muerte del citado inspector, ni que todas sus actividades delictivas se debieron a la orden y compulsión de aquél”, dijeron los jueces.

La alegación que hizo el entonces abogado de Navarro Tacoronte lleva a la parte policial del caso: varios agentes fueron juzgados y condenados en primera instancia, con un inspector acusado de actuar en connivencia con un Mediador que empezaba a escribir su largo historial delictivo. Finalmente fueron absueltos y la supuesta trama policial que rodeaba a Navarro Tacoronte quedó sin probar. La mujer que había sido condenada junto con él por la falsificación de las tarjetas de crédito fue, además, indultada en 2011.

Robos, estafas y conducir sin carnet

Este caso no es la única condena que refleja el historial penal de Marco Antonio Navarro Tacoronte. También fue condenado en otra causa por falsificación de documentos públicos, en otra más por estafa, en una por abandono de familia y en otra más por conducir sin carnet. Pero esta causa cuyo contenido revela elDiario.es sobre los robos y las tarjeta falsificadas tuvo una ramificación policial. Junto con el 'Mediador' se sentaron en el banquillo hasta un inspector y tres agentes de Policía.

Uno de ellos era entonces jefe del grupo de Policía Nacional de Puerto del Rosario y se le acusó no solo de estar compinchado con Navarro Tacoronte en algunos de sus robos y estafas, sino de haber falsificado atestados y pruebas en la detención de varios acusados de robo. Les atribuyeron la posesión de varios pasamontañas, navajas, cuchillos y guantes que en realidad habían sido encontrados en otro registro.

La Audiencia de Las Palmas absolvió a los policías y condenó al inspector a cuatro años de cárcel por falsedad en documento oficial. La sentencia le absolvió del resto de cargos y, por tanto, de haber estado compinchado con Navarro Tacoronte: “No se ha acreditado que los acusados se concertaran en el propósito de beneficiarse ilícitamente de lo ajeno, planeando y ejecutando sustracciones en establecimientos.”

A pesar de esta absolución, el 'Mediador' intentó hacer valer esta supuesta relación no probada con el mando policial para buscar su propio perdón judicial. Y el caso no terminó allí. La documentación que ha podido examinar este periódico revela que en 2008 el Supremo, además de declarar firme la condena de Navarro Tacoronte, ordenó repetir el proceso contra este policía por un error judicial: fue condenado por un delito, el de falsedad documental, por el que ni siquiera había estado imputado. También porque su auto de procesamiento no incluía los hechos de los que se le acusaba.

El Supremo dedicó duras críticas tanto al juez que firmó el auto como al tribunal que avaló este procedimiento para condenarle. “La indefensión, pues, fue absoluta, y también la postura de los jueces, no velando por la pureza del procedimiento, y con el cumplimiento de las disposiciones legales”. Tres años más tarde el asunto volvía a ser juzgado en la Audiencia de Las Palmas y el mando policial era absuelto, en una sentencia que firmó Salvador Alba, juez corrupto hoy encarcelado por conspirar contra Victoria Rosell. El tribunal dejó claro que creía que todos los policías implicados habían mentido y expresando su “pesar” les denunció por falso testimonio, absolviendo al que había sido acusado de colaborar con Navarro Tacoronte en los robos.

Acusaciones de montaje policial

Dos de estos policías absueltos volvieron al banquillo en 2018, esa vez acusados de endosar un paquete de cocaína a unos detenidos en Puerto del Rosario, y por segunda vez fueron absueltos. Los hechos por los que estaban acusados ocurrieron en enero de 2004, fechas en las que también fueron acusados de falsificar otro atestado y de colaborar con 'el Mediador' en sus robos. En un primer momento ese caso había terminado en condena con la firma de Salvador Alba pero el Supremo anuló la resolución y ordenó repetir el juicio.

Casi una década después de entrar a palanca en varias oficinas de Puerto del Rosario y robar miles de euros, Marco Antonio Navarro Tacoronte vuelve a estar bajo la lupa de la Justicia, esta vez casi por iniciativa propia en el centro de una trama de supuesta corrupción que se ha cobrado la carrera de dos cargos socialistas, el diputado al que todo el país llama ya el Tito Berny, que incluye fotos del político con supuestas prostitutas y compañeros de juergas consumiendo cocaína. Cómo llegó este delincuente común, habitual de las comisarías, a relacionarse con un diputado del Congreso es lo que ahora está investigando un juzgado canario. De entrada, fue este mediador el que entregó a la Policía sus dos teléfonos móviles con más de 100.000 fotos, audios y vídeos que había grabado a lo largo de los años de sus reuniones con políticos y empresarios, en Madrid y en Canarias. Lo hizo al verse acusado de estafar al entonces director de deportes del Cabildo de Tenerife a través, precisamente, de su tarjeta de crédito haciendo compras no autorizadas.

Esa causa se archivó pero dio pie a la apertura del hoy conocido como 'caso Mediador' con un ya exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes acusado de cobrar 15.000 euros a cambio de que otros miembros de la trama favorecieran a empresarios en sus negocios en Canarias.