Rodrigo de Santos, la suerte del depredador
La vida oculta de Rodrigo de Santos devoró su perfil público a los 43 años. De político con un futuro prometedor, esposo y padre de cinco hijos, el teniente de alcalde de Palma por el PP pasó a cumplir en la cárcel dos condenas. Una, por gastarse el dinero del Ayuntamiento en droga y prostitución masculina. La otra, por abusar sexualmente de menores. Apenas estuvo cinco años en prisión y al salir, su entorno y una supuesta compasión cristiana lo rescataron. Primero, de voluntario. En poco tiempo, con un sueldo en la misma ONG. Y más tarde, con un ascenso y poder, otra vez, sobre personas vulnerables. Un juez considera que lo utilizó para volver a agredir sexualmente aprovechando su superioridad. ¿Abandonó la suerte alguna vez a Rodrigo de Santos?
El expolítico, erigido en promesa de regeneración del PP balear, está actualmente procesado por siete violaciones a un recluso y dos agresiones sexuales a otro cuando éstos salían de permiso a las casas de la ONG donde trabajaba. Horizontes Abiertos, creada en 1978 por el Padre Garralda y con un patronato compuesto por varios políticos del Partido Popular, había servido supuestamente a De Santos para rehacer su vida. Pero acabó siendo el último escenario de su depravación. Según el auto del juez Juan José Escalonilla, hay indicios suficientes de que las presuntas agresiones sexuales a los dos presos tuvieron lugar “bajo la amenaza de emitir informes desfavorables” que provocarían la retirada del aval de Instituciones Penitenciarias para salir de permiso o conseguir el tercer grado.
Su principal víctima, un joven latinoamericano de 29 años, contó a la Policía y después al juez que entre junio y octubre de 2017, y durante los permisos en los que era acogido por Horizontes Abiertos, De Santos subía a la habitación y le tocaba la pierna. Era la señal para que bajara al despacho. Primero, le practicaba una felación, después le obligaba a ponerse un preservativo y a que lo penetrara. Así habría ocurrido hasta en siete ocasiones, hasta que Benjamín (nombre ficticio de la víctima) dijo basta.
Un relato similar había sido escuchado una década antes por otros policías y jueces, pero con el mismo protagonista. En aquel caso, las víctimas no eran presos sin arraigo en España, cuya libertad dependía de De Santos. Eran otro tipo de perfiles, acaso más vulnerables. Una sentencia de la Audiencia de Palma describe lo ocurrido: “En plena madrugada, Rodrigo accedió al dormitorio, se aproximó a la cama de Mariano y, destapándole, comenzó a realizarle una felación, logrando que el menor tuviera una erección, momento que aprovechó para subirse a horcajadas en la cama y, dando la espalda a Mariano, hacer que este lo penetrara analmente, hasta que el joven eyaculó. El día de los hechos Mariano contaba con catorce años de edad”.
El chico era uno de los amigos de Rodrigo de Santos en Camino Neocatecumenal, los Kikos, el grupo ultra al que pertenecía el político del PP y el resto de su familia. El dormitorio referido es una de las habitaciones de la casa familiar. En el mismo lugar y en una fecha anterior, mientras su mujer participaba en unas convivencias de los Kikos, De Santos había intentado lo mismo con un hermano de su víctima, de 16 años, pero no le funcionó. El joven no tuvo una erección y el político desistió. En el juicio, Rodrigo de Santos le echó la culpa a su adicción a la cocaína y a unos supuestos abusos que dijo haber sufrido de pequeño y de los que declaró conocer muy bien las consecuencias.
Trece años en total, más dos por los 50.000 euros gastados en chaperos y coca, le auguraban un envejecimiento en prisión. Pero la suerte de De Santos dio un giro inesperado. El Tribunal Supremo anuló la condena por los delitos más graves, entre ellos un abuso sexual con penetración que le habría costado siete años. Al tener la víctima más de 13 años era necesario demostrar que se opuso a las relaciones sexuales. “No se trata tampoco de una persona privada de sentido o de cuyo trastorno mental se abusara. Y finalmente no aparece en el hecho probado nada que lleve a considerar que un consentimiento de ese alcance se obtuviera por el acusado prevaleciéndose de una situación de superioridad manifiesta que coartase la libertad de la víctima”, escribió el magistrado conservador Adolfo Prego, con el acuerdo de los otro cuatro integrantes del tribunal.
Cinco años después de entrar en la cárcel, en 2014, Rodrigo de Santos ya estaba en tercer grado, facilitado por un trabajo que le había conseguido su familia en Burgos, de donde proceden, según publicó El Mundo. El 19 de septiembre de ese año, Rodrigo de Santos llega a Horizontes Abiertos recomendado por una monja, según recuerdan en la Fundación que gestiona la obra caritativa. Aquel día empezó en Horizontes Abiertos su nueva vida de voluntario.
Tan solo seis meses después, Rodrigo de Santos conseguía que su labor desinteresada se convirtiera en un trabajo remunerado. Fue contratado para una sustitución en marzo de 2015. Y dos años después, en abril de 2017, ascendió a jefe del Proyecto Javier, las casas de acogida a presos en semilibertad que la ONG tiene en el madrileño barrio de Vallecas. Ese proyecto está destinado a reclusos que no tienen un entorno familiar que les pueda avalar en sus salidas. Para jóvenes como Benjamín o Rachid, su otro denunciante, extranjeros, era el único modo de salir de permiso. Las casas son solo de hombres. Allí comían y dormían. Allí mandaba Rodrigo.
La reconstrucción de los hechos que ha hecho la Policía de ese periodo de ascenso en la ONG dista mucho de describir a un Rodrigo de Santos devorado por la culpa o tornado a dócil por el terremoto en su vida. A partir de que la Fundación del Padre Garralda le nombrara director del Proyecto Javier, su comportamiento “cambió radicalmente” y “ejercía un tremendo poder en las casas de acogida”, dice uno de los atestados policiales, redactados a partir de los testimonios de internos y trabajadores de Horizontes Abiertos. El trato a los presos por parte de Rodrigo era “despótico”, “vejatorio” y “humillante”, según los adjetivos que utilizan los testigos.
Como ejemplo, la creación de un impuesto a los presos para que pudieran comer y pernoctar allí. La Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos se financia a través de donativos y subvenciones de la Comunidad de Madrid, donde el PP lleva gobernando 24 años. Pero el que fuera promesa del partido en Baleares pensó que era una buena idea exigir “un donativo” a los reclusos. Les explicaba que, como tal, era voluntario, pero hay testimonios en la causa que describen al jefe del Proyecto adviertiendo a los reclusos cuando llegaban que aquello no era “un hotel” y persiguiéndoles escaleras arriba recordándoles las aportaciones. Su inmediato superior, un directivo de Horizontes Abiertos llamado Vicente Zafrilla, reconoció ante el juez que esos donativos impuestos por Rodrigo contaron con el visto bueno de la ONG. Zafrilla era el superior de De Santos.
La aspirante a diputada que avaló al presunto agresor
El trato de la ONG con Rodrigo de Santos ha derivado en un procesamiento por siete violaciones y dos agresiones sexuales y la dimisión de la entonces presidenta de la Fundación, María Dolores Navarro. Se trata de una histórica militante del PP madrileño que ha sido concejal en Torrejón de Ardoz y en la capital de España, a las órdenes de Ana Botella. Junto a esta última y otros dos concejales está condenada por el Tribunal de Cuentas por malvender vivienda pública a fondos buitre. Ninguna de estas circunstancias ha sido óbice para que la formación de Pablo Casado la haya colocado en el puesto 29 de la lista que encabeza Isabel Díaz Ayuso a la Comunidad de Madrid, con posibilidades, por tanto, de convertirse en diputada de la Asamblea autonómica el 26 de mayo.
Rodrigo de Santos nunca llegó a perderlo todo. Apartado de su mujer e hijos a raíz del escándalo, el expolítico acudía a trabajar desde una vivienda en Alcobendas propiedad de su familia. Y lo hacía en coche. El trato descrito con los presos fracturó a los trabajadores de la ONG (educadores, psicólogos y trabajadores sociales) entre una mayoría que desconfiaba y chocaba con Rodrigo de Santos y una minoría de acólitos, a los que se ganó con la inteligencia y la habilidad que unos y otros le atribuyen.
Él adjudica todo el caso de la ONG a una confabulación de sus enemigos internos, de acuerdo con unos presos sedientos de venganza por sus informes desfavorables, y solo reconoce la irregularidad de haberse llevado a dormir una noche a Rachid a su piso en Alcobendas, según escritos de su abogada ante el juzgado. Sus males, añade, comienzan cuando otros trabajadores empezaron a difundir por whatsapp los enlaces a las noticias de sus condenas anteriores y los internos supieron de ello. De Santos asegura que sus pronunciamientos no eran definitivos para conseguir o no el aval de Prisiones y que eran colegiados. El juez rechazó éste y otros extremos de un escrito previo de su defensa al auto de procesamiento.
En octubre de 2017, Benjamín se armó de valor y fue a la Policía acompañado de otro interno mayor, también beneficiario de la ONG. A la semana se decidió a hacerlo Rachid. La complejidad del caso y la vulnerabilidad de las víctimas hizo que se encargara de las pesquisas la Unidad de Familia y Menores (UFAM) de la Policía. Con la mayor discreción, los agentes estuvieron más de dos meses tomando declaración a testigos hasta que redactaron un informe para el juzgado. El 5 de diciembre de ese año, la Policía citó a Rodrigo de Santos y lo detuvo. Pese a las denuncias no había sido despedido, ni apartado de la ONG afín al PP. Solo le habían cambiado de proyecto. Había dejado los presos y le habían enviado como “coordinador” a otro proyecto, dedicado a personas sin hogar con enfermedades crónicas. Con el arresto llegó su despido de la ONG.
En la declaración de Benjamín, tomada en tercera persona, se puede leer: “Rodrigo insistió en repetidas ocasiones en penetrar al dicente, negándose éste rotundamente en todas las ocasiones, contestándole 'yo no soy gay'”. Y también: “Rodrigo le prometía que le iba a conseguir el tercer grado si continuaba como hasta entonces [accediendo a realizar los actos sexuales] y que si no lo realizaba le iba a revocar los permisos penitenciarios y no le ayudaría en nada”.
La investigación judicial no ha podido avanzar en dos direcciones. La primera, las presuntas coacciones para recabar los “donativos”, que no figuran en el auto de procesamiento. La segunda, la existencia de otras víctimas además de Rachid y Benjamín. Se trató de localizar a dos de ellas, pero resultó imposible. En uno de los atestados policiales aparece lo siguiente: “En declaraciones prestadas por víctimas y testigos, todos coinciden en señalar la existencia de otras víctimas, en cuanto a delitos de naturaleza sexual se refiere. Según las manifestaciones de uno de los testigos, comenzaron a correr ciertos rumores entre los residentes, sobre conductas impropias por parte de Rodrigo con internos con un patrón muy definido: chicos muy jóvenes, de entre 20 y 25 años”. Una de las trabajadoras de la ONG declaró que había reclusos que desaparecían de la noche a la mañana y no se les volvía a ver por allí.
Un pequeño grupo de trabajadores, sin embargo, se mostró incondicional a favor de Rodrigo de Santos. Tanto es así, que una vez denunciado y apartado del proyecto con los presos, le enviaron y destruyeron posteriormente información de las estancias de las víctimas en las casas de acogida y su coincidencia con los turnos doblados que se ponía, de noche, Rodrigo de Santos. Así lo declararon ante la Policía dos becarios en prácticas en la ONG en aquellos momentos.
A pesar de vivir de ayudas de su entorno, Rodrigo tuvo asistencia letrada no de oficio desde el momento de su detención. Contó con la abogada que trabajaba para la ONG del Padre Garralda y que todavía hoy le representa. La Fundación, lejos de denunciar a De Santos como perjudicada, estuvo compartiendo abogada con el presunto violador durante un año, al menos hasta diciembre de 2018, según ha podido demostrar eldiario.es con documentación de un caso laboral y en contra de lo que afirmaba la actual dirección de la ONG.
A día de hoy, la Fundación sigue sin estar personada en la causa. De aquel Patronato continúan dos exconsejeros de Esperanza Aguirre, Regina Plañiol y Luis Perales, y el exsecretario de Estado de Comercio con Rajoy, Jaime García-Legaz, quien se marchó por la gestión de la entonces presidenta con el caso de De Santos y ahora ha vuelto de vicepresidente. Todos pertenecen a la corriente más conservadora en asuntos de moral dentro del PP.
Mientras la letrada se afanaba en lograr que no fuera enviado a prisión provisional o en redactar posteriormente escritos en su defensa, Benjamín y Rachid tenían la asistencia de letrados de oficio que les puso el juzgado. En el caso de Benjamín, la principal víctima, fue una experiencia desastrosa. La abogada que le asignaron ni se dignaba a verle, ni a atenderle las llamadas. Benjamín no era nadie para ella. Solo un preso denunciando, una “mula” detenida en Barajas tres años antes cuando introducía 6 kilos de cocaína procedente de su país. La organización que le hizo el encargo le dijo que solo llevaba uno. Unos amigos de Benjamín en España le ayudaron a elaborar un escrito de queja contra su letrada y enviarlo al Colegio de Abogados, pero éste lo rechazó de plano.
Y así discurrían los meses. Rodrigo de Santos y la ONG afín al PP donde presuntamente volvió a ejercer de depredador sexual respiraban aliviados porque un caso así no hubiera trascendido públicamente. Hasta que el 10 de julio de 2018, diez meses después de la denuncia de las víctimas, eldiario.es reveló la imputación que pesaba sobre Rodrigo y los detalles de la causa. A raíz de esa información, el despacho de abogados Red Jurídica, especializado en defensa de los derechos de los migrantes, contra los desahucios o en casos de excesos policiales, se ofreció a ayudar a Benjamín. La Fiscalía de Madrid apreció desde el principio la gravedad de los indicios contra De Santos y ya en su detención solicitó prisión provisional, pero el juez Juan José Escalonilla acordó su puesta en libertad provisional con prohibición de acercarse a sus presuntas víctimas.
María Dolores Navarro, la presidenta que ascendió a De Santos, evitó atender a eldiario.es antes de la publicación, pero dos semanas después le remitió un burofax responsabilizando de la llegada de Rodrigo de Santos y de su contratación y ascenso al padre Garralda. La Fundación asegura, sin embargo, que “todo el poder ejecutivo” en aquellos momentos, con el sacerdote enfermo y retirado de primera línea, recaía en ella en aquellos momentos. La actual dirección, con Celia Ordoñez al frente, asegura que los miembros del Patronato desconocían la contratación de Rodrigo de Santos. Los trabajadores de la ONG en aquella época desmienten esa afirmación y aseguran que las dimisiones se produjeron solo a raíz de la detención de Rodrigo de Santos.
El oscuro episodio del apuñalamiento a una víctma
Entre los funcionarios de Prisiones de los que depende el Proyecto y los antiguos trabajadores de la ONG cunde el desasosiego por un hecho que consideran especialmente grave y en el que la investigación no ha profundizado. Tiene que ver con Rachid. Este joven, también cercano a la treintena, fue víctima de tocamientos y proposiciones de mantener relaciones sexuales por parte de Rodrigo de Santos a las que no accedió, según declaró. Según escribe el juez, Rachid se jugaba ver a su hijo en los permisos penitenciarios si el expolítico le retiraba el aval.
A los pocos días de seguir a Benjamín y denunciar también fue apuñalado por su compañero de cuarto, un tal Dimitru al que los trabajadores de la ONG describen como muy próximo a Rodrigo en esos momentos. Los empleados que estaban en ese turno, próximos a De Santos, lo trasladaron a un centro hospitalario, pero no denunciaron la agresión con arma blanca. Tuvo que ser Rachid quien se trasladara días después de ser intervenido quirúrgicamente a una comisaría.
Benjamín llamó a la Policía entonces y contó a los agentes que sospechaba que el apuñalamiento de su compañero era una venganza de De Santos por la denuncia, según consta en la causa. La reacción de la ONG fue enviar a Rachid a recuperarse al Proyecto donde había enviado a Rodrigo de Santos tras la denuncia, en Villanueva de la Cañada. Allí tuvo que convivir con su presunto agresor varios días más.
