Alberto Núñez Feijóo no quiere que parezca que está amenazando a la mujer de Pedro Sánchez para hacer oposición al Gobierno. No pretende que creamos que le ha enviado un mensaje anónimo hecho con letras pegadas en un trozo de papel que dice que si no hace lo que está pidiendo, algún familiar pagará las consecuencias. El líder del PP aparenta que estas cosas le desagradan. Qué fácil sería con que todo saliera como él quiere y que no hubiera que recurrir a la violencia.
En una entrevista el martes en la COPE, Feijóo se lavó las manos. Insistió en insinuar que hay cosas que no están claras en los negocios personales de Begoña Gómez. El PP aún no ha decidido si la obligará a comparecer ante la “comisión de investigación” (sic) que ha montado en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta. De momento, no lo ha hecho, pero todo depende de Sánchez, dijo Feijóo. “A mí no me gusta llamar (a la comisión) a la mujer del presidente del Gobierno, pero es el presidente del Gobierno quien tiene que evitarlo”. Si ocurre, no será culpa suya. Él sólo quiere lo mejor para Gómez.
Por sus palabras, se deduce que este es un tema que el PP está manejando con cautela. Nada más lejos de la realidad. Diputados del PP llevan semanas haciendo graves acusaciones a la esposa de Sánchez. Dan por hecho que se trata de un caso de tráfico de influencias y algunas cosas peores. No se han atrevido a presentar una querella. Lo máximo que hicieron fue presentar una queja en la Oficina de Conflictos de Intereses, un organismo público que depende de la Secretaría de Estado de Función Pública y que ha tenido la misma directora desde 2006. La protesta fue rechazada.
No ir a los tribunales garantiza que pueden seguir rentabilizando el tema en público y sin necesidad de arriesgarse a que una investigación judicial quede en nada. Feijóo también se refirió en la entrevista al famoso y fugaz paso por el aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el que se reunió con el entonces ministro José Luis Ábalos. Un juez de instrucción rechazó la querella presentada por Vox por esos hechos, decisión que fue ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid. El Tribunal Supremo ya había archivado la querella en lo que afectaba al ministro.
Begoña Gómez negoció antes de la pandemia un patrocinio de Globalia, empresa propietaria de Air Europa, cuando dirigía una ONG que formaba parte del Instituto de Empresa. El patrocinio no se llevó a cabo. Con la pandemia, la situación de la línea aérea pasó a ser crítica y recibió tres ayudas crediticias de la Administración por valor de 618 millones. El PP sospecha que no es un caso de correlación, sino de causalidad, aunque los gobiernos de Alemania, Italia y Francia facilitaron ayudas mucho mayores a sus grandes líneas aéreas nacionales por valor de miles de millones para que sobrevivieran al hundimiento del turismo en 2020 y 2021.
La semana pasada, el senador del PP Francisco Bernabé se aprovechó de su condición de parlamentario para dictar sentencia. Primero, habló de “tráfico de influencias conyugal” y luego se tiró por la pendiente. Dijo que, tras las gestiones de Gómez, “su marido arregló dándole cientos de millones de euros a esta empresa para que, una vez saneada, sus dueños dieran el pelotazo vendiéndola por más de 500 millones”.
No se sabe cómo llegó Bernabé a las listas del PP, pero no fue por sus conocimientos de economía o del sector aéreo. Las negociaciones para la venta de Air Europa a IAG culminaron en 2019 con un preacuerdo por valor de 1.000 millones. A causa de la pandemia, el valor de la empresa se redujo de forma evidente y la venta se terminó cerrando por 500 millones. Precio de venta de una empresa no es sinónimo de pelotazo y vender por la mitad del dinero que esperabas, mucho menos.
Pero pongamos que el senador Bernabé es un tío del montón que no sabe de qué habla. Así resumía Elías Bendodo, vicesecretario general de Política Autonómica del PP, en un acto del domingo el modus operandi de Gómez: “Ella consigue los negocios y luego los paga su marido, que es el presidente del Gobierno, aprobándolo en el Consejo de Ministros. Esto no puede ser verdad, ¿a que no? Pues es verdad”.
Suena bastante delictivo, pero no esperen que Bendodo vaya corriendo a un juzgado de guardia a presentar las pruebas que no tiene.
La segunda oleada de acusaciones a Gómez procede de su carta de apoyo a una UTE (unión temporal de empresas) en una adjudicación de contratos por el Ministerio de Economía en la época de Nadia Calviño en junio de 2020 para formar un “servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital”. Uno de sus accionistas había ayudado a Gómez en la preparación de un máster de la Complutense. El artículo de El Confidencial que sacó la historia se preocupó por no establecer una relación causa-efecto en la licitación, no sea que alguien le exija presentar las pruebas de un delito en caso de querella.
En el decimoprimer párrafo del artículo, aparece el dato de que esa candidatura ganadora favorecida por Gómez obtuvo también cartas de apoyo de otras instituciones y empresas, como IBM, Microsoft, Orange y la Gerencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Para ese medio, la UTE pasó a ser en otros titulares “la UTE de Begoña Gómez”. No la UTE de IBM o la UTE de Microsoft.
El hecho de que Gómez no haya participado en ninguna función en la ejecución de ese contrato no es relevante para el PP. El organismo que participó en la adjudicación mencionada –Red.es– publicó un comunicado negando que Gómez forme parte de la UTE que recibió el contrato. Cuando a Sánchez le han mencionado el tema de su esposa en la sesión de control, ha respondido sacando a Isabel Díaz Ayuso y a su novio.
En Semana Santa, el PP difundió una serie de breves vídeos sobre el caso Koldo. Uno de ellos estaba dedicado a la mujer de Sánchez, aunque no aparezca en ninguna investigación judicial. La tensión ha llegado hasta el punto de que a los diputados del PP les pone más hablar de Gómez que de Francina Armengol, porque creen que harán más daño personal a Sánchez.
Preguntaron a Feijóo en la entrevista qué pruebas tenía contra ella: “Llevo tres preguntas al presidente del Gobierno y lo único que hace es calumniarme, difamarme y poner el ventilador”, respondió. Según esa mentalidad, la carga de la prueba depende de Sánchez, en calidad de abogado defensor de su mujer, no de sus acusadores. Para Feijóo, está claro que se trata de un “conflicto de intereses”.
No puedes desmentir algo cuando la imputación periodística está implícita por razones legales. Nadie ha dicho que Begoña Gómez haya cometido un delito. Sólo se insinúa el tráfico de influencias. Feijóo dijo que se basa en informaciones aparecidas en medios de comunicación. Algunas de ellas son directamente falsas, como la de The Objective que acusaba a Gómez de recibir una subvención que había llegado a una empresaria cántabra con el mismo nombre (no es que Gómez sea un apellido poco frecuente ni que en algunos medios tengan problemas para inventarse las noticias).
En relación a todas esas sospechas, un tertuliano de la COPE planteó directamente a Feijóo: “O sea, ahora solo es un supuesto”. “Es evidente”, respondió el líder del PP. “Para acreditar que existe un conflicto de intereses, necesitamos una sentencia”.
Lo cierto es que no han necesitado una sentencia para machacar el tema en el último mes.