Ruiz de Lara, el controvertido magistrado que quiso plantar cara a FIFA y UEFA desde un juzgado Mercantil

El pasado martes 20 de abril, en medio de una guerra deportiva, económica y política en Europa tras la rebelión de los clubes ricos del fútbol y su pretensión de crear otra competición restringida a ciertos equipos, una resolución judicial logró acaparar grandes titulares. La “justicia” prohibía a la FIFA y a la UEFA tomar represalias contra los impulsores de ese proyecto que tanto estaba dando qué hablar, señalaban algunos medios. Florentino Pérez gana la primera batalla judicial, titulaban otras cabeceras.

Todo eso se basaba en la resolución de un juez de lo Mercantil de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, que, en un auto de 15 páginas, ordenaba a ambas entidades privadas abstenerse de boicotear la flamante Superliga –capitaneada por el presidente del Real Madrid y donde también se integraban el Barcelona y el Atlético de Madrid y hasta 12 equipos europeos– aceptando así las medidas cautelarísimas solicitadas por sus promotores. 

Ruiz de Lara acordó esas medidas inaudita parte, es decir, sin oír las alegaciones de los demandados, lo que causó cierta sorpresa en medios judiciales al tratarse de unas medidas “muy restrictivas”, que se otorgan “con carácter muy limitado” en el ámbito civil y que además en este caso son anticipativas, pues adelantan directamente el fallo. Que se sepa, UEFA y FIFA ni se inmutaron y mantuvieron sus amenazas a los equipos que siguiesen adelante con su plan: sus jugadores no podrían participar en mundiales ni eurocopas, entre otras sanciones.

Varios especialistas en Mercantil coinciden en lo inaudito del auto de Ruiz de Lara y resaltan la “rapidez” con la que se hizo una resolución que afecta a un negocio que mueve miles de millones de euros y en el que hay “un trasfondo de presión de unos regulados frente al regulador”. 

El magistrado Ruiz de Lara, a preguntas de elDiario.es, sostiene que la aplicación de estas medidas “no es tan inhabitual” e insiste en se trata de una primera resolución, una “tutela indiciaria”, y que habrá que esperar a una futura vista, tras la que se verá si se ratifican o anulan. En su auto, Ruiz de Lara no entra al fondo del asunto pero sí afirma que la la FIFA y la UEFA “han abusado de su posición de dominio”, pues, en base a sus estatutos, “someten a autorización la creación de competiciones deportivas”, pudiendo incluso imponer sanciones a clubes. El juez afirma que como consecuencia de su “monopolio” en la organización de las competiciones y la gestión en exclusividad de sus rendimientos económicos, tienen un interés claro en la “denegación o autorización de la organización” de las competiciones.

Crítica a los “trepas” del Gobierno

El fracaso del proyecto –al tiempo que Ruiz de Lara escribía su auto, los seis equipos ingleses iban descolgándose del nuevo grupo– hará que posiblemente los efectos de esta resolución, contra la que no cabe recurso, quede en nada. Los demandados pueden no obstante pedir que se levanten las medidas a través mecanismo de oposición, con carácter previo a la vista. De momento no consta que UEFA o FIFA hayan respondido. El episodio ha hecho ganar popularidad a Ruiz de Lara (Madrid, 1979) y su nombre quedará ligado en los buscadores de noticias a la fallida rebelión de los multimillonarios, jeques, constructores y magnates del petróleo que controlan los clubes ricos en el fútbol europeo. 

Pero el magistrado había empezado a construir su hemeroteca virtual mucho antes. En los últimos años ha estado destinado como juez de lo Mercantil en Cádiz, Barcelona y, ahora, en Madrid donde compatibiliza su labor con una febril actividad en redes sociales y artículos de prensa. Es sus tuits más cautos defiende la “independencia judicial”, pero en otros dirige graves descalificaciones a la clase política.

En los últimos tiempos esas críticas van especialmente enfocadas al Gobierno de coalición y a miembros de las formaciones políticas que lo sustentan, aunque él insiste en que, en el pasado, también ha censurado al PP por haber mantenido el mismo sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la que considera una de sus grandes batallas. “Las últimas críticas son al actual ministro porque está en el Gobierno y mantiene la misma dinámica del anterior, pero el actual sistema presidencialista viene de la época de [Alberto Ruiz] Gallardón”, declara a preguntas de este periódico. 

Lo cierto es que en un vistazo a su perfil personal en Twitter es fácil encontrar descalificativos al actual titular de la cartera de Justicia, Juan Carlos Campo, al que define como “ministro sin principios” o “trepa sin honor”. “No tienen honor, sólo son trepas sin escrúpulos”, escribe en otro mensaje reciente sobre Jaume Asens, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. El año pasado, en un artículo publicado en el portal jurídico Confilegal se refirió al entonces vicepresidente Pablo Iglesias como “Stalin de bolsillo”. “Ninguno tiene ni honor ni principios ni formación, sólo son ”niños de partido“ sedientos de poder dispuestos a todo”, ha dicho también sobre Pedro Sánchez y Pablo Casado.

En contraposición, ha ensalzado en sus mensajes a la portavoz parlamentaria de Vox, Macarena Olona, quien según su criterio encarna el honor que le falta a sus rivales políticos. “Hay políticos que trepan y denigran la democracia. Luego están otros como ella, Macarena Olona, que optan por los principios y por el honor. No es cuestión de ideologías o partidos, sino de defender el Estado de Derecho y la independencia judicial. Nada más y nada menos”, afirma en un mensaje reciente a raíz del recurso de inconstitucionalidad que el partido de extrema derecha ha presentado contra la reforma que limita las competencias del CGPJ cuando está en funciones. 

Afiliado a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), niega tener un especial vínculo con la formación de extrema derecha y defiende su derecho como ciudadano a expresar sus opiniones y a advertir a los ciudadanos de los “riesgos” de que “gobiernos de izquierda y de derecha metan sus manos en el Poder Judicial”. Los jueces y magistrados, como cualquier ciudadano, tienen derecho a la libertad de expresión aunque es habitual que se expresen públicamente con cierta mesura precisamente por la función jurisdiccional que desarrollan y para preservar su apariencia de imparcialidad. No es el caso de Ruiz de Lara, que insiste en que él diferencia su “vida privada” y su condición de ciudadano con derecho a expresarse libremente y su profesión en el juzgado. 

En los últimos días también han adquirido cierta relevancia mensajes en su cuenta personal de Twitter críticos con el máximo responsable de la Superliga, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y en teoría uno de los grandes beneficiados de su resolución. Ruiz de Lara, seguidor del Atlético de Madrid, otro de los clubes que integraban en un principio este proyecto aunque se dio de baja, ha acusado a Pérez de “cargarse la selección” o ha ironizado con la posición del Real Madrid ante el VAR. “En el Metropolitano no se amenaza con pirarse de la competición si el VAR perjudica, se luchará y sufrirá en Turín, luego más arriba la Castellana… Florentino y tal y tal”, escribió en su Twitter, según publicó VozPópuli. 

Hace apenas semanas, el pasado 9 de marzo compareció en el Congreso en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática y la lucha contra la corrupción, donde mantuvo un encontronazo con el diputado de Podemos Pedro Honrubia, quien le preguntó qué le parecía que se hicieran públicas cenas o comidas entre un magistrado y una diputada. Aunque no la citó, se refería a una fotografía de él en un restaurante con Olona. Tras esa comparecencia, Ruiz de Lara afirmó en su cuenta de Twitter que había sentido “mucha vergüenza por la falta de cualificación” de algunos diputados del PSOE y Unidas Podemos que “ni saben ni tienen ganas de trabajar”. 

Defiende que el hecho de comer o cenar con un político no “condiciona” la independencia de un magistrado. E insiste en que también ha mantenido reuniones de trabajo —en el Congreso, no en restaurantes— con diputados del PSOE o Unidas Podemos. Lo ha hecho en calidad de portavoz de Plataforma Cívica Independencia Judicial, un colectivo creado en 2010 y que reúne a jueces y juristas (abogados, notarios…) en pro de la despolitización de la Justicia española. En los últimos años ha lanzado varios informes críticos con la gestión del CGPJ y su política de nombramientos. Entre los fundadores está Javier Nart, uno de los dirigentes históricos y más veteranos de Ciudadanos, que aunque dejó el partido en 2019 se negó a renunciar a su escaño en la Eurocámara y sigue siendo eurodiputado. 

Ruiz de Lara no es precisamente alguien que pase desapercibido en la carrera y es especialmente conocido en el ámbito asociativo. Algunos jueces que han tratado con él lo definen como una persona “peculiar”, “particular”, “un poco disparatado” y “exacerbado en las formas”. “Quizá debería tener un poco más de responsabilidad en sus declaraciones públicas. Hay cosas que chirrían en la boca de un magistrado y parece que uno pierde un poco de legitimidad”, dice un juez que ha tratado con él. Otras fuentes destacan su gusto por la “exposición mediática” y por ser “el perejil de todas las salsas”. 

En junio de 2017, con Carlos Lesmes como presidente, el CGPJ le abrió un expediente disciplinario por supuestamente no pedir la compatibilidad para organizar unos torneos de debate universitario. Entonces, las principales asociaciones judiciales y los jueces decanos de toda España pidieron explicaciones a Lesmes sobre las circunstancias de esta investigación, de la que Ruiz de Lara denunció su carácter secreto, aunque el CGPJ siempre negó ese extremo. Al final, el expediente quedó archivado cuatro meses después. 

En el ámbito estrictamente profesional suele mostrarse orgulloso de las 13 cuestiones prejudiciales que ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para denunciar que la legislación hipotecaria no se ajusta al ordenamiento comunitario en lo relativo a las cláusulas que habitualmente figuraban en los contratos hipotecarios y que han servido para algunas de ellas se declaren nulas en juzgados españoles. De hecho, en su última comparecencia en el Congreso afeó a los diputados la falta de iniciativas parlamentarias para proteger al deudor hipotecario y a las personas que están en situación en precariedad en los procesos de ejecución hipotecaria. “No sé si es por desconocimiento o por falta absoluta de interés”, les espetó.