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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado hoy la libertad provisional para los antiguos miembros de las Fuerzas de Seguridad Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas, mientras se resuelve la petición de extradición de Argentina. Ruz les ha impuesto como medidas cautelares la comparecencia semanal en el juzgado más cercano a su domicilio, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España, informaron fuentes jurídicas.
Ambos han salido de la Audiencia Nacional cubriendo su rostro, antes de abandonar la calle Prim en sendos vehículos, del mismo modelo, que han acudido a recogerlos. Pacheco y Muñecas han tenido que ofrecer al juzgado su dirección y un teléfono donde estar permanentemente localizados. Ruz ha tomado esta decisión a petición del fiscal Pedro Martínez Torrijos.
En su auto, Ruz afirma que las medidas cautelares han sido adoptadas precisamente para “impedir el eventual riesgo de fuga y garantizar el control del reclamado en el presente proceso de extradición, en aras de asegurar de asegurar la efectividad del principio de cooperación judicial”. El juez recuerda que los delitos por los que Argentina reclama a los dos presuntos torturadores están castigados en ese país con penas de entre 8 y 25 años.
Tomando la información de la petición de extradición de la juez Servini, Ruz enumera en su auto las fechas en las que fueron detenidos los denunciantes y en qué centro de detención se les sometió a malos tratos.
La vista apenas se prolongó unos minutos. Durante la misma, el juez informó a Pacheco y Muñecas que un juzgado de Argentina les reclama por 13 delitos de torturar en el caso del primero, y uno en el del segundo. Se da la circunstancia de que Andoni Arrizabalaga, uno de los denunciantes, fue presuntamente torturado por los dos exagentes en distintos momentos. Después, el juez les ha preguntado si aceptaban la entrega a Argentina, lo que ambos han rechazado.
Muñecas, condenado por participar en el golpe del 23-F, ha aprovechado para leer un escrito defendiendo su no participación en los hechos de torturas que se le imputan. Los abogados de ambos acusados han esgrimido la Ley de Amnistía para rechazar la extradición de sus defendidos. Ahora, será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el tribunal encargado de decidir sobre la extradición. Si la aceptara, el Gobierno tiene capacidad para no ejecutarla.
El abogado de las víctimas, Carlos Slepoy, no ha podido estar presente al tratarse de una vista de extradición, pero al término de la misma ha sido recibido por el juez Ruz.