El juez Pablo Ruz ha citado a declarar como testigos en la pieza separada por los ‘papeles de Bárcenas’ a destacados militantes del PP que reconocieron haber recibido dinero del partido y que aparece reflejado en la contabilidad manuscrita del extesorero. Entre ellos está el presidente del Senado, Pío García Escudero, al que tomará declaración en su despacho de la Cámara Alta, y Jaume Matas, exministro y expresidente de Baleares. El magistrado va a interrogar también, en su caso como querellados, a los empresarios que supuestamente realizaron donaciones al PP a cambio de la concesión de obras públicas.
La providencia hecha pública esta tarde es una ‘bomba’ en la línea de flotación del PP, después de que el propio Ruz no permitiera al partido personarse en la pieza separada de los ‘papeles de Bárcenas’ y días atrás les expulsara como acusación popular del ‘caso Gürtel’, entre otras razones por haber solicitado de manera reiterada el sobreseimiento de las actuaciones contra Luis Bárcenas y ante la eventualidad de que pudiese ser considerado responsable civil subsidiario. El instructor ha llegado a la conclusión de que existen indicios suficientes para investigar si tras la contabilidad manuscrita del extesorero se esconde la financiación ilegal del PP. Bárcenas ha negado siempre que la letra que figuraba en ella fuese suya, pero un reciente peritaje de la Policía ha demostrado lo contrario. Ruz quiere saber ahora si esa contabilidad B es real, cosa que el PP niega, o si es un ‘invento’ del máximo responsable de sus cuentas.
De momento, el próximo 20 de mayo tomará declaración a Pío García Escudero, presidente del Senado, y al diputado Eugenio Nasarre, extesorero también del partido. Al día siguiente pasarán por la Audiencia Nacional los miembros o exmiembros del PP Jaime Ignacio del Burgo, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular; Calixto Ayesa, Santiago Abascal y Jaume Matas. El 22 está convocado Jorge Trías, que denunció el pago de sobresueldos a dirigentes del partido, y al día siguiente Luis Molero, cajero del PP, y Milagros Puente, jefa de contabilidad del partido.
Tras el testimonio de los testigos le tocará el turno a ocho de los principales empresarios de la construcción del país, que supuestamente habrían pagado importantes sumas de dinero al partido, recogidas después fraccionadas en la contabilidad de Bárcenas para no superar el máximo legal permitido por la Ley Electoral, a cambio de la adjudicación de obras públicas. Entre el 27 y el 29 de mayo Ruz tomará declaración como querellados a Alfonso García Pozuelo-Asins, consejero delegado de Constructora Hispánica; Juan Miguel Villar Mir, presidente de Obrascon Huarte Laín S.A; José Luis Sánchez Domínguez, responsable del Grupo Sando; Luis de Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso; Manuel Contreras, presidente del Grupo Azvi); Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones; José María Mayor Oreja, hermano del exministro del Interior, en representación de Fomento de Construcciones y Contratas, y Antonio Vilella, de la constructora Rubau S.A. El juez les preguntará por la coincidencia que hay entre la entrada de cantidades donadas por empresarios en las cuentas del PP y la adjudicación de obra pública. Por último interrogará a Pablo Crespo Sabaris, exmilitantes del PP y número 2 de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa.
Los empresarios son los mismos a los que en su día citó el juez Javier Gómez-Bermúdez, que se hizo cargo de la querella presentada por IU por los ‘papeles de Bárcenas’, aunque finalmente tuvo que inhibirse a favor de su compañero. El magistrado los acusaba en su auto de los delitos de “asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda pública, fraude y exenciones ilegales, encubrimiento y falsedad y apropiación indebida de fondos electorales”. En cambio, Pablo Ruz se limita en su providencia a citarlos a declarar con asistencia letrada sin especificar los delitos que les imputa, y omite el nombre de las sociedades en las que ocupan o han ocupado cargos de relevancia. Tan sólo alude a Obrascon Huarte Lain S.A. cuando pide al fiscal que requiera a la compañía la documentación solicitada que aún no se le ha remitido. El magistrado quiere tener en su poder la totalidad de la documentación requerida a las compañía y a las entidades bancarias Banco Español de Crédito y Banco de Santander antes de iniciar los interrogatorios.
Su petición se sustenta en la coincidencia que hay entre la entrada de cantidades donadas por empresarios en las cuentas del PP y la adjudicación de obra pública entre los años 1990 y 2009. También requiere al Banco de Vitoria-Banesto para que informe si el PP tiene o ha tenido cuentas y si en ellas aparece en 2004 cuatro aportaciones de 100.000 euros bajo el concepto de donativo. Según publicó eldiario.es el pasado 26 de febrero, hay una relación directa entre donativos y adjudicaciones, sobre la que el juez quiere una explicación.
En nuestro país los partidos políticos no tienen responsabilidad criminal pero, no obstante, “el PP como beneficiario de las donaciones es indiscutible que se ve afectado por esta investigación y que la sola recepción de fondos procedentes de empresas adjudicatarias de contratos administrativos lo configura, en el mejor de los casos, como tercero partícipe a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal”, dice el auto. El juez ha ordenado que se de traslado de la resolución al PP informándole del derecho que le asiste, no obligación, a comparecer en la causa representado por procurador y asistido por letrado en su condición de parte pasiva civil del proceso, “sin perjuicio del estatuto procesal que pueda corresponderle en un futuro”.
La querella contra los ahora imputados y otros a los que Gómez Bermúdez ha dejado fuera del procedimiento por falta de pruebas (Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo) fue presentada por Izquierda Unida (IU), la Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de Abogados, Asociación CODA, Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes. La querella se dirigía también contra los altos cargos del partido que presuntamente habrían recibido 'sobresueldos' a cuenta de las donaciones de los empresarios, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (según los papeles desvelados en su día por el diario El País), pero Gómez Bermúdez ha estimado que las pruebas aportadas establecen “un enlace excesivamente débil, difuso o especulativo”.
Pese a ello, el PP tiene que aportar los recibís de las cantidades entregadas en efectivo a sus militantes Santiago Abascal, Calixto Ayesa, Juan Ignacio del Burgo, Pío García Escudero, Eugenio Nasarre y Jaume Matas, que reconocieron haber recibido dinero anticipado del partido para asuntos oficiales o personales, cuyo apunte aparecía en la contabilidad de Bárcenas.
El fiscal había solicitado al juez que se inhibiera a favor del juez Pablo Ruz, titular del juzgado central nº 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el 'caso Gurtel' y ha abierto una pieza separada para investigar el 'caso Bárcenas'. Sin embargo, Gómez Bermúdez considera que antes de decidir sobre la inhibición quiere oír a los querellantes, y ha pedido a su compañero que le facilite parte de la documentación que obra en su poder.