El Gobierno ve con preocupación el escrache a los diputados que se niegan a favorecer la dación en pago y otras medidas para aliviar los desahucios. La vicepresidenta ha avisado este viernes que no considera que esta medida que impulsa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) forme parte del derecho de manifestación y de expresar libremente la opinión y ha sugerido que, si los ciudadanos quieren protestar por este motivo, “hay muchos otros sitios para hacerlo”.
Aunque la vicepresidenta criticaba en general la técnica de señalar a los políticos y otros responsables de la normativa sobre ejecuciones hipotecarias, el caso que ha preocupado mucho al Gobierno es el de Esteban González Pons.
González Pons denuncia a la PAH por coacciones
El dirigente del PP ha presentado en la comisaría del Congreso de los Diputados una denuncia por coacciones contra esta Plataforma, después de que algunos de sus miembros se concentrasen este miércoles ante su casa de Valencia y llamaran a su puerta para intentar entregarle una carta. Él asegura que no llamaron sino que “aporrearon” la entrada de su vivienda durante 45 minutos y atemorizaron a sus hijos.
En opinión del Ejecutivo, el escrache “no protege los derechos de nadie sino que invade los de otros” y advierte de que los derechos no son “ilimitados”. Así, ha llamado a la PAH a “mantener la cordura” y hacer una reflexión sobre “ciertas prácticas” que no respeten los domicilios particulares de los políticos. La vicepresidenta señaló que estas situaciones resultan preocupantes “porque además pueden afectar a los que no se dedican a esto y les llega por vínculo familiar”.