San José, 23 may (EFE).- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica condenó este martes las ofensas emitidas por el presidente del país, Rodrigo Chaves, hacia un periodista en una conferencia de prensa, y las calificó como una lesión a la libertad de prensa.
“Las conferencias de prensa, en especial las televisadas, han resultado de gran utilidad para los Estados democráticos. No obstante, la utilización de un lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra los periodistas constituye una lesión a la libertad de prensa, de ahí que por unanimidad los magistrados declararon parcialmente con lugar el recurso de amparo únicamente para efectos indemnizatorios”, indica la resolución de la Sala Constitucional.
El recurso de amparo fue presentado por el periodista del medio digital CRHoy, Jason Ureña, a quien en la conferencia del 9 de enero pasado el presidente llamó “maldito”, “canalla” y “sicario político” por publicar información acerca de pagos que la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, habría hecho a un trol de redes sociales para desprestigiar periodistas.
La Sala Constitucional publicó este martes el por tanto de su resolución, pero el fallo íntegro aún se encuentra en redacción.
Los magistrados indicaron que se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, que deberán ser determinados en una sede contenciosa administrativa.
La Sala Constitucional señaló que a los funcionarios públicos “les asiste todo el derecho, y el deber en ciertos casos, de formular críticas, aun vehementes, contra los medios y periodistas cuando, según sus puntos de vista, lo hacen de manera injusta, falaz o desmedida a la hora de difundir una noticia o un comentario”.
Sin embargo, aclaró que “ciertas expresiones y vocablos usados por los funcionarios, no se justifican y sí constituyen un exceso, por lo que podrían promover el hostigamiento contra los medios y periodistas aludidos”.
Esta es la segunda sentencia que la Sala Constitucional emite contra el Gobierno de Chaves por lesionar la libertad de prensa.
La primera fue en octubre pasado cuando la Sala Constitucional anuló la orden de cierre emitida por el Gobierno en julio pasado contra el centro de eventos Parque Viva, una de las principales fuentes de ingresos del Grupo Nación, al que también pertenece el diario La Nación.
Los magistrados consideraron el cierre del centro de eventos como una violación indirecta a la libertad de prensa.
El Gobierno justificó el cierre del centro del lugar porque los eventos masivos allí generan el colapso de las calles y dificultan la movilidad de vehículos de emergencia.
Chaves ataca constantemente al diario La Nación, al Canal 7 y a CRHoy, críticos de su gestión, pero ha negado que viole la libertad de prensa porque en el país no hay periodistas encarcelados ni medios perseguidos judicialmente.
A comienzos de mayo la organización Reporteros sin Fronteras publicó su clasificación global sobre libertad de prensa, en la que Costa Rica cayó 15 puestos al pasar del lugar 8 en 2022 al puesto 23 en 2023.
El informe indica que en Costa Rica “el Estado no acostumbra a interferir en el trabajo de la prensa”, pero señaló que “a lo largo de 2022 el Gobierno profirió ataques verbales hacia determinados medios y periodistas, y ciertas instituciones se negaron a facilitar información de interés público a los medios”.