Los salarios del Poder Judicial en funciones: más de 142.000 euros para Lesmes y de 122.000 para los vocales

Un órgano con el mandato caducado desde hace más de mil días, con una mayoría conservadora que nada tiene que ver con la actual realidad parlamentaria y que, por ley, debe limitarse a realizar aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar su funcionamiento pero que no impliquen una “injerencia” en las atribuciones del mandato entrante. Así es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dirige Carlos Lesmes, que este lunes no aludió en su discurso en el acto de Apertura del Año Judicial a la posibilidad de presentar su dimisión como manera de forzar la renovación —tal y como vienen reclamando sectores de la judicatura— y que descargó la responsabilidad del bloqueo en el Gobierno y en el PP, a los que pidió “patriotismo constitucional” y “generosidad”. 

El CGPJ, con un presupuesto anual de 73 millones de euros —según las últimas cuentas vigentes, de 2021—, ofrece algunos de los sueldos más altos de la Administración. Su presidente, que lo es también del Tribunal Supremo, percibirá este año 142.510,96 euros brutos, a los que hay que sumar los trienios. Son algo más de 7.000 euros netos al mes. Es también un 40% más de lo que reciben el jefe del Ejecutivo o los vicepresidentes del Gobierno y solo está por debajo de lo que cobra el presidente del Tribunal Constitucional. 

También cobran sueldos más altos que los miembros del Gobierno los siete vocales que tienen dedicación exclusiva por su pertenencia a la llamada Comisión Permanente. En su caso, esta retribución es de 122.908,38 euros brutos anuales, a los que hay que sumar los trienios o el complemento de antigüedad. Este modelo presidencialista está en vigor desde 2013, cuando una reforma promovida por el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y aprobada en solitario por el PP estableció un sistema en el que Lesmes tiene la potestad de proponer a los miembros de esta Comisión Permanente, una especie de núcleo duro que aglutina casi todo el poder y tiene en su mano muchas decisiones sobre asuntos de calado que antes se debatían en el Pleno. 

Sus miembros son designados anualmente por el pleno y cuatro pertenecen al turno judicial y tres al de juristas. En la actualidad, los conservadores también tienen mayoría en este órgano que preside el propio Lesmes. Hay cuatro vocales elegidos a propuesta del PP, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José Antonio Ballestero y Nuria Díaz; y tres elegidos a propuesta del PSOE, Rafael Mozo, Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda. Al igual que Lesmes, todos ellos tienen a su disposición un vehículo del parque móvil estatal. 

Formar parte de ese órgano más reducido, de solo siete personas de los veinte miembros más el presidente que establece la Constitución, tiene la ventaja de que sólo los vocales que están allí cobran un sueldo del CGPJ y quedan liberados de su trabajo en la judicatura u otras ramas del derecho. El resto de los vocales lo son solo a tiempo parcial, sin dedicación exclusiva, con un sueldo menor.

Estos vocales reciben dietas únicamente por asistir a los plenos o a las comisiones de las que forman parte, establecidas en 975 euros y 312 euros respectivamente. Durante 2020, los miembros del CGPJ que no tienen dedicación exclusiva recibieron, en total, 260.442,00 euros brutos, con una media de algo más de 18.000 euros brutos anuales. 

Además, todos los vocales sin excepción tienen a su disposición una persona que se encarga de las labores de secretaría y también se les abonan dietas de hasta 174 euros cada vez que realizan un viaje oficial. En 2019, el CGPJ invirtió en viajes oficiales 336.750,71 euros, una cantidad que se redujo a 229.711,04 euros durante 2020, cuando las restricciones por la pandemia limitaron la movilidad.

Asimismo, los miembros del órgano de gobierno de los jueces que tienen su residencia familiar fuera de Madrid tienen derecho a que se les abone un viaje de ida y vuelta a la semana y los festivos o períodos vacacionales. En la página oficial del CGPJ también se pueden consultar los obsequios recibidos por Lesmes y que están depositados en su sede. La mayoría son libros, aunque también hay otros objetos más llamativos como la alfombra, la bandeja y el plato que recibió en febrero de 2020 por parte del país anfitrión del VI Encuentro Judicial hispano-marroquí, celebrado en Marrakech. 

Vuelta al espíritu colegiado

Este modelo que centraliza el poder en la figura del presidente y de un grupo reducido de vocales dejará de estar en vigor en el próximo mandato en virtud de una reforma de 2018 que contó incluso con el voto a favor del PP. Cuando sea renovado, el CGPJ volverá a su espíritu de órgano colegiado y los veinte vocales estarán liberados, con un sueldo de 116.000 euros anuales cada uno de ellos. La Comisión Permanente seguirá existiendo, pero el presidente ya no tendrá la prerrogativa de proponer a sus miembros y todos los vocales pasarán por ella durante un año. Además, todas sus decisiones podrán ser revisadas por el Pleno.

Pero eso será en el próximo mandato. Mientras tanto, el bloqueo institucional al que está sometido el CGPJ tiene un efecto directo sobre una de sus funciones esenciales: la decisión de qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura. El Senado dio luz verde definitiva el pasado 24 de marzo a la reforma que impide al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos discrecionales con el mandato caducado, como venía haciendo desde diciembre de 2018. Hasta la aprobación de esa norma había realizado 74 designaciones en los principales tribunales, 21 de ellas en el Supremo, donde se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años. 

Esta reforma, que según dijo Lesmes este lunes “ha venido a agravar” la situación del CGPJ, fue promovida por PSOE y Unidas Podemos y contó con un amplio respaldo parlamentario aunque PP, Vox y Ciudadanos se posicionaron en contra. Durante su discurso de este lunes, Lesmes aseguró que la imposibilidad de efectuar nombramientos “coloca en una muy difícil situación a los órganos judiciales afectados” y de manera especial al Tribunal Supremo, que tiene en la actualidad once vacantes sin cubrir de una planta de 79 magistrados. 

Pero la ley aprobada el pasado marzo es clara. Cuando tiene su mandato caducado, el órgano de gobierno de los jueces debe limitarse a realizar aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar su funcionamiento pero que no implican una “injerencia” en las atribuciones del Consejo entrante. Así, el CGPJ mantiene, por ejemplo, sus competencias en materia de régimen disciplinario, provisión de destinos y ascensos reglados o en la realización de informes sobre proyectos legislativos pero no puede elegir qué magistrados acceden a las cúpulas de los principales tribunales.