La Justicia de El Salvador marcará un precedente si juzga a los autores de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, perpetrada por el Ejército en 1989 en plena guerra civil, y se “reivindicaría” con la sociedad, dijo en una entrevista con Efe el abogado Arnau Baulenas.
Baulenas, querellante en el proceso penal contra los supuestos autores intelectuales de la masacre de cinco religiosos españoles y un salvadoreño, aseguró que la reapertura de la causa penal por el crimen, avalada el pasado 11 de marzo por una corte salvadoreña, “es un buen signo para alcanzar la justicia y la verdad”.
El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos
Para el letrado Baulenas, también coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), el aval de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador para que el Juzgado Tercero de Paz reabra ahora el proceso “es una resolución histórica, porque confirma que estamos ante un crimen de lesa humanidad y de guerra”.
“Lo importante de la decisión de la cámara es que nos confirma que el hecho es un crimen de lesa humanidad y de guerra, y que a casi 30 años de la masacre, el acontecimiento no ha prescrito”, señaló el abogado español.
Baulenas apuntó que la Fiscalía General de la República (FGR) “también tiene una oportunidad de reivindicarse y presentar un requerimiento apegado a los hechos”.
“Estoy convencido de que la Fiscalía va a presentar un buen requerimiento fiscal acorde a los hechos, porque de no hacerlo podría caer en un delito de omisión y la imagen del fiscal (Raúl Melara) se vería mal”, señaló.
La posición de la querella en el proceso, cuya fecha para el desarrollo de la audiencia inicial aun no ha sido establecida, “será firme y perseverante para llegar a la verdad de los hechos y conocer quién o quienes dieron la orden de ejecutar a los jesuitas”, afirmó.
“Tenemos la esperanza de que este caso pase a la fase de instrucción para que se pueda continuar con las investigaciones para llegar al fondo del asunto”, acotó Baulenas.
El querellante espera que la audiencia inicial se celebre a mediados de abril y que los señalados en el caso “no dilaten más un proceso que es tan importante para hacer justicia”.
Este tipo de casos, reflexionó Baulenas, “son los que nos tienen que ayudar a sentar las bases para ir construyendo justicia y para mostrar a las víctimas que la perseverancia y la lucha son las claves para llegar a la verdad”.
“Estoy convencido de que aquellos que no quieren enfrentar a la justicia tienen miedo y saben que son responsables”, agregó.
Los militares acusados por el crimen son los generales en retiro Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, el difunto René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, quien se enfrenta a un juicio en España por este crimen.
Todos son parte de la generación de graduados de la Escuela Militar de 1966, conocida popularmente como “La Tandona”, que dirigieron a la Fuerza Armada durante buena parte de la guerra y desarrollaron la estrategia contrainsurgente de “tierra arrasada”.
El pasado 17 de abril, el Juzgado Tercero de Paz declaró la “nulidad absoluta” del sobreseimiento de seis militares y del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), también señalado, y desechó las “excepciones” presentadas por los defensores de “cosa juzgada” y “falta de acción”.
Esta resolución judicial se dio en respuesta a la petición del Idhuca en 2017 de reabrir el proceso por la anulación de una ley de amnistía por una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de julio de 2016.