Pedro Sánchez ha defendido este miércoles en el Congreso la tercera prórroga del estado de alarma, que ha salido adelante con 269 votos a favor, entre ellos del PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y PNV; 60 en contra –Vox, JxCat y CUP– y 16 abstenciones (ERC y Bildu) en un largo Pleno en el que las críticas de todos los grupos han ido en aumento.
El presidente ha dejado claro que el confinamiento sigue vigente con carácter general, pese al “alivio” para los menores de hasta 14 años a los que se les permitirá acompañar a un adulto en las salidas a actividades permitidas y también dar pequeños paseos cuyas condiciones aún tiene que establecer el Ministerio de Sanidad.
Tras rectificar este martes, Sánchez ha reconocido haber “pecado de prudencia” en la rebaja de las restricciones y ha llegado a admitir que el Gobierno ha cometido “errores y aciertos” en la gestión de la COVID-19. “Pecamos de prudencia, pero escuchamos y acordamos. Eso es lo que ha hecho el Gobierno”, ha afirmado Sánchez, que ha advertido de que “no habrá decisiones definitivas” en los próximos meses.
“El confinamiento no se va a levantar hasta que estemos preparados para ello. No vamos a correr ningún riesgo que nos lleve de vuelta a la dolorosa situación de la que venimos”, ha afirmado Sánchez en su discurso. “Los expertos que aconsejan al Gobierno nos han pedido que lo hagamos con cautela”, ha advertido justo antes de explicar que en esta prórroga se permite un “alivio” en el confinamiento de los niños. Sánchez ha situado en la segunda quincena de mayo el “horizonte de desescalada”, aunque ha dejado claro que la situación de excepcionalidad se mantendrá: “Progresivamente se irá reduciendo el peligro. Y, de acuerdo con esa reducción, se irán modificando las condiciones del estado de alarma”.
“La desescalada va a ser lenta y gradual precisamente porque debe ser segura. Cada mejora del sistema de salud, cada comprobación del control de los contagios, nos permitirá de nuevo un avance en la liberación de espacios de movilidad y actividad social”, ha reiterado.
“Cualquier optimismo debe ir acompañado de la imprescindible prudencia”, ha proseguido Sánchez, que ha reiterado varias veces que el Ministerio de Sanidad queda habilitado para “modificar, ampliar o restringir” las medidas de desescalada que el Gobierno cree que podrá empezar a aplicar en las próximas semanas: “No habrá decisiones definitivas, habrá avances y habrá retrocesos en función de cuál sea el comportamiento del virus”.
Sánchez, que ha advertido de que los “sacrificios” económicos “apenas han comenzado”, ha reclamado que esta legislatura se imponga el “diálogo”. Así, ha defendido la propuesta de los pactos de reconstrucción que comenzarán a abordarse en una comisión parlamentaria tras el acuerdo de Sánchez y Pablo Casado. “La culminación de un acuerdo será un éxito de quienes arrimen el hombro. Los acuerdos por la reconstrucción no pueden ser instrumentalizados por nadie”, ha aseverado, el presidente, que ha ofrecido la expansión de los acuerdos “en cada lugar y administración gobierne quien gobierne”.
Sánchez ha vuelto a hacer una defensa acérrima de la unidad política porque, según ha afirmado, “cada enfrentamiento que alentemos, cada retraso, será un lastre que arrastraremos los próximos años. Tengo confianza en nuestras instituciones, agentes sociales, y en la Unión Europea”, ha zanjado.
En referencia al Consejo Europeo previsto para este jueves, Sánchez ha esbozado las “tres grandes prioridades” que va a defender España en la reunión. A su juicio, el encuentro “debe dar la bienvenida al paquete financiero aprobado por el Eurogrupo” y “que los instrumentos estén listos antes del 1 de junio”. Asimismo, el Gobierno defenderá “un gran fondo para la recuperación de 1,3 billones vinculado al presupuesto de la UE”.
“Europa necesita un presupuesto cuanto antes que mantenga las dotaciones agrícolas y de cohesión y que incluya partidas para la digitalización, la ciencia o el fortalecimiento de nuestros sistemas de salud. Se trata de una propuesta pragmática, asumible y coherente”, ha remarcado, para añadir: “Un instrumento en definitiva a la altura de la situación. No podemos limitarnos a apagar un incendio, se trata de reconstruir la casa”.
PP y Vox culpan al Gobierno de los muertos
El PP apoya la prórroga del estado de alarma pero Pablo Casado ha hecho un duro discurso contra el Gobierno, al que ha culpado de los muertos y, al igual que Santiago Abascal, ha acusado de “mentir” con la cifras que se ofrecen diariamente a partir de los datos que dan las comunidades autónomas. “La paciencia se está acabando”, le ha avisado el jefe de la oposición.
Casado y Abascal han atacado al Gobierno por usar a la Guardia Civil para luchar contra los bulos en las redes sociales durante la pandemia. “Deje de coartar la libertad de los ciudadanos en las redes sociales”, le ha dicho el líder del PP. Más beligerante aún ha sido el presidente de Vox, que ha insistido en que acudirá a los tribunales por la gestión de la COVID-19: “Han sido incapaces de acabar con masivo arresto domiciliario. Se sienten muy capaces de convertir a España en una inmensa cárcel chavista que funcione con cartillas de racionamiento”. Abascal, que votará en contra de la prórroga, tacha al Gobierno de “peligro para la vida, la salud, el bienestar económico y las libertades de los españoles”.
A pesar de que Sánchez ha mantenido el tono sereno y la mano tendida para que arranque la negociación del pacto de reconstrucción dejando “atrás los reproches” y sin mirar al PP como “un enemigo”, ha aprovechado para “puntualizar algunas cuestiones”. “Si me pregunta es si se le está pidiendo perseguir bulos, sí; si me pregunta por policías patrióticas, le pido que se dirija a su bancada y no a la del PSOE”, le ha dicho el presidente en referencia a la policía política que promovió Jorge Fernández Díaz.
Más duro ha sido en su breve réplica a la extrema derecha: “En su crítica demuestra no tener límite. Arremete contra todo y contra todos; va a acabar arremetiendo contra usted mismo. Sus electores se darán cuenta de que detrás de sus siglas no hay siglas, hay odio. No cree en la libertad de expresión, cree en la libertad de la mentira. Solo fomentan bulos -ha señalado-. Detrás de usted no hay esperanza; pero sí mucho miedo. A quien tienen miedo es al conjunto de los ciudadanos de este país que le van a dar la espalda cada vez que les pregunten por su futuro”.
Ciudadanos apoya la prórroga del estado de alarma, pero advierte de que “no es un cheque en blanco”, sino es “una mano exigente para salvar empleos y servir y proteger a los españoles”. El portavoz, Edmundo Bal, ha reprochado al Gobierno las “chapuzas” y se ha mostrado convencido de que se está “actuando tarde”. “Los niños a lo mejor le asesorarían a usted mejor que su grupo de expertos”, ha sentenciado.
Apoyo crítico de los aliados parlamentarios
También los aliados parlamentarios del Gobierno han sido críticos. Gabriel Rufián ha dicho que la abstención de ERC es “más cercana al no”. Su principal temor es el “perverso equilibrio entre salud y economía” que, a su juicio hace el Gobierno y también reprocha la centralización de la gestión. “Anuncian y rectifican y eso no es comunicar eso es alarmar y confundir”, ha afeado Rufián a Sánchez, a quien ha reclamado que convoque la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat cuando finalice el estado de alarma “y en todo caso no más tarde de junio”. JxCat ha pasado de la abstención al 'no' en esta prórroga al considerar “ineficaz e ineficiente la gestión del Gobierno, al que acusa de atajar la pandemia con ”un 155 sanitario, policial y digital“: ”Se le ha acabado el crédito“.
El PNV ha pedido que sean las comunidades las que trabajen en la desescalada y ha advertido de que, si en quince días se vuelve a pedir la prórroga del estado de alarma sin que el papel de las autonomías esté claro, no lo apoyará. Aitor Esteban ha asegurado que votan a favor “por responsabilidad”, pero ha exigido “un cambio en la gestión de la crisis” y que haya más “diálogo”: “Cambiar improvisación por certidumbre”.
En su réplica a ERC y PNV, ambos aliados en la investidura, Sánchez les ha asegurado que las comunidades estarán implicadas en la desescalada a través de las personas designadas por las autonomías para ello, aunque las órdenes las dará el Gobierno. “No es que nosotros digamos 'esto es así' y ustedes amén”, ha expresado: “El Gobierno no tiene ningún ánimo de recentralizar”. A Rufián le ha dicho que el Gobierno no se plantea la crisis como una “disyuntiva” entre salud y economía: “Me parece perverso”.
Al igual que han hecho otros portavoces, la de Bildu ha celebrado el cambio respecto a las salidas de los niños, pero ha explicado que su grupo se abstendrá porque son “críticos con el decreto y sus ampliaciones” dado que tienen “déficits en el aspecto social y laboral”. “Somos críticos con la vuelta al trabajo, porque se hace sin protección a los trabajadores. No hay controles, no hay inspección y el envío de documentación no permite descubrir el incumplimiento”, ha dicho Mertxe Aizpurua: “No se trata de inspeccionar para sancionar, sino de obligar a prevenir que la actividad se realice en condiciones seguras para los trabajadores y la sociedad”.
El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha pedido al Ejecutivo que blinde derechos y ha apremiado al Ejecutivo a poner en marcha ya “una renta de cuarentena” y no esperar al mes de junio. El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha admitido que se están cometiendo “errores” en la gestión y ha hecho cuatro propuestas concretas que ha pedido que se puedan votar por separado: licitaciones de obra telemáticas para que estén listas en cuanto se salga de la crisis; una financiación autonómica que garantice la igualdad de recursos por habitante; el rescate al sector cultural y no poner topes al gasto del superávit de los ayuntamientos.
Igualmente crítico ha sido el parlamentario del BNG, Néstor Rego, que ha asegurado que la crisis “ha demostrado la incapacidad del Estado de gestionar con eficacia”. El diputado gallego es partidario de que sea la Xunta la que diseñe el plan de desescalada: “Rectifiquen, porque a veces cuando rectifican aciertan”. La CUP volverá a votar en contra de la prórroga del estado de alarma porque considera que se utiliza para “hacer política del miedo” y para “recentralizar”. “No compartimos su nueva normalidad”, ha expresado Mireia Vahí.
El PCR ha apoyado al Gobierno, aunque ha admitido hay “cosas que no están haciendo bien”. Los diputados canarios Ana Oramas y Pedro Quevedo han pedido planes específicos para el archipiélago. UPN, Foro y Teruel Existe también avalan la prórroga del estado de alarma entre advertencias al Gobierno.