Sánchez afronta el primer escollo para la investidura con las lenguas oficiales en la UE mientras se estrenan en el Congreso

Pedro Sánchez juega su primera batalla para la investidura en Bruselas. El Consejo de Asuntos Generales debate este martes la inclusión del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE. Del resultado de ese encuentro –y sobre todo del relato que se haga de la decisión– dependerá en buena medida el futuro del presidente en funciones después de que Carles Puigdemont la haya situado como la primera prueba de fuego para que los siete diputados de Junts avalen su candidatura. Después sería el turno de la amnistía, para la que los plazos se van achicando. 

Los recelos ya expresados por una docena de países alejan la aceptación de las tres lenguas cooficiales en la UE. “27 to tango”, recordaban fuentes diplomáticas este lunes en referencia a la unanimidad que precisa el cambio del reglamento europeo. Varios países, entre ellos Alemania, han pedido más tiempo para estudiar la propuesta y han requerido un análisis sobre las implicaciones legales y financieras. De hecho, en algunas capitales ha sorprendido que España, como presidencia rotatoria del Consejo de la UE, haya incluido en el orden del día tanto el debate como la adopción de la medida, que fían para largo. Países como Suecia y Finlandia, ambos en manos de los conservadores, son los que más claramente han expresado sus dudas y varios Estados tienen reservas porque podría abrir espita de sus propias lenguas regionales. 

El Gobierno se está fajando, no obstante, en cumplir con el compromiso alcanzado con Junts como parte del acuerdo para hacer a Francina Armengol presidenta del Congreso. “España está haciendo todo, todo el esfuerzo, todas las gestiones y a todos los niveles”, aseguró ante los medios el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, este lunes durante una visita a Barcelona y en referencia a que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en las instituciones comunitarias. 

El Congreso hace los deberes

“Para el Gobierno es un motivo de orgullo poder facilitar que las lenguas cooficiales en España también sean lenguas oficiales en el seno de la Unión Europea”, remarcó Bolaños, consciente de que para los de Puigdemont resulta básico ese paso antes de emprender el camino definitivo hacia la investidura de Pedro Sánchez. 

Coincidiendo con el debate en el seno de la UE, este martes arrancará también en el Congreso de los Diputados el Pleno en el que se abordará la reforma del Reglamento de la Cámara Baja para permitir el uso de las lenguas cooficiales. Aunque la sesión servirá de aperitivo político al intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo la próxima semana y se espera que sea, por tanto, de alto voltaje político, en la votación no se encontrarán obstáculos y se espera que la proposición salga adelante ya este jueves. 

La mayoría política para garantizar su aprobación está ya atada y, de hecho, en el mismo pleno que aprobará la reforma del reglamento los diputados ya podrán expresarse en sus lenguas. La Mesa del Congreso alcanzó un acuerdo la semana pasada para facilitar la logística necesaria.

Según fuentes de la presidencia del Congreso, el coste total de los 450 auriculares que hacen falta comprar asciende a 7.600 euros, a lo que habría que sumar el alquiler de los transmisores y su mantenimiento. De aquí a final de año, el presupuesto estipulado ronda los 45.000 euros. Para esta semana la Cámara procederá a la contratación puntual de doce traductores.

“27 to tango”: Un proceso difícil en la UE

Estas primeras contrataciones permitirán que el uso de las lenguas sea ya inmediato. A partir de que la reforma del reglamento quede aprobada, el Congreso tendrá seis meses para establecer los medios necesarios para que el catalán, el euskera y el gallego queden garantizados “en todos los ámbitos de la Cámara”, esto es, también en los escritos que se presenten o en las reuniones de las comisiones parlamentarias. 

En el caso de la UE, el camino es más pedregoso. En el Gobierno se aferran a que nadie se ha opuesto a la iniciativa, lo que les va a permitir al menos mantenerla viva al lanzar un análisis más exhaustivo o abordarla en un grupo de trabajo, que son algunas de las cuestiones que se plantearon en la reunión de los embajadores preparatoria de la cita de este martes. Y, con eso, Sánchez podría mandar un mensaje a sus potenciales aliados, que han dejado claro que la oficialidad en la UE es fundamental para seguir adelante en la investidura. La duda antes de la cita está en si sería suficiente. 

“Explicaré la especificidad del régimen constitucional lingüístico español, que lo hace prácticamente único en la UE. ”No son lenguas minoritarias, las hablan millones de personas. El catalán lo hablan 10 millones de personas, más que algunas de las oficiales“, ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a su llegada a Bruselas. ”Explicaré que estas lenguas se usan en el Parlamento español“, ha agregado sobre la medida que se implanta este mismo martes.

Otro de los argumentos legales que esgrime el Gobierno es que el artículo 55.2 del Tratado de la UE ya reconoce la cooficialidad de esas lenguas en tanto en cuanto establece que ese texto puede traducirse “a cualquier otra lengua que determinen los Estados miembros entre aquellas que, de conformidad con sus ordenamientos constitucionales, tengan estatuto de lengua oficial en la totalidad o en parte de su territorio”. “El Estado miembro de que se trate facilitará una copia certificada de estas traducciones, que se depositará en los archivos del Consejo”, apostilla. España lo hizo con el catalán, el euskera y el gallego.

¿Y los costes?

El Ejecutivo ha ofrecido incluso que España afronte los gastos que supondría hacer oficiales esas tres lenguas, básicamente para costear la labor de traductores e intérpretes. Lo que por ahora se resisten a revelar tanto Exteriores como Moncloa es la estimación de lo que supondría para las arcas públicas. 

Bruselas estima que el coste total de la traducción y la interpretación en todas las instituciones europeas (la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones) asciende a mil millones de euros al año –un 1% del presupuesto total de la UE, que cifra en unos dos euros por ciudadano–. Esos trabajos sirven para traducir los documentos más relevantes (fundamentalmente los legislativos) y tener servicios de interpretación simultánea en las reuniones oficiales para los 24 idiomas oficiales de la UE (todos ellos con reconocimiento oficial con carácter estatal en alguno de los Estados miembros). 

No obstante, la Comisión Europea no tiene una estimación del gasto que supone cada idioma en términos de traducción e interpretación. “Los costes dependen de muchos factores individuales diferentes e implican la contratación de personal, pero también los procedimientos de contratación externa, así como los recursos lingüísticos, como bases de datos terminológicas, conjuntos de datos que alimentan las herramientas de traducción asistida por ordenador y la traducción automática”, explica un portavoz.

1.000 millones de euros para 24 idiomas en la UE

La oferta de que España corra con los gastos da alguna posibilidad, según algunas fuentes, a la inédita oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE, donde ya cuentan con un régimen distinto al de otras lenguas cooficiales a partir de un acuerdo alcanzado en los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Los ciudadanos pueden dirigirse a algunas instituciones en esas tres lenguas. “Las traducciones las proporciona el Gobierno del Estado miembro de que se trate, en el momento en que se necesiten, y corren a su cargo. La interpretación desde (pero no hacia) el vasco, el catalán/valenciano/balear y el gallego se facilitará, previa solicitud, para determinadas formaciones del Consejo con los representantes regionales, así como en las reuniones plenarias del Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. El coste de esta interpretación correrá a cargo del Estado miembro de que se trate”, explica la Comisión Europea.

El paradigma del multilingüismo es el Parlamento Europeo. Los eurodiputados tienen derecho a leer y escribir documentos, seguir y hablar en los debates en su lengua, siempre y cuando sea oficial en la UE. El servicio de traducción emplea a unas 1.140 personas, de las que más de 600 son traductores, aunque el 30% del trabajo se subcontrata a personas freelance. En el caso de los intérpretes, tiene 270 en plantilla y un total de 1.500 externos. Durante los plenos trabajan entre 700 y 900. En total, la Eurocámara tiene 552 combinaciones posibles, porque cada idioma se traduce a 23. 

Y esa es una de las principales reivindicaciones de las fuerzas independentistas y, en concreto, de Puigdemont, que hace sus discursos parlamentarios en inglés: poder hacerlos en catalán y que sean traducidos al resto de lenguas oficiales. Las fuerzas que forman parte del Ejecutivo de coalición en funciones defendieron recientemente el uso del catalán, el euskera y el gallego en la Eurocámara, un compromiso que se alcanzó en la mesa de diálogo con la Generalitat. Sin embargo, el bureau –el órgano análogo a la Mesa del Congreso– decidió esperar a lo que ocurriera en el Consejo de Asuntos Generales de este martes, que es la primera fecha clave en el camino de Sánchez hacia la investidura.