Sánchez reabre parte de la actividad económica con la oposición de presidentes autonómicos y algunos socios

Acaba la Semana Santa y con ella la llamada hibernación de la actividad empresarial no esencial. Dos millones de trabajadores regresan entre este lunes y el martes a sus empleos. Y tendrán que hacerlo con mascarilla, tal y como recomienda el Gobierno en sus últimas órdenes ministeriales. El material será distribuido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de por policías autonómicos, locales y Protección Civil en los transportes públicos. El Gobierno afronta, no obstante, la decisión en contra del criterio de sus socios parlamentarios y de algunas comunidades autónomas, que consideran arriesgada la medida, pese a la mejoría en los datos de contagio y fallecimientos. Tampoco Unidas Podemos, aunque no ha hecho ruido públicamente, ve con buenos ojos una decisión que, de empeorar los datos, podría volverse en contra del Ejecutivo.

El propio vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, compartió en su cuenta de Twitter un párrafo de un artículo sobre la región italiana de Bérgamo, la más afectada por la pandemia, aunque sin mencionar en ningún momento el nuevo decreto del Gobierno español.

Pese al mensaje implícito, Pedro Sánchez negó este domingo que hubiese diferencias en el seno del Gobierno y afirmó que sus decisiones están basadas “única y exclusivamente” en criterios científicos. “La decisión política la tomo yo, el mando único y las autoridades delegadas, pero en base al criterio de los expertos”, insistió después de considerar todas que todas críticas son “legítimas”. Unos días antes, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, le había advertido en el Congreso de que si la vuelta al trabajo implicaba un repunte en los contagios diera marcha atrás.

Sánchez negó presiones tanto ahora como en la decisión inicial de cerrar la actividad no esencial: “Tuve críticas, pero lo hice porque creía que ayudaba a garantizar aún más la salud pública y destensionar el número de UCIs y hospitalizados”. El presidente confía en que los resultados de esa “medida extrema” comiencen a reflejarse en los datos a mediados de este semana.

En todo caso, el “confinamiento general” sigue siendo la regla a seguir, pese al levantamiento de la restricción de los sectores económicos no esenciales que se declaró el pasado 30 de marzo aprovechando la “pausa” que iban a suponer los festivos de la Semana Santa. A pesar de que el presidente considera que los datos de contagios y la ligera reducción de los fallecimientos son “alentadores”, dejó claro que la “fase de desescalada” en la que comenzarán a levantarse restricciones es aún lejana, y dependerá de la evolución de la pandemia.

En el Gobierno dan por hecho que más allá del confinamiento casi total que se ha aprobado ya hasta el próximo 26 de abril habrá más prórrogas del estado de alarma. La siguiente iría hasta el 10 de mayo y solo después podrán levantarse algunas restricciones mínimas, que ni siquiera están aún decididas, si bien el ministro de Sanidad deslizó en una comparecencia que el ejercicio físico en el exterior o el paseo de los niños pueden ser algunas de esas primeras medidas de lo que el Ejecutivo define como “desescalada”.

El debate sobre el levantamiento de las restricciones enfrenta ya al Gobierno con algunos de sus aliados -la posición en la que se encuentra Unidas Podemos la defienden algunos grupos, como ERC, Bildu o Más País-, pero también con gobiernos autonómicos de muy distinto signo político. Quim Torra ha sido el que se ha pronunciado con mayor dureza puesto que considera que es una “temeridad” que vuelvan al trabajo en torno a un millón de personas -incluso ha amenazado con tomar medidas por su cuenta-. Pero también gobernantes del PP muestran sus reticencias, como el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que considera que la paralización debería mantenerse “unos días” más o la madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que “hay muchas voces discordantes” respecto a la vuelta al trabajo. “Considero una temeridad levantar ahora algunas medidas de confinamiento sin saber los resultados que ha tenido. No hemos podido ver los informes científicos que así lo aconsejan”, arremetió el presidente murciano, Fernando López Miras.

Moncloa no quiere levantar restricciones por territorios

En el lado opuesto también hay partidos y presidentes regionales de distinto signo. El PNV está a favor de la reactivación -cuestionó la paralización de la industria- y también la ha aplaudido el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que ha advertido de que “no podemos parar totalmente la economía”. Algunos presidentes socialistas advirtieron de que es necesario que las empresas garanticen las condiciones higiénicas suficientes para los trabajadores, como la navarra María Chivite, favorable al levantamiento de la paralización. “Hay que combinar muy bien la seguridad con la actividad económica”, avisó Ximo Puig.

En medio de ese debate, políticos de distinto rango -presidentes regionales, pero también alcaldes o diputados- defienden que el desconfinamiento tendría que llevarse a cabo de forma diferenciada entre territorios en función del nivel de incidencia de la enfermedad. Así lo defendió el aragonés Javier Lambán, que considera que la salida escalonada del confinamiento debe comenzar por el mundo rural dado que tiene menos facilidad para los contagios al no producirse grandes aglomeraciones, por ejemplo, en el transporte público. Un análisis, el del desconfinamiento por territorios, que no comparten en La Moncloa, donde creen que, a diferencia de Italia -donde primero se cerró Bergamo y después todo el país-, uno de los aciertos de España fue adoptar las decisiones con “visión nacional”.

En respuesta a las críticas de algunos presidentes, Sánchez rechazó que haya habido alguna presión para reactivar la economía y defendió que hay que encontrar un “equilibrio” entre la emergencia sanitaria y las nefastas consecuencias que la emergencia dejará en la economía. Además, subrayó que los empleados que vuelvan a sus puestos no lo harán en las mismas circunstancias puesto que prevé que tendrán material higiénico en sus empresas así como de protección en el caso de que los traslados sean en transporte público. El Gobierno enfatiza que no tendrán que acudir quienes tengan síntomas o hayan estado en contacto con personas contagiadas de la Covid-19, en cuyo caso tendrán que contactar con las autoridades médicas. Tampoco tendrán que hacerlo personas vulnerables -edad avanzada, enfermos crónicos o con patologías previas, o embarazadas, entre otros- siempre y cuando cuenten con la baja expedida por su médico.

La acusación desinformación respecto a las medidas que se van implantando es una constante desde las autonomías. Las dudas ahora surgen -tal y como le han reprochado varios presidentes, entre ellos Iñigo Urkullu- sobre el reparto de los diez millones de mascarillas que el Gobierno pretende distribuir para los trabajadores que no acudan a sus centros ni a pie o en bicicleta ni en su vehículo particular. La distribución se ha organizado a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y se llevará a cabo “en determinados accesos de metro y de cercanías, así como en los principales nudos de transporte público” que hayan determinado los representantes del Ejecutivo en cada el territorio, según ha informado el Ministerio del Interior. Marlaska ha establecido que sean los efectivos y voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil -integrado por un total de 350.000 personas- “con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado como autonómicas y locales”.

La organización del reparto en la Comunidad de Madrid ocasionó un nuevo choque entre el Gobierno de Ayuso y la Delegación del Gobierno después de que la administración regional rechazara destinar efectivos de Protección Civil o las policías locales dado que están dedicados a la distribución de material El responsable de Protección Civil trasladó en una reunión este domingo que sus efectivos estaban centrados en el reparto de material en las residencias de mayores. Fuentes de la Delegación del Gobierno explican que eso ha obligado a reforzar el dispositivo con Policía Nacional y Cruz Roja.

Además de con las críticas por la falta de un protocolo de uso de las mascarillas, Sánchez arranca también la semana en busca de apoyos para un pacto de Estado del que la derecha ya se ha desmarcado de lleno. PP y VOX, que han ido elevando el nivel de la crítica al Gobierno, consideran el planteamiento con una treta con la que el presidente busca un “cambio de régimen”. No obstante, el Ejecutivo buscará el respaldo de empresarios, sindicatos, comunidades y ayuntamientos para una acuerdo de “reconstrucción nacional” con la que salir de las dramáticas consecuencias de una crisis que ya ha dejado en el paro durante el mes de marzo a 800.000 personas.

Por ahora Moncloa no ha esbozado cuál será el ofrecimiento que trasladará al resto de fuerzas políticas, a la que reclama insistentemente que se sumen a ese gran acuerdo, más allá de que la ronda con el resto de líderes comenzará de forma inminente; pero sin una convocatoria común. Sánchez descolgará el teléfono de forma individualizada. El presidente centró buena parte de su comparecencia de este domingo en una reclamación de unidad que se le resiste. “Debemos empezar ya la desescalada en la tensión política”, repitió.