Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno pondrá en marcha un bono de vivienda para jóvenes que consistirá en 250 euros al mes para facilitar la emancipación de las personas de entre 18 y 35 años con rentas por debajo de los 23.725 euros al año. El presidente ha hecho ese anuncio en una intervención en el Foro Urbano que se celebra en Sevilla justo después de que PSOE y Unidas Podemos hayan cerrado el acuerdo para los presupuestos del próximo año y para la ley de vivienda.
El presidente ha asegurado que el objetivo de las cuentas públicas de 2022 es propiciar una “recuperación económica justa”, pero ha aprovechado ese foro para poner el énfasis en las medidas relacionadas con la vivienda que recogerán así como las que ha puesto en marcha desde el Gobierno en los últimos tres años. Así, ha subrayado “en negritas” que el acuerdo que ha cerrado este mismo martes con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, incluye la primera ley de vivienda estatal de la democracia, que al Ejecutivo se le lleva resistiendo un año por las divergencias en la regulación de los precios del alquiler que finalmente han sorteado con una propuesta intermedia entre el punto de partida de Unidas Podemos y el de los socialistas.
Sánchez ha explicado que el pacto incluye un “plan especial” para la emancipación de los jóvenes que son, según ha expresado, los “más vulnerables” por la “precariedad”. “Vamos a crear un bono joven de vivienda de 250 euros mensuales durante los dos próximos años que va a beneficiar a jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a 23.725 euros”, ha anunciado el presidente, que ha asegurado que habrá ayudas al alquiler que podrán suponer un complemento del 40%.
El objetivo que se ha marcado el Gobierno es adelantar la edad de emancipación en España, que está muy alejada de los 26 años de la media europea.
El principal escollo, que ha sido la regulación del precio de los alquileres, se ha saldado con la decisión de que se pueda bajar por ley en el caso de los propietarios que sean personas jurídicas -grandes tenedores, según Unidas Podemos- “en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado” y la “retirada de privilegios fiscales”. Por su parte, para los pequeños propietarios, se acuerda la “congelación de precios e incentivos fiscales para bajar el precio”. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la ley contendrá “todo tipo de medidas y elementos que van a permitir contener el precio de los alquileres y reducirlos” incluyendo un “paquete muy potente de bonificaciones fiscales para propietarios” que llegará incluso al 90% en el caso de que bajen los precios. De las medidas fiscales podrán beneficiarse las personas físicas y tendrán que bajar los precios del alquiler en todos los inmuebles para que se les aplique la bonificación, según fuentes gubernamentales.
Entre los acuerdos que se han cerrado en la ley de vivienda, los socios de la coalición han consensuado “una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida” y de esa proporción “la mitad se destinará para alquiler social”. Además, la normativa incluirá “impuesto a la vivienda vacía, a través del recargo del IBI hasta el 150%, que podrán aplicar los ayuntamientos”. Ante las críticas que la norma ya ha recibido de la derecha y la patronal, Sánchez ha asegurado que se trata de una legislación “garantista y sólida”.
Bolaños, por su parte, ha dicho que se trata de una ley “ambiciosa”, aunque ha admitido que muchas de las medidas que contiene solo funcionarán como paraguas jurídico para administraciones como comunidades y ayuntamientos, que son los que tienen las competencias en materia de vivienda. Por ejemplo, en el recargo al IBI de las viviendas vacías “el Gobierno habilita la posibilidad de que los ayuntamientos lo apliquen”, ha explicado el ministro, que en el caso de la limitación de los precios “han de ser las comunidades las que lo soliciten”. “Tiene en cuenta las distintas competencias”, ha respondido.
Sánchez ha enfatizado, además, las medidas que ya ha puesto en marcha el Gobierno, como la reorientación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 incrementando su dotación hasta los 1.871 millones de euros del que se pudieron beneficiar, según los cálculos del Ejecutivo, 900.000 familias. También ha recordado las medidas del “escudo social”, como la prohibición de los desahucios o la prórroga de los contratos del alquiler. “Limitamos las subidas del precio del alquiler al IPC”, ha recordado Sánchez. También ha explicado que se está desarrollando un plan de alquiler social que contempla el impulso para promover alrededor de 100.000 viviendas en alquiler social.
Todas esas medidas han supuesto “la inversión más elevada de la historia” que ha cifrado en 2.250 millones de euros, un 373% más respecto al Gobierno de Mariano Rajoy. A eso hay que sumar los 6.820 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a programas de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. “Queremos acometer más de medio millón de actuaciones de rehabilitación”, ha afirmado el presidente, que ha puesto un ejemplo gráfico: “Equivale a 40.000 edificios residenciales”.
Sánchez se ha referido, además, a la aprobación en el Consejo de Ministros de este martes de dos iniciativas enfocadas a la rehabilitación residencial: un decreto que regula las ayudas en el marco del Plan de Recuperación por un importe de 2.970 millones de euros y un decreto ley que modifica elementos que dificultaban la rehabilitación -el cambio en la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar a las comunidades de vecinos la toma de decisiones para la rehabilitación energética de edificios y viviendas-, deducciones de 450 euros en el IRPF por la rehabilitación de vivienda habitual y una línea de avales a las comunidades de propietarios de 1.100 millones de euros.