Si la derecha sigue instalada en que la legislatura está acabada y que Pedro Sánchez está en tiempo de descuento, se equivocará. Esto va más allá de ganar por goleada un debate de la nación. Va de resistencia, que sobre eso el presidente tiene escrito todo un manual. Va de recuperar la iniciativa política con medidas que den profundidad al mandato hasta el final de sus días. Va de hacerse cargo del estado de ánimo de la ciudadanía, que es lo que pretende transmitir el actual inquilino de la Moncloa y todo su gobierno en el día después de una sesión que insufló una euforia que no se veía hace meses en las filas del socialismo. Va de mensajes rotundos que no necesitan aclaración a pie de página como es el de la creación de nuevos impuestos para gravar los beneficios de las energéticas y la banca. Y va de que esta fiesta –las consecuencias de la crisis– no la paguen los de siempre, sino los que disparan sus rendimientos a costa de quienes viven de una nómina y hacen cada mes malabarismos para cuadrar el pago de sus facturas.
Pedro Sánchez ha logrado, en definitiva, romper con el marco discursivo del PP de un posible adelanto electoral porque su nuevo plan de justicia fiscal y de protección social de las clases medias y trabajadoras se desplegará durante los próximos dos años y porque el giro a la izquierda del presidente ha logrado, tras meses de disonancias, cohesionar a los socios de la coalición de gobierno. La izquierda en todas sus versiones aplaude el giro a la izquierda del presidente, mientras que la derecha del PP calla sobre el impuesto a las grandes corporaciones, que el martes anunciaba Sánchez pero también el gobierno liberal belga y ya está vigente en al menos en diez países europeos de todo tipo de colores, y no precisamente socialdemócratas ni comunistas.
Lo que dure tanto la reestrenada unidad de la coalición, como la efervescencia en la izquierda, dependerá de que los ciudadanos perciban o no que el rearme ideológico del presidente no ha sido un ejercicio de travestismo fruto del desgaste que acusa en las encuestas y tampoco un relato construido 'ad hoc' para salir al paso de un decisivo debate parlamentario. “Esto es una estrategia de continuidad, una declaración de intenciones para un tiempo de incertidumbre económica y que el presidente no oculta ni pretende poner paños calientes, sino afrontarlo con determinación y empatía con las clases medias y trabajadoras”, defienden en la fontanería 'monclovita'.
Tras el duro revés de las elecciones andaluzas, el jefe de Gobierno ha pisado el acelerador y dado instrucciones para poner al PSOE ya en modo electoral de tal forma que el primer día de septiembre el partido trabaje a pleno pulmón con la vista puesta en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023. Es precisamente en este contexto, en el que tanto en el Gobierno como en la sede federal dan por hecho que Sánchez hará ajustes, no en el Consejo de Ministros, sino en el equipo de Ferraz.
“La obscenidad con que desde el partido se exhiben las diferencias entre la vicesecretaria general y el secretario de Organización es tan inaceptable como insostenible”, afirman fuentes socialistas, que recuerdan que el presidente ya se vió obligado a dar un toque de atención en la primera reunión de la dirección federal posterior al 19J, en la que también afeó la falta de implicación de una parte de la dirección federal representada por Adriana Lastra en la campaña andaluza. Lo único que falta por despejar, dado el hermetismo del presidente, es si la decisión que adopte para poner orden en la dirección y neutralizar a quienes están más ocupados en la desestabilización y el enredo que en el trabajo llegará o no en este mismo mes de julio o será en la primera semana de septiembre.
La derecha, noqueada y ausente
Hasta entonces, en la Moncloa, en el partido y en el Grupo Socialista disfrutan del resultado de un debate de la nación que aseguran ha dejado “noqueada a la derecha”, que 48 horas después de que Sánchez anunciase la creación de un impuesto para energéticas y bancos sigue sin pronunciarse al respecto. El hecho de que por primera vez los medios de comunicación afines al PP no hayan realizado encuestas sobre quién se impuso a quién en la jornada parlamentaria por excelencia no deja lugar a dudas sobre la posición en que quedó el partido de Alberto Núñez Feijóo. Y lo mismo se podría colegir de la ausencia de Cuca Gamarra durante casi toda la mañana del miércoles, tras el desafortunado papel que desempeñó el primer día.
A la derecha le resultará complicado ponerse del lado de las grandes corporaciones, explicar a la ciudadanía su alineamiento con los que más tienen o desmarcarse de medidas en apoyo de las clases trabajadoras, como el aumento de las becas para estudiantes o la gratuidad del transporte de Cercanías y distancia media. Si algo han aprendido en La Moncloa, en el último año, es que para desmontar el modelo ideológico de la derecha no hace falta entrar en guerras culturales ni tampoco elevar a las alturas a líderes regionales como Isabel Díaz Ayuso, a quien en capítulos anteriores del ala oeste de La Moncloa se la llegó a tratar como si fuera una igual de la liga nacional. Para muestra, Sánchez no la mencionó expresamente ni una sola vez durante el debate para cuestionar sus políticas. Bastó con que reaccionara a las polémicas becas para ricos con una nueva ayuda a los estudiantes ya becados de acuerdo al baremo actual de rentas y con un apuesta decidida de la gratuidad en el transporte público que depende del estado, además de una rebaja en el precio del que está bajo la competencia de las comunidades autónomas. En adelante, por más que se empeñe la lideresa madrileña, el nombre de Ayuso no estará en el relato de los socialistas porque sus políticas son ya las de Feijóo, que las ha asumido como propias.
La Moncloa cree que, tras el broche con el que Sánchez ha puesto a este curso político que acaba, la izquierda se ha activado y cohesionado mientras que la derecha del PP se ha quedado “en un rincón desde el que defender a los poderosos”, justo el mismo día en que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la apertura de juicio oral contra Iberdrola Generación y cuatro directivos al considerar que en 2013 la compañía “ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía” con la finalidad de “provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores”.
Malos tiempos para ponerse de perfil ante semejantes prácticas y una inflación desbocada.