Decía Mariano Rajoy que “a veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión, y esa es también una decisión”. Pedro Sánchez no es Rajoy. En esto de gobernar es más bien de la escuela de quienes defienden que el riesgo de una decisión incorrecta es preferible al error de una indecisión. La política es también el arte de la determinación, y mostrarse pasivo en ocasiones puede dar ventaja al adversario. Lo de ganar tiempo, dilatar decisiones o esperar a que escampe rara vez da resultados. Así lo creen en La Moncloa, donde esta semana, más que allanar el camino, han dejado un mensaje bastante explícito sobre la disposición del presidente a conceder el indulto a los líderes del procés, pese a conocerse ya el informe desfavorable del tribunal sentenciador. ¿Táctica o estrategia? Puede que se trate de una combinación de ambas. Contar con el apoyo de ERC en el Congreso ahorrará, sin duda, sobresaltos al Gobierno en lo que resta de legislatura, pero además Sánchez se presentó a las elecciones generales con un compromiso de reconciliación con Catalunya tras los traumáticos sucesos de 2017.
Que el Supremo no aprecie razones “de justicia, equidad y utilidad pública” con las que justificar la medida de gracia e incluso subraye la ausencia de arrepentimiento es algo que en el Consejo de Ministros daban por descontado y no determinará la decisión final del Gobierno. Ya Rajoy concedió indultos –873 entre 2012 y 2017– que contaban con el informe contrario de la Fiscalía, del tribunal sentenciador o de ambos. El asunto no es tanto el pronunciamiento desfavorable de las instancias judiciales como ignorar los aspavientos de la derecha y explorar las posibilidades para una salida política a un conflicto político, después de que la vía judicial por inevitable que resultara en su día no haya servido más que para cronificar el problema.
Por mucho ruido y mucha guerra judicial que anticipe la derecha, que ya ha anunciado movilizaciones en la calle, Sánchez ya ha dicho que se posicionará del lado de la “concordia”, el “diálogo” y la superación de “fracturas” frente a la “revancha” y la “venganza”. Y la decisión a nadie se le escapa que tendrá un coste político para el Gobierno y para el propio Sánchez, más allá de Catalunya en un momento en el que, tras la derrota de las elecciones del 4M, las encuestas no son precisamente favorables para la izquierda política.
Hay quien anticipa que estos tiempos de declaraciones hiperbólicas e inflamación permanente de la derecha guardan cierto paralelismo con los últimos años en los que todo valía contra Zapatero y creció una ola de indignación y rechazo, no contra la marca PSOE, sino contra su líder. También hay quien teme que la factura sea mancomunada y la paguen también los presidentes autonómicos socialistas. Todos asumen que es una operación de alto riesgo que sitúa el partido en modo pánico.
El caso es que el presidente del Gobierno parece dispuesto a capear la ruidosa ofensiva política y actuar con determinación por muy alto que sea el precio. “La decisión es arriesgada sin duda, pero también necesaria para normalizar las relaciones con Catalunya, aunque nos cueste el Gobierno”, subrayan desde La Moncloa, donde califican los indultos de “complejos pero valientes”, como fue en su día la decisión de Zapatero de abrir una negociación con ETA para explorar su disposición a abandonar las armas. Varios ministros insisten en la necesidad de desinflamar el conflicto y confían en que conceder los indultos en este momento diluirá en el tiempo el efecto electoral de tal modo que el PSOE pueda llegar al final del mandato con el viento a favor de la inmunidad de grupo que proporcionará la vacunación y con la recuperación económica que ya anuncian los organismos internacionales con previsiones especialmente optimistas para España.
Para Sánchez, que ya tiene unos presupuestos aprobados que prorrogar para estirar la legislatura hasta el final, hubiera sido más sencillo no hacer nada o dilatar los tiempos, pero en el Gobierno consideran que se trata de una operación de alcance con la que en el medio plazo “bajará la pulsión independentista y con la que se intentará dar un nuevo encaje político-jurídico a Catalunya dentro del marco de la Constitución”. Subrayar lo obvio –en este caso, la coletilla “en el marco de la Constitución”– se hace tan necesario como recordar, ante quienes anuncian un nuevo apocalipsis, que por más que el independentismo más inflamado amague con el “ho tornarem a fer”, conoce ya las consecuencias y también la frustración que el procés generó en la sociedad catalana.
La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha sido de las primeras en darse cuenta del alcance que las medidas de gracia tendrían en el independentismo. “Una decisión política inteligente del Gobierno español contra el independentismo”, escribió esta semana en su cuenta de Twitter mientras la derecha española solo veía tras la decisión un movimiento táctico de Sánchez para garantizarse lo que cuando gobierna la izquierda llaman “poltrona” y cuando quienes están en el poder son ellos solo es la presidencia del Gobierno.
En efecto, en el Gobierno confían en desmontar el victimismo de los independentistas sobre el “estado opresor” y desmontar de paso la estrategia de los líderes del procés ante la Justicia europea, al tiempo que son conscientes de que les espera por delante una importante labor pedagógica ante la sociedad que, según algunas encuestas, estaría mayoritariamente en contra de los indultos. “Si lo explicamos mal tendremos un problema, pero es la mejor decisión para el país y para la relación con Catalunya”, arguye un destacado socialista.
Sánchez no se enfrenta sólo a la reacción airada de la derecha. En el PSOE hay quien entiende “los indultos como una medida de gracia para arreglar un problema”, pero no comparte ni el momento ni las circunstancias. Es el caso del presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, quien en declaraciones a elDiario.es augura que Sánchez puede pasar a la historia del partido “por el 1-O” [la fatídica fecha del Comité Federal que abrió en canal el partido e impulsó la dimisión de su secretario general] y por los indultos“.
Su opinión es que la medida de gracia puede suponer “una condena” en un momento en el que el presidente empieza a acusar cierto desgaste en las encuestas. Aun así, en una reunión que mantuvo hace unas semanas en La Moncloa, ya le avisó de que su posición sería contraria y pública cuando llegara el momento, pero que en ningún caso haría de ello un debate interno en el partido ni pediría una consulta a la militancia, como han apuntado otros socialistas.
En la misma posición que Page está el extremeño Guillermo Fernández Vara, siempre más prudente en sus declaración públicas, pero también el aragonés Javier Lambán. Todos ellos coinciden con Felipe González, que también se ha pronunciado en el programa El Hormiguero, aunque no de forma tan contundente como ha pretendido trasladar la derecha política, que no debió escuchar al ex presidente cuando sugirió que entendería un indulto parcial en el que se mantuvieran las penas de inhabilitación pero no las de prisión.
El congreso de Valencia, un paseo militar
El valenciano Ximo Puig, en conversación con elDiario.es, no comparte la opinión de sus correligionarios de Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura y se sitúa entre quienes no solo defienden la decisión de Sánchez, sino que creen que se trata de “un derecho y una obligación” para resolver una cuestión de Estado, como también le transmitió en un reciente almuerzo en La Moncloa al presidente, a quien le garantizó su pleno apoyo.
Otro expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, empuja a favor de los indultos, una posición que también ha defendido desde Baleares Francina Armengol.
Más allá de declaraciones, en lo que coinciden todos es en que Sánchez arriesga al defender los indultos antes de haberlos firmado, pero sobre todo al hacerlo a tan solo dos semanas de que se celebren las primarias que elegirán al nuevo secretario general de los socialistas andaluces, una cita que determinará en buena medida el rumbo del PSOE y del Gobierno en los próximos meses.
Sánchez se juega mucho en esa cita. Tanto que algunas decisiones importantes están pendientes del resultado en tanto en cuanto el escenario sería muy distinto si gana Juan Espadas o Susana Díaz. Nadie en La Moncloa ni en Ferraz se plantea hoy una victoria de la segunda, a quien consideran “achicharrada orgánica y políticamente” desde que perdió la Junta de Andalucía, pero tampoco son ajenos al riesgo que se asume cada vez que se pronuncia en urna la militancia. Y más si se hace justo en el momento en que el Gobierno allana el camino de unos indultos que la militancia andaluza nunca vio con buenos ojos. De momento, los candidatos en liza han pasado de puntillas por el asunto, pero nadie descarta que Susana Díaz entre en la cuestión cuando el domingo comience la campaña, y a pesar de que cuando el Gobierno empezó a tramitar las medidas de gracia se posicionara del lado de Sánchez. Eran tiempos en los que la baronesa trataba de ganarse el favor del presidente y no había día en que no le dispensara un elogio o hiciese ostentación de una sintonía que solo existía en su cabeza.
El caso es que si ganase Díaz y no Espadas, Sánchez llegaría al Congreso Federal que se celebrará en Valencia el próximo octubre con dos derrotas sonoras, una electoral y otra orgánica, después de haber acumulado hasta cinco victorias desde que llegó por segunda vez a la secretaría general del PSOE. Aun así, en su entorno más cercano creen que en todo caso el cónclave, para el que Sánchez prepara una profunda renovación del partido, será un “paseo militar”, ya que no hay “nada ni nadie que pueda emerger como alternativa viable” al actual liderazgo. Una consideración que comparten los barones –en este caso sin fisuras–, aunque las primarias andaluzas las ganase Susana Díaz. “Susana no encontraría esta vez el más mínimo apoyo en ninguno de nosotros para una nueva batalla política contra el secretario general. Por encima de todo, está la estabilidad del Gobierno”, zanja García-Page.
Cuestión distinta es que una derrota de Espadas, el candidato que a juicio de Ferraz puede articular un nuevo proyecto político y orgánico en la federación más numerosa del PSOE, empuje a Sánchez a mover ficha para recuperar la iniciativa política, tras el hundimiento en Madrid y su primer varapalo orgánico. Ante ese escenario, opina un ministro, no es descartable que se precipite la crisis de gobierno de la que se habla hace semanas para reforzar el gabinete y dar un nuevo impulso a la legislatura. En principio, en el PSOE se esperaban los cambios para después del verano y antes del congreso de Valencia, pero ahora todo está supeditado al resultado de Andalucía y a la espera de saber si finalmente Juan Manuel Moreno Bonilla anticipa las elecciones, después de que Vox le haya retirado el apoyo. En Ferraz barruntan que una hipotética victoria de Susana Díaz pueda precipitar la convocatoria y deje fuera de juego al socialismo andaluz durante los próximos cuatro años con las derivadas emocionales y electorales que esa tercera derrota en un feudo histórico tendría para el PSOE y para Sánchez, aunque la candidata fuese Díaz.
Sea como fuera, el PSOE ha entrado en modo pánico y en una ebullición que no se veían desde que Sánchez llegó a La Moncloa y se acallaron por completo las voces críticas.