Sánchez coge aire tras ganar el pulso del decreto y reconstruir los puentes con Puigdemont

El viento ha cambiado para el Gobierno en poco más de una semana. Después de enlazar varios meses durísimos en lo político, con el calvario judicial auspiciado por la oposición y con la fractura de la mayoría parlamentaria por los desplantes de Carles Puigdemont, Pedro Sánchez coge aire tras ganar el pulso de las pensiones. El rechazo del Congreso al decreto ómnibus, con medidas de tanta trascendencia como las propias pensiones, las ayudas al transporte, a la DANA o el Salario Mínimo, sembró el desconcierto en el Ejecutivo. El mazazo parlamentario llegó incluso a hacer dudar entre las filas socialistas de la viabilidad de sostener mucho más tiempo en pie una legislatura que depende de Junts para cualquier votación. Pero fue el presidente quien ordenó mantener la apuesta.

En contra de lo exigido por los de Puigdemont y por el PP, e incluso del convencimiento de varios de los equipos ministeriales implicados, Pedro Sánchez no llevó la revalorización de las pensiones a un decreto específico en solitario. Tampoco convocó un Consejo de Ministros extraordinario con carácter urgente. Según fuentes del Ejecutivo, el presidente trasladó a su equipo su intuición de que las derechas, con PP, Vox y Junts en modo pinza, habían errado el tiro al decidir castigar al Gobierno con una votación de la que dependían políticas de tanto impacto en la vida de la gente. Y que la propia presión de la opinión pública acabaría por hacerlos recular.

Por eso mandó a su equipo de mayor confianza, con Santos Cerdán en interlocución permanente con Junts, y con Félix Bolaños y María Jesús Montero a la cabeza del contenido del decreto, a apurar todas las opciones de un acuerdo con Carles Puigdemont, quien apenas diez antes había “suspendido” de manera solemne sus relaciones con el PSOE. Consciente de la complejidad del encargo, el propio Sánchez llegó a contemplar que fuera necesario una semana más de margen antes de que el texto volviera a ser impulsado por el Consejo de Ministros. Pero las conversaciones consiguieron encauzarse durante el pasado lunes y apuntalarse durante la mañana del propio martes, por lo que se decidió apurar con el retraso del Consejo ante los visos de alcanzar la salida pactada que finalmente se concretó.

“Estos días nos han enseñado que, a pesar de todas las dificultades, el Gobierno de coalición progresista es el Gobierno de los acuerdos”, reivindicó el presidente, que también puso en valor “el diálogo y la negociación” como seña de identidad de su Ejecutivo. “No damos ningún partido por perdido, sudamos la camiseta hasta el final”, apostilló.

El presidente acudió a la sala de prensa de la Moncloa victorioso en su apuesta por mantener el pulso a las derechas con la revalorización de las pensiones en el centro del debate público. Desde que votaron en contra, un sinfín de portavoces del PP y Junts se desplegaron en entrevistas por todo tipo de medios de comunicación en un intento de explicar el sentido de su voto. Algo que, de puertas hacia dentro, en el partido de Puigdemont se reconoce que ni siquiera se llegó a entender bien entre los suyos. Que algunas de las excusas esgrimidas entonces resultaran directamente falsas, como la de que el decreto subía el IVA al aceite de oliva o que facilitaba la 'okupación' ilegal de viviendas, fue percibido en el Gobierno como la señal definitiva de que Junts asumía el paso dado como una equivocación y que, por tanto, había margen de maniobra para volver a negociar.

El resultado de esa estrategia del Ejecutivo es que Junts acepta ahora aprobar el decreto con la mayor parte de medidas económicas intactas y con apenas un añadido al capítulo de vivienda para dar avales a los propietarios. Y de paso desenmaraña el enredo de la proposición no de ley que exigía al presidente someterse a una cuestión de confianza y que ahora los socialistas sí tramitarán en el Congreso después de que los independentistas catalanes hayan accedido también a reformularla para vaciarla, aún más, de contenido. Una doble victoria política del PSOE tras meses de desafíos de Puigdemont.

Pero lejos de sacar pecho de la jugada o de intentar ajustar cuentas con Junts tras los insultos que profirió su portavoz parlamentaria a la bancada socialista durante el último pleno, en el Gobierno celebran como el principal éxito que la interlocución con un socio imprescindible haya vuelto a su cauce. Paradójicamente, creen en el PSOE que el voto en contra del PP al decreto de la semana pasada ha propiciado un espacio de entendimiento con Junts para retomar las conversaciones pendientes y volver a encauzar la legislatura. Algo que Alberto Núñez Feijóo hubiera cortocircuitado en caso de haber mandado a su grupo sacarle al Ejecutivo las castañas del fuego con las pensiones.

De ser así, señalan los socialistas que el PP hubiera ahondado en la crisis de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno y, de paso, le hubiera arrebatado a Sánchez el discurso del que hace bandera respecto a la subida de las pensiones que torpedea la derecha. Una jugada que no supieron atisbar en su momento en la calle Génova, donde esta semana se han visto obligados a autoenmendarse con el sentido del voto al decreto.

Competencias en inmigración

Con la oposición en fuera de juego y con la mayoría parlamentaria de la investidura cohesionada otra vez en torno al nuevo decreto, en la Moncloa las cosas se ven ya de otra forma. El objetivo de sentarse a negociar unos Presupuestos que den estabilidad a la legislatura sigue intacto, pero en el Gobierno admiten que no se han empezado a negociar y que aún quedan piedras en el camino por sortear.

La que más preocupa es la negociación con Junts para la delegación de competencias en la gestión de la inmigración a la Generalitat de Catalunya, comprometida hace justo un año a cambio del voto a favor de los siete diputados independentistas catalanes a otro decreto económico. Desde hace meses y de manera periódica se reúnen en el Congreso los equipos del ministerio de Inmigración de Elma Saiz, con la secretaria de estado al frente, junto a representantes de Junts encabezados por Francesc Homs. Y esas conversaciones avanzaron tanto respecto a la delegación de los recursos de acogida, dependientes de ese ministerio, que las dos partes se mostraron convencidas hace un mes de encontrarse a las puertas de un acuerdo.

Sin embargo, la última exigencia de Junts imposibilita por ahora una luz verde que, según todas las fuentes consultadas, no está claro que pueda producirse de forma inminente. Porque en privado, durante sus conversaciones con la cúpula del PSOE, Puigdemont se muestra rotundo: exige la competencia exclusiva de los Mossos de Esquadra en el control de fronteras terrestres, marítimas y aeroportuarias y también en la expedición de permisos de residencia, trabajo o acogida. Algo que los socialistas están convencidos que rebasa con creces los límites de la Constitución y a lo que en el ministerio del Interior se oponen de forma clara.

Que se supere o no ese escollo, no menor si se tiene en cuenta, además, que Junts exige las competencias en inmigración en el contexto de una competición electoral con los ultras xenófobos de Aliança Catalana, determinará en gran parte si el terreno queda lo suficientemente despejado con Junts como para sentarse de una vez a hablar de los Presupuestos. Es el gran objetivo, apuntan en el Gobierno, convencidos de que una legislatura larga se volvería “interminable” para una oposición que anuncia desde tiempos inmemoriales que Pedro Sánchez está acabado. Aunque en la Moncloa dan por bueno, de momento, que Carles Puigdemont siga sin dar muestras reales de querer tumbar al Ejecutivo y haya vuelto a coger el teléfono para negociarlo todo. Lo contrario, una vez más, de lo que dijo hace justo quince días.