“Las leyes antimemoria son un atentado contra la democracia y contra la dignidad de las víctimas”. Así de rotundo ha cargado el presidente del Gobierno contra la contrarreforma emprendida por el PP y Vox en materia de memoria democrática en aquellos ejecutivos autonómicos en los que gobiernan en coalición.
Durante su intervención en el acto del Día de homenaje a las víctimas del exilio celebrado este miércoles en Alicante, Pedro Sánchez ha vuelto a comprometerse a poner “todas las herramientas del estado de derecho” en hacer cumplir la ley que protege la dignidad de las víctimas del franquismo.
“Lo que hacen se puede llamar de muchas maneras pero nunca se puede llamar concordia, se llama revisionismo histórico”, ha dicho entre continuos mensajes a la derecha. “Jamás debe utilizarse la historia como táctica política. Pensábamos que en 2024 la derecha española tendría superados algunos debates como llamar dictadura al franquismo”.
Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado esas acusaciones. “Por supuesto que no, en ningún caso”, ha contestado al ser preguntado durante un acto del periódico económico Expansión sobre si esas leyes de concordia están ayudando a blanquear el franquismo. El líder del PP ha añadido que su partido no tiene “ningún inconveniente en decir que el franquismo ha sido una dictadura”, aunque a continuación ha optado por incluir en la ecuación a ETA para recordar que “es una banda terrorista”. “Lamentablemente el Gobierno no puede confirmar que ETA sea una banda terrorista”, ha apostillado.
La semana pasada hasta tres relatores de Naciones Unidas dejaron clara su postura respecto a la legislación impulsada en autonomías como Castilla y León, Aragón o Valencia: las denominadas “leyes de concordia” que han impulsado PP y Vox como contrarreforma a la legislación sobre Memoria Democrática en vigor ponen en riesgo el cumplimiento por parte de España de la legislación internacional sobre la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos.
Así lo concluyó el informe del Relator Especial y del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. Un documento remitido en respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno de España tras los pasos atrás consumados por las coaliciones de derecha y extrema derecha.
“Las llamadas leyes de concordia aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla y León y Valencia podrían transgredir la obligación del Estado español, incluyendo sus tres poderes y sus entidades nacionales y locales, de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos”, reza el informe entre sus conclusiones, en las que se denuncia que esas contrarreformas “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de Derechos Humanos” cometidas en el franquismo y “previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia”.
El informe recuerda que la legislación internacional y el respeto a los tratados firmados por España compete a todos los poderes del Estado y alerta de que las normas autonómicas “de concordia” comprometen el respeto de España a esa legislación.“ Recordamos en este sentido que todos los poderes del estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades de gobierno cualquiera sea su nivel, nacional, regional o local, deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, y que el incumplimiento de estas obligaciones por parte de tales entidades o autoridades están en condiciones de comprometer la responsabilidad del estado español y la propia”.
Respecto al intento de equiparar a las víctimas del franquismo con las de otro tipo de crímenes, sea cual sea su naturaleza, el informe de la ONU también manda un mensaje a los gobiernos autonómicos de PP y Vox en Castilla y León, Valencia y Aragón. “Si bien notamos la importancia de asegurar la no discriminación a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a todas las victimas de la violencia, sin discriminación alguna, el proyecto de ley podría llevar a asimilar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España, quitándole el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles de victimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, cometidas durante la dictadura franquista”.