“Están pagando justos por pecadores”. Es la lectura que ha hecho Pedro Sánchez de la ratificación de las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE. El presidente del Gobierno ha enfatizado que los exdirigentes socialistas ya dirimieron sus responsabilidades políticas al dimitir “hace más de un lustro” y sobre todo que no han sido acusados ni por enriquecerse personalmente ni por haber financiado irregularmente al PSOE. Lo que no ha querido es pronunciarse sobre los posibles indultos que puedan solicitar los afectados, especialmente Griñán, que está condenado a seis años de prisión. Su defensa ya ha anunciado que recurrirá al Constitucional la sentencia del Supremo y pedirá suspender la ejecución de su condena para evitar la entrada en la cárcel.
“Respetamos, como siempre, las decisiones judiciales”, ha comenzado Sánchez en contestación a los periodistas en una rueda de prensa en Varsovia, donde ha comparecido junto al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, tras celebrar una reunión de alto nivel entre ambos países: “Hemos conocido el fallo judicial. No conocemos el contenido de la sentencia, hasta septiembre no vamos a poder tener una lectura clara”. Las palabras del presidente denotan un cierto enfado con el tribunal. Fuentes gubernamentales critican que vayan a tardar más de un mes en hacer pública la sentencia tras haber dado a conocer la ratificación de las condenas.
A diferencia de otras ocasiones, cuando el PSOE marcó distancias con los expresidentes andaluces, en esta ocasión ha salido en su defensa al lamentar las altas condenas, especialmente la de Griñán, sin que se hayan llevado “ni un euro” de las arcas públicas a sus bolsillos. “Chaves y Griñán dimitieron de sus responsabilidades políticas hace más de un lustro. No han sido condenados y ni siquiera acusados de haberse lucrado ni haberse llevado un céntimo de euro ni haber financiado irregularmente el partido”, ha aseverado Sánchez, que ha vuelto a repetir que “no ha habido enriquecimiento, ni financiación irregular y sí responsabilidades políticas” antes de asegurar que preside “un gobierno limpio, que ha sido siempre implacable contra la corrupción”.
“Hemos condenado siempre los comportamientos de quienes se aprovecharon de un mecanismo aprobado por el Gobierno andaluz y el Parlamento de Andalucía que ayudó a cientos de trabajadores y empresas en momentos de muchísima dificultad. En ningún momento se puede afirmar que Chaves y Griñán hayan tenido nada que ver con nada de lo que antes he señalado. Podemos afirmar que están pagando justos por pecadores”, ha afirmado Sánchez.
La pregunta que deja sin responder el Ejecutivo es si lo que hicieron Chaves y Griñán puede considerarse corrupción dado que Sánchez defendió modificar la ley para prohibir que se pueda conceder el perdón gubernamental a personas condenadas por ese tipo de delitos. “Pronunciarme sobre hipótesis no procede. Los pasos que han decidido las defensas serán los que sean y el Gobierno lo que va a hacer es actuar en el marco de la ley y colaborando con la justicia”, ha respondido el presidente a la pregunta sobre la medida de gracia para los expresidentes andaluces.
A Sánchez le han preguntado también por la situación del periodista español Pablo González, encarcelado en Polonia desde hace 150 días acusado de espiar para Rusia. El presidente ha reconocido que ha abordado el asunto con el primer ministro Morawiecki, pero no ha dado más detalles. “He agradecido la colaboración del Gobierno polaco”, ha afirmado el presidente, que ha recordado que González “recibe asistencia consular como cualquier otro ciudadano español en esta situación” y que “el cónsul le ha visitado en varias ocasiones y le ha encontrado bien”. “Este es un asunto que está en manos de los tribunales polacos”, ha agregado Sánchez, que ha mostrado respeto al “Estado de derecho y la justicia polaca” al igual que lo solicita “siempre” para la justicia española. También ha asegurado que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, está en contacto con su homólogo polaco “para hacer seguimiento sobre el tema y prestar apoyo a la familia del español que está ahora mismo sometido a juicio”.
Sánchez ha viajado este miércoles a Varsovia acompañado de los ministros de Exteriores, Defensa, Comercio, Industria y Turismo, Transportes y Seguridad Social e Inclusión, este último como gesto por la labor que está desempeñando Polonia en la acogida de refugiados. La reunión de alto nivel, que sigue a la que en mayo de 2021 se celebró en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, persigue reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países, que tienen importantes relaciones comerciales con una balanza que superó el pasado año los 14.000 millones de euros.
En esta ocasión, la presencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, buscaba suscripción de una declaración marco de apoyo para el contrato que ha suscrito Ineco en el marco de del proyecto de conexiones “Nudo de Transporte Solidaridad” en Polonia, que tiene un potencial económico de unos 28.000 millones, según fuentes del Gobierno español. En el caso de Margarita Robles, ha firmado un memorando de entendimiento en materia de Defensa con el Gobierno polaco.
Preguntado por el incremento del gasto militar en los próximos presupuestos, que es un asunto que despierta las reticencias de Unidas Podemos y también de los aliados parlamentarios de la izquierda, Sánchez ha evitado dar cifras concretas y se ha ceñido a defender que el aumento suponga llegar al 2% del PIB en 2029.