Pedro Sánchez ha arrancado el curso político dejando claro que la voluntad del Gobierno es que la recuperación llegue a todos los “bolsillos” y, como primera medida, quiere que suba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se quedó congelado en 2021 a instancias de la parte socialista del Ejecutivo a la espera de la marcha de la economía. En el acto bajo el lema “Recuperación justa” en el que ha expuesto sus prioridades para el nuevo curso, el presidente ha asegurado que la voluntad de la coalición es que haya una “subida inmediata” del SMI. Lo ha hecho ante la plana mayor del Ibex-35 y también de los representantes de los sindicatos mayoritarios, que se sentarán este mismo miércoles con la patronal y representantes del Ministerio de Trabajo para abordar el asunto. El objetivo último es que el salario mínimo llegue al 60% del sueldo medio cuando acabe la legislatura. “No estamos como hace un año, estamos mucho mejor”, ha sentenciado el presidente en su alocución.
El plan normativo que el Consejo de Ministros aprobó este martes refleja precisamente esa subida del SMI para 2021 y un actualización para el próximo año. La parte socialista del Gobierno considera que se dan las circunstancias para elevar el SMI tras meses congelado en 950 euros mensuales dado el crecimiento que experimenta la economía española y que se prevé para 2022, además de que el Ejecutivo recalca que se ha logrado recuperar la tasa de empleo similar a la que había antes de la pandemia. El anuncio se produce de boca del presidente, además, después de que la inflación se haya disparado en agosto al 3,3% como consecuencia de la subida de la luz, su máximo en casi diez años, un asunto al que le ha otorgado una especial relevancia en su intervención.
Pese a la voluntad del Gobierno y los sindicatos, la patronal ha avanzado hasta ahora su resistencia a una subida del salario mínimo. Su argumento es que el SMI ha experimentado entre 2018 y 2020 una subida del 31,8%, sin precedentes hasta ahora, y que hay empresas y negocios que no se han recuperado de la crisis. Sin embargo, la intención de Trabajo es seguir la pauta del informe de los expertos que recomendó subir este mismo año entre 12 y 19 euros para alcanzar la meta del 60% del salario medio cuando acabe la legislatura en 2023.
Sánchez, que se ha comprometido a presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2022 “a finales de septiembre o principios de octubre”, ha enfatizado que la recuperación es posible gracias a la vacunación justo en el momento en el que España ha logrado el objetivo del 70% de la población inmunizada y ha aprovechado para desgranar cuáles deben ser los ejes en los que se sustente esa recuperación y la modernización de la economía, entre ellos el mantenimiento del estado de bienestar con el sistema sanitario a la cabeza, pero también la educación, las pensiones -ha recordado el acuerdo con los agentes sociales para la recuperación por ley de la revalorización de las pensiones conforme al IPC- o el Ingreso Mínimo Vital.
Pero en el capítulo de reformas -y “no contrarreformas”, según ha expresado- Sánchez se ha detenido en el alza del precio de la luz, que es una amenaza para la “recuperación justa” que el presidente quiere que llegue “a todas las capas de la sociedad española”. Sánchez ha señalado que el Gobierno “se hace cargo de la preocupación social” ante la “compleja situación del sector energético y del mercado mayorista”, aunque ha advertido de que se puede “dar una única respuesta”.
Rechaza intervenir el mercado eléctrico y promete reformas
“El Gobierno se hace cargo de la preocupación social. Y por eso, el Gobierno ha actuado, actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios de la energía”, ha expresado el presidente, que ha deslizado ante las tensiones dentro de la coalición que el Ejecutivo se moverá “siempre dentro del marco regulatorio europeo”. Se ha posicionado así veladamente del lado de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que rechaza de plano la propuesta de Unidas Podemos de que se intervenga el mercado de la luz.
Sánchez ha defendido la actuación del Gobierno hasta ahora, con las bajadas del IVA y la suspensión del impuesto de producción energética, la ampliación del bono social o las ayudas al autoconsumo, entre otras, en un momento en que el mercado mayorista de la electricidad está disparado -este miércoles va a encadenar su tercer máximo histórico consecutivo, por el encarecimiento del CO2 y el gas-, tras dispararse la factura de un consumidor doméstico un 46%, según Facua.
En presencia de los principales responsables de las empresas energéticas, como Iberdrola o Endesa, Sánchez ha reconocido que los gobiernos anteriores cometieron errores en la gestión del asunto, aunque no ha querido profundizar. El presidente ha reconocido que el problema carece de una única solución y ha abogado por una agenda “reformista” de medidas “coyunturales, estructurales y de protección social de los consumidores más vulnerables”.
Pero también ha pedido que el Parlamento tramite de forma “rápida” el fondo para sacar las primas a las renovables de la tarifa y el recorte a la hidráulica y la nuclear por el encarecimiento del CO2; ha recordado que el Gobierno prepara medidas para reducir la volatilidad de la tarifa regulada de la luz y ha dado la “bienvenida” a la Comisión de estudio del Congreso que va a estudiar esta subida.
En el apartado de lecciones que ha dejado la pandemia, Sánchez ha acabado refiriéndose a la “lealtad” y ha aprovechado para hacer un nuevo llamamiento a Pablo Casado para que se avenga a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos constitucionales que llevan años bloqueados. Una lealtad que no le pide para con el Gobierno sino con la Constitución, que establece la renovación del órgano de gobierno de los jueces cada cinco años y que se acerca a los ocho con su actual composición. “Ninguna formación política tiene el derecho a incumplir sus obligaciones constitucionales. A situarse fuera de la Constitución. Ello menoscaba el prestigio de nuestra democracia y nuestra arquitectura constitucional”, ha expresado Sánchez apenas 24 horas después de que el líder del PP advirtiera a los socialistas de que pierdan “toda esperanza” de alcanzar un acuerdo.
El presidente ha avisado, además, a Casado de que quedan por delante unos 850 días de legislatura hasta finales de 2023 en los que el Gobierno seguirá “actuando”, según ha dicho como lo ha hecho en los 603 días desde que salió investido. Sánchez ha marcado como prioridades para el próximo curso culminar la vacunación, la recuperación y la modernización del país basada en pilares como la digitalización y la apuesta por lo verde en un discurso en el que ha obviado todo lo referente a Catalunya y el conflicto territorial.
Críticas de Casado y Arrimadas
Casado, que ayer le dijo a Sánchez que “abandone toda esperanza” de renovar el Poder Judicial, ha optado este miércoles por calificar la conferencia del presidente del Gobierno de “acto elitista de autobombo” y le ha pedido, en cambio, que convoque en el Congreso un debate sobre el estado de la nación.
“Sánchez bloquea tres años el debate del estado de la nación y lo cambia por otro acto elitista de autobombo pagado con nuestros impuestos”, ha escrito en un mensaje en su perfil de Twitter.
Casado ha afirmado además que el presidente del Gobierno “miente con la recuperación justa, porque sube impuestos, despilfarra en cargos y no hace nada frente al récord histórico del precio de la luz hoy”.
También se ha sumado a las críticas contra Sánchez la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien le ha reprochado que no ofrezca “ni una sola iniciativa para combatir la dramática subida del precio de la luz”. “El Gobierno sigue sin actuar y lo peor está por llegar. Urge un Plan de Choque y una Mesa por la Energía para dar soluciones a corto y medio plazo”, ha insistido.
Su compañero de partido, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha tildado la conferencia de “monólogo sin preguntas, una vuelta al cole sin pasar por clase” y ha censurado, al igual que Casado, que no comparezca en el Congreso: “Tiene alergia al Parlamento y a la democracia”.