Sánchez deja para septiembre la asignatura de la financiación catalana

Como ocurre con las asignaturas más complicadas, Pedro Sánchez ha dejado para septiembre el debate sobre la financiación catalana. El pacto entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa president de la Generalitat llegó justo a las puertas del fin de curso político y la consigna entonces en la Moncloa y en Ferraz fue clara: aparcar cualquier discusión pública o interna hasta que la presidencia del líder de los socialistas catalanes no fuera una realidad. 

Por miedo a que la investidura de Illa descarrilase, el hermetismo respecto a lo firmado con Esquerra en el capítulo fiscal ha llevado incluso al Ejecutivo a evitar matizar o detallar el supuesto concierto o cupo catalán apalabrado. Y el temor parecía fundado. En medio de una crisis interna fruto de sus resultados electorales, ERC afrontó dividida la negociación con los socialistas de un acuerdo que luego tenía que ser refrendado por unas bases igualmente fragmentadas. Una moneda al aire que salió cara gracias al 53,5% de los apoyos al pacto por parte de la militancia.

“Estamos resolviendo la mayor crisis institucional que ha vivido la historia de nuestra democracia”, dijo el presidente del Gobierno en su comparecencia de balance del curso político hace dos semanas en la Moncloa para poner únicamente el foco en el hito político que supone el fin a una década de procès con declaración unilateral de independencia incluida. La presidencia de Salvador Illa, además, tiene mucho de victoria personal para el propio Pedro Sánchez, que ve de esta forma recompensada su arriesgada apuesta por la normalización de Catalunya con los indultos y la amnistía. 

Pero el Gobierno sabe que la del modelo de fiscalidad singular catalana será la siguiente batalla política de primer nivel que deba afrontar a la vuelta de las vacaciones. Negociada en el marco de un acuerdo de investidura, al margen del resto de territorios y de formaciones políticas a pesar de sus implicaciones para el conjunto del sistema de financiación del Estado, Sánchez y su Ejecutivo tienen cola para dar explicaciones. Las exigen el resto de Comunidades Autónomas, la mayor parte de grupos políticos del Congreso de los Diputados y hasta muchos de los propios líderes territoriales del PSOE, algunos de los cuales no han tenido reparos en mostrar públicamente su rechazo.

Esas críticas internas no han llegado solamente por los canales habituales del disenso. Más allá del castellanomanchego Emiliano García-Page y del aragonés Javier Lambán, otros dirigentes que han hecho gala de su cercanía a Pedro Sánchez han reconocido abiertamente sus recelos por la hipotética ruptura de la caja común. “Rechazamos la salida de cualquier comunidad del régimen común. Nosotros no apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias”, reaccionó el presidente del Principado, Adrián Barbón. En unos términos similares se expresó el líder de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca. 

La vicesecretaria general de los socialistas y ministra de Hacienda, a la que la oposición le había reclamado insistentemente explicaciones, se apresuró a taponar cualquier vía de agua interna en cuanto Salvador Illa fue proclamado president. “El PSOE avala y apoya en su totalidad el acuerdo suscrito entre el PSC y ERC”, dijo la también vicepresidenta el pasado sábado. 

Preguntada en concreto por el capítulo fiscal del acuerdo, optó por despejar balones y dejar incluso en el aire que el compromiso pactado con Esquerra pueda llegar a cumplirse al pie de la letra. “Hay cuestiones que tienen que ver con cambios normativos para las que tendremos que ser capaces de concitar el acuerdo con el resto de fuerzas políticas presentes en el arco parlamentario, que tienen que apoyar todas esas modificaciones normativas”, puntualizó antes de abrir la puerta a una negociación política compleja de meses y con más actores implicados. “Nos sentimos cómodos con este acuerdo, lo avalamos al cien por cien, y por tanto lo vamos a impulsar de forma progresiva, reflexiva y razonada con el resto de grupos políticos a lo largo de los próximos meses”, dijo Montero.

Por delante, el Gobierno tiene foros en los que no tendrá nada fácil el consenso respecto a lo pactado de manera bilateral entre el PSC y ERC. Está por concretarse la fecha exacta de la conferencia de presidentes que Pedro Sánchez anunció para el mes de septiembre y en la que es seguro que se encontrará con el rechazo frontal de todos los líderes de ejecutivos autonómicos en manos del PP además del poco entusiasmo, cuanto menos, de los presidentes de su propio partido. 

También deberá convocarse nuevamente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el foro de discusión entre el Ejecutivo central y los consejeros y consejeras autonómicos del ramo, muy críticos con María Jesús Montero después de que la ministra negase un cupo catalán en la última convocatoria del 15 de julio, justo dos semanas antes de que su partido diera el visto bueno al acuerdo con ERC. 

Tampoco lo tendrá fácil el Ejecutivo para ahormar una mayoría parlamentaria en el Congreso que respalde una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas en el sentido que dibuja el pacto de investidura de Salvador Illa. Además del rechazo frontal de la oposición, grupos políticos como el PNV o algunas de las corrientes que integran Sumar han mostrado sus reticencias, y otros como el BNG exigen pasos equivalentes en Galicia. 

En el documento del acuerdo de investidura entre el PSC y ERC apenas si se esbozan las líneas maestras de una declaración de intenciones que, no obstante, supone ya un compromiso político entre los socialistas y los republicanos sobre una demanda histórica del independentismo que tanto el departamento de María Jesús Montero como el Gobierno en su conjunto habían rechazado de manera explícita y reiterada. 

En el apartado ‘B’ del segundo punto de ese acuerdo, justo el que hace referencia a una financiación “singular” de Catalunya, se plantea abiertamente que el nuevo modelo ha de estar basado en “la negociación bilateral con el Estado”. Es decir, al margen de los foros de negociación multilateral con el resto de territorios. A continuación, el texto firmado por ambos partidos incluye dos enunciados.

El primero, del que hace bandera Esquerra, no deja lugar a la interpretación: “Que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya (...), que corresponden a la Agencia Tributaria de Catalunya, salvo los de naturaleza local”. El segundo, en el que pone toda la atención el Gobierno de Sánchez: “La aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta a Catalunya y la aportación a la solidaridad”. 

Ni sobre el desarrollo de la Agencia Tributaria de Catalunya y sus competencias ni sobre los mecanismos de solidaridad hay, por el momento, ningún detalle más. Aunque todas las fuentes consultadas coinciden en la complejidad del desarrollo práctico de ese acuerdo político, nadie en el PSOE ni en el Gobierno se atreven a plantear abiertamente la posibilidad de no cumplirlo, algo que en cualquier caso podría acabar por achacarse a la falta de una mayoría parlamentaria que respalde la reforma.