“La derecha política, económica y mediática quieren que los progresistas nos rindamos y no nos vamos a rendir”. Es la declaración de intenciones de Pedro Sánchez ante el comienzo de un nuevo curso que será especialmente complicado por la crisis energética y el alza de los precios y resume el giro que el presidente del Gobierno imprimió a su discurso ya antes del parón estival. Frente a su mandato, que resume en un intento por defender a la clase media y trabajadora, sitúa a Alberto Núñez Feijóo del lado de una minoría poderosa. “Las propuestas del PP y su oposición al mecanismo ibérico representa una cierta insolvencia y una defensa desesperada de intereses de las grandes energéticas en nuestro país”, ha dicho el socialista en una entrevista en TVE.
“El poder del dinero es grande, pero en democracia no hay poder mayor que el de la mayoría”, ha expresado un Sánchez que emula al que se hizo con las riendas del PSOE frente a los aparatos del partido y los poderes que denunciaba iban en contra de un acuerdo progresista. “Muchos ciudadanos pueden pensar que cada cuatro años votan pero no eligen a los que deciden. Hay que decirle a esos poderes que no pueden condicionar la política del país”, ha agregado sobre las resistencias a decisiones de la coalición como los impuestos especiales para energéticas y corporaciones financieras por los beneficios extraordinarios que están teniendo en estos tiempos por la subida de los precios de la energía y el endurecimiento de la política monetaria.
El mismo día que el Congreso ha avalado la admisión a trámite de esos gravámenes con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos, Sánchez ha insistido en la necesidad de hacer un “reparto justo de las cargas” que deja la crisis. “Tenemos que hacer que los costes de esta crisis sean repartidos de manera equitativa”, ha reiterado el presidente, que sostiene que hay empresas que se están beneficiando de la actual situación al igual que, según ha manifestado, las tecnológicas salieron mejor paradas en la pandemia.
Lo que ha rechazo es la propuesta de Podemos de establecer un tope a las hipotecas variables. “No están permitidos en el tratado de la UE”, ha explicado: “Comparto el análisis que hace Unidas Podemos y también UGT de que el endurecimiento de la política monetaria, que es necesario, no se traslade a un aumento de las hipotecas que ponga en más dificultades a las familias. Eso explica que el Gobierno haya propuesto un gravamen sobre los beneficios extraordinarios sobre las empresas financieras y energéticas”.
Moncloa quiere evitar la confrontación con el socio minoritario y por eso ha rebajado el tono con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por su intento de lograr un acuerdo con los grandes supermercados para poner un tope a algunos alimentos básicos. En un principio el ala socialista descalificó la propuesta y en los últimos días sostienen que no se puede imponer un precio máximo pero avalan que la ministra de Trabajo trate de lograr un entendimiento con las empresas. Sánchez ha hecho una “apelación a la responsabilidad compartida” para que los precios no se disparen afectando a los bolsillos. Orgulloso de la ley de cadena alimentaria que se alumbró a raíz de un acuerdo para que los productores no vendieran a pérdidas, el presidente ha defendido “un análisis equilibrado entre la producción y la distribución”. Lo que ha reclamado a los empresarios es que “arrimen el hombro” en un momento en el que está enquistada la negociación del pacto de rentas y que el ala socialista del Gobierno apuesta por que los salarios suban al menos un 3,5%.
Sánchez se ha mostrado alejado de lo que ha denominado la “casquería política” cuando el periodista Xavier Fortes le ha preguntado por las encuestas y, aunque ha dicho que los gobernantes no están para quejarse sino para resolver problemas, ha deslizado un cierto hartazgo por la complejidad del mandato que lleva a las espaldas al reconocer que “salvo una invasión zombi” ha encarado numerosas situaciones inéditas como la pandemia o ahora los efectos de la guerra en Ucrania.
Le constan negociaciones en el Poder Judicial
En clave nacional, la determinación de Moncloa es apuntar al PP, que ha crecido en todos los sondeos desde la llegada de Feijóo. Y el bloqueo del Poder Judicial es uno de los asuntos que más enerva al Ejecutivo. Sánchez sostiene que el partido de Feijóo quiere que persista el bloqueo para mantener una mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional que ponga en peligro leyes que han recurrido como la de eutanasia, la del aborto, la educativa o incluso la votación de la reforma laboral, que salió adelante por el error de un diputado del PP después de que los dos parlamentarios de UPN rompieran la disciplina de partido.
A escasos minutos de que venza el plazo que da la ley al Poder Judicial para designar los dos magistrados que le corresponden en el tribunal de garantías, Sánchez ha asegurado que le consta que hay negociaciones en marcha y se ha mostrado convencido de que se resolverá pronto. “No dudo que en unos días tendremos la propuesta de esos dos magistrados”, ha asegurado. No obstante, no se ha pronunciado sobre una hipotética dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, si no se renueva ese órgano en próximas fechas. “Comparto la indignación del presidente del Poder Judicial que lleva en funciones demasiado tiempo”, se ha limitado a decir antes de señalar de nuevo la “responsabilidad” del PP y de recordar que, cuando la anterior dirección de ese partido mostró voluntad de llegar a un entendimiento, el acuerdo se fraguó en 24 horas.
No descarta el indulto a Griñán
Sánchez ha medido su respuesta sobre la concesión del indulto al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, cuya condena a seis años de cárcel ha convulsionado al socialismo, que se ha movilizado para reclamar la medida de gracia. “No conocemos el contenido de la sentencia. Sabemos el fallo pero no el contenido”, ha recordado el presidente, que ha apuntado a que “parece que ha sido discutida” dado que hubo tres magistrados a favor de esa resolución y dos en contra. “Habrá que ver los votos particulares”, ha dicho el socialista, que no ha descartado el indulto: “El presidente del Gobierno va a respetar los trámites y los procedimientos. La decisión que tomemos será acorde con la ley y con absoluta transparencia”.
Como había hecho la portavoz previamente, Sánchez se ha desmarcado de la presencia de Juan Carlos I en el funeral de la reina Isabel II el próximo lunes. “En esta cuestión puedo decir que el Gobierno está totalmente coordinado con la Casa Real y nos ocupamos y preocupamos de la delegación que va encabezada por el jefe del Estado y reina Letizia”, ha contestado el presidente, que sobre la presencia del emérito se ha limitado a decir que “es una cuestión que compete al rey Juan Carlos”, evidenciando una vez más la incomodidad que genera el exjefe del Estado al Ejecutivo.