Se la juega Sánchez, se la juega el Gobierno, se la juegan las autonomías, se la juegan los alcaldes y nos la jugamos todos. Esto no va de votos, ni de siglas, ni de ver quién llega y cómo el primero a ninguna parte. Lo que está en juego es la salud de 47 millones de españoles y el primero que intente sacar rédito de la grave situación será señalado. El combate a la pandemia exige unidad, coordinación y liderazgo claro, no una maraña de decisiones unilaterales ni una sucesión de declaraciones disonantes desde los territorios que confundan más a los angustiados ciudadanos . Ha llegado el momento de la responsabilidad con mayúsculas. ¿Errores? ¿Decisiones tempranas? ¿Medidas tardías? ¿Silencios? Tiempo habrá de profundizar en ello.
De momento, los próximos quince días nos examinamos todos. El primer Ejecutivo de coalición de la España democrática, el primero. Pero también el líder de la oposición, Pablo Casado –que ya ha hablado de “negligencia dolosa” de Sánchez– y todos y cada uno de los presidentes autonómicos, que tendrán que digerir que esto no va de votos, ni de competencias, ni de jurisdicciones, ni de fronteras, ni de siglas.
Que Sánchez haya llegado tarde –de hecho, hubo que esperar 28 horas después de que anunciara el estado de alarma para conocer el alcance de la decisión– no significa que anoche no hiciera esfuerzos para inyectar una profunda carga de emotividad a la comparecencia con la que llamó a la “unidad para vencer al verdadero enemigo, que es el virus”. Las medidas adoptadas, que entrarán en vigor esta misma noche, son “drásticas” e implican “sacrificios” y Sánchez no ocultó que tendrán “gran impacto económico y social”.
La respuesta será, por tanto, homogénea en todo el territorio nacional: “Ni colores políticos, ni ideologías, ni territorios. Los ciudadanos son los primeros”, subrayó el presidente. El mensaje fue contundente. Tanto como lo será el combate a la pandemia. Y el estado de alarma incluye por ello que la única autoridad competente en toda España será el Gobierno de la nación y que las policías autonómicas y locales igual que los servicios sanitarios públicos y privados pasarán a depender del mando único.
Las Comunidades conservan todas sus competencias siempre bajo la supervisión de las autoridades competentes delegadas que, según el decreto ya publicado en el BOE, son los titulares de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad del Gobierno de España. Pero el lehendakari y el presidente de la Generalitat han decidido hacer un frente común para evitar lo que entienden que esto un 155 encubierto.
“Esto no puede ser el ejército de Pancho Villa. Tenemos una responsabilidad ante los ciudadanos y el espectáculo no puede ser más desolador. Esta crisis nos puede llevar a todos por delante y aún hay quien cree que el coronavirus entiende de estatutos de Autonomía”. El entrecomillado es de un presidente autonómico, perplejo por el reguero de decisiones unilaterales que han tomado presidentes y alcaldes para frenar la expansión de la enfermedad, y no todas ellas en coordinación con el Gobierno de España.
La difusión a primera hora de la tarde del borrador de decreto de alarma ha puesto a algunas Comunidades en pie de guerra este sábado. A unas por la ausencia de información –más allá de lo publicado por los medios de comunicación– y la falta de determinación del Gobierno y a otras, por entender que La Moncloa pretendía ir demasiado lejos en las atribuciones competenciales ya que ven en su contenido una especie de 155 de la Constitución encubierto.
Ni Catalunya ni Euskadi entienden que el decreto que estará en vigor al menos durante los próximos 15 días vaya a ser de facto un elemento recentralizador que invada competencias en materias de salud, seguridad y transporte, ya que todas ellas quedarían bajo un mando único del Gobierno.
La protesta de sendas autonomías se producía en pleno debate del Consejo de Ministros. Urkullu y Torra mantuvieron una conversación telefónica y coincidieron en hacer frente común contra lo que entendieron que puede suponer una invasión competencial sin precedentes. El borrador del decreto contempla que todas las policías, incluidas las autonómicas, queden bajo el mando del Ministerio del Interior en caso de ser necesario, así como los sistemas sanitarios autonómicos, que pasarían a centralizarse desde el departamento que dirige Salvador Illa.
Con matices respecto a Catalunya y Euskadi, pero ni Castilla-La Mancha, ni la Comunidad Valenciana, ni Madrid ven con buenos ojos tampoco que el Estado deje a las autonomías sin margen de maniobra cuando, en realidad, “han sido los gobiernos autonómicos quienes han ido adoptando decisiones ante la expansión del virus” y ante la “inacción del Gobierno”, sostienen algunas fuentes de estas autonomías.
Entre una posición y otra, emerge la de Extremadura, más partidaria de desterrar la “más baja política” que puntúa en estos momentos e ir sin contemplaciones a un “decreto de máximos” para parar de una vez la expansión del contagio y evitar en la medida de lo posible los estragos sanitarios, sociales, laborales y económicos que provocará sin duda esta crisis. “Esto no va de votos, sino de vida”, escribió el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en respuesta a la posición de Torra y Urkullu.
Ni unos ni otros han vivido jamás una situación de la dimensión de la que ya tenemos encima, pero todos coinciden en que si Catalunya y Euskadi no asisten, como ya se baraja, a la videoconferencia de la cumbre de presidentes, convocada por Sánchez para la mañana del domingo, el caos y la incertidumbre será mayor y las consecuencias económicas, sociales y políticas “lamentables”.
“Quien piense en clave partidista o en fronteras imaginarias es que no sabe lo que tenemos entre manos ni la responsabilidades que los ciudadanos nos pedirán a todos nosotros cuando esto pase”, asegura un presidente regional mucho más templado que otro que considera innecesario que el decreto descienda a demasiado detalles, ya que “la unidad de acción y la jerarquía” ya la tiene de facto el Gobierno y no es necesaria explicitarla en un texto ni siquiera en situación de emergencia sanitaria.
Son varios los que apuntan también a la Comunidad de Madrid como parte del problema de descoordinación entre administraciones, después de que la popular Díaz Ayuso impusiese el cierre de colegios, universidades y establecimientos solo para anticiparse al decreto del Gobierno. Desde la Puerta del Sol esgrimen, no obstante, que de no haberlo hecho la propagación del virus hubiera sido mayor a la ya registrada y que el Gobierno no ha estado “en ningún momento a la altura de las circunstancias”.