Sánchez se escuda en The Economist y Feijóo en Aldama

Socialistas y populares llegaron el miércoles al Congreso protegidos por escudos humanos. El PSOE traía de casa un análisis de The Economist para guarecerse de la lluvia y el PP prefirió apostar por el testimonio de Víctor de Aldama, el comisionista que consiguió salir de prisión tras declarar ante el juez que había sobornado a varios miembros del Gobierno.

Los demás estaban más atentos a lo que tuviera que decir Míriam Nogueras, portavoz de Junts, por intentar saber cuánto queda de legislatura. Nogueras dijo que el Gobierno tiene que mover “el culo” para que haya presupuestos. Lo que viene a ser que es posible que haya pacto siempre que María Jesús Montero se ponga las mallas y las zapatillas de correr. De momento, no ha terminado ni el calentamiento.

En la penúltima sesión de control del año, al PP aún le quedaban preguntas sobre las acusaciones de Aldama, aunque todas parecieron un poco desvaídas. La tragedia de Valencia ha monopolizado la atención de todos en las últimas semanas y da la sensación de que la derecha no ha aprovechado bien todo lo que le ofrecía el último giro de lo que empezó como caso Koldo. Lo que ocurre con el PP es que monta tal cirio cuando sale este tipo de noticias que a la semana ya está agotado y sin ideas nuevas. Sólo le queda repetirse. No tiene mayores problemas en sostener que todo lo que dijo Aldama, un pájaro de mucho cuidado, tiene que ser verdad.

Hasta dio por buenas las chulerías de Aldama, como esa frase de la pomada y las quemaduras. “Yo le diría a la señora ministra que vaya a una farmacia a comprar pomada para las quemaduras porque se va a quemar”, dijo, en relación a la vicepresidenta Montero, que no tuvo dudas en afirmar que pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete, eso que todo el mundo evita decir en estos casos.

“Ya es tarde. Ya están quemados”, acusó la diputada Patricia Rodríguez, del PP. No hay ni que terminar la instrucción ni mucho menos celebrar el juicio. Rodríguez ya ha emitido su sentencia.

Miguel Tellado pasó revista a todas las acusaciones de Aldama, no fuera que alguna no apareciera en el diario de sesiones. “Me ha preguntado el portavoz de un delincuente confeso”, le respondió Félix Bolaños. “Usted llega a ministro por su falta de escrúpulos”, le dijo después Tellado, una frase que no deja de tener su gracia viniendo de él.

Unas horas más tarde, Óscar Puente les chafó el entusiasmo. Su Ministerio ha revisado las licitaciones señaladas por Aldama como origen del pago de miles de euros a políticos socialistas. De las 38 obras públicas mencionadas y subrayadas por Aldama, 18 siguen sin licitar. Sólo seis son de la época de Ábalos como ministro de Fomento y cuatro se remontan a los gobiernos del PP.

Ante las arremetidas de Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez optó por la condescendencia, una actitud que no suele funcionar bien en los debates. “No ha tenido su día hoy, señor Feijóo. Un poco flojo”. Y eso que el líder del PP acabó su intervención diciéndole: “Usted es incompatible con España”. Es una frase realmente peligrosa que firmaría sin problemas Santiago Abascal. Los políticos que hablan en nombre de una minoría de diputados –en el caso del PP, 137 sobre 350– deberían cortarse un poco a la hora de afirmar quién representa a España y quién no.

A Sánchez todo eso le resbalaba bastante, porque llegó contentísimo a la Cámara. Con la misma intensidad con que un adolescente salido agarra una revista porno, el presidente había consumido el artículo de The Economist que destaca que la economía española ha sido la “número uno” este año entre todos los países desarrollados al valorar cinco factores: PIB, inflación, Bolsa, desempleo y déficit. A ello se une la última previsión de la OCDE, significativa al no limitarse a la macroeconomía. Calcula que el consumo privado aumente un 2,7% en 2024 y un 2,4% en 2025. Es otra de las razones por las que el PP casi nunca habla de economía, un caso único en los partidos conservadores europeos.

Sánchez mencionó el artículo de The Economist hasta en dos ocasiones para terminar diciendo que “España vive uno de los mejores momentos de las últimas décadas”. Su euforia tuvo un momento bizarro cuando Mertxe Aizpurua preguntó qué pasará con las medidas del escudo social que caducan el 31 de diciembre. Sánchez volvió a referirse al análisis de la revista británica y a presumir de las pensiones y el salario mínimo. Seguro que los destinatarios de las ayudas sociales a las que se refería la portavoz de EH Bildu no estarán entre los que aumenten su consumo al nivel previsto por la OCDE.

“Esperaba una respuesta más concreta”, le dijo Aizpurua. También podía haber dicho que esperaba alguna respuesta, la que fuera, al asunto por el que había preguntado.

El debate tenía otras cuentas pendientes de consecuencias de alcance nacional. Básicamente, si aumentan o disminuyen las posibilidades de que el Gobierno pueda contar con unos presupuestos en los primeros meses de 2025. Como la manta que te tapa los pies o la cabeza, pero no las dos cosas, aún no tiene una fórmula que satisfaga por igual a sus aliados de izquierda y de derecha.

El más reticente es Junts. En su estilo de amenazar y mostrar cara de enfado ante todo lo que ve, ha llegado a proponer a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso, una idea tan peregrina que no se le ocurre plantear ni al PP. En política, nadie se caracteriza por sentir unas ganas locas de suicidarse.

Puestos a jugárselo todo a una carta, el Gobierno debería hacerlo con un proyecto de presupuestos. De momento, no parece contar con el apoyo del partido de Carles Puigdemont. “Estamos haciendo lo que nadie se atreve: exigirles que muevan el culo y hagan el trabajo que deben en Catalunya”, dijo Nogueras en el hemiciclo. De lo que hay que deducir que el movimiento de culo que han visto hasta ahora no les impresiona. Exigen que se cumplan los compromisos firmados, como el traspaso de las competencias de inmigración, un tema en que Junts reclama cosas que están fuera de la ley, como que la Generalitat pueda decidir a qué inmigrantes se expulsa, y el PSOE no ha tenido mucha prisa en concretar.

En ese ambiente de guerra de guerrillas, Junts, PNV y ERC votaron el lunes con el PP y Vox en una Comisión para dejar en cero el impuesto a la generación eléctrica aprobado en 2013 por el Gobierno de Rajoy. La jugada les salió bien, porque el diputado socialista Juan Antonio Lorenzo prolongó el puente de diciembre hasta el lunes en que se votó en una Comisión. Las vacaciones extra le han salido caras. Se arriesga a recibir una sanción de 1.200 euros, el doble de lo habitual por no presentarse en una votación. Alega que no pudo ir a Madrid por una urgencia familiar.

Fue una escaramuza más a la que hay que unir la reunión del Gobierno con todos los aliados para hablar del impuesto a los beneficios de las eléctricas que Podemos había exigido. Junts y el PNV decidieron no asistir. Los vascos la tacharon de “paripé”, en palabras de Aitor Esteban, que reclamó una negociación bilateral más discreta sobre un asunto complejo antes que una reunión colectiva en la que luego se sabrá qué ha dicho cada uno.

No es la primera vez que ocurre en esta legislatura. Demasiados socios con prioridades muy distintas. Lo malo para Sánchez es que esa gente no lee The Economist, al menos no con tanta pasión como él.