¿Quiere Pedro Sánchez ser socio del club de Orbán, Modi y Bukele?

La primera regla del CNI en la política española es que no se habla del CNI. Por no hablarse, ni siquiera se habla en el Parlamento desde 2019. Supone llevar el concepto de servicios secretos hasta el final. “Todo lo que hace el CNI es secreto”, dijo el miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista en TVE. Preguntar sobre su funcionamiento es poco menos que una excentricidad periodística, ni siquiera cuando se ha sabido que los servicios de inteligencia han espiado las comunicaciones de decenas de políticos y abogados gracias a un software israelí considerado en todo el mundo como una amenaza a las libertades y la privacidad que se supone que están garantizadas en los países democráticos.

“El Gobierno no tiene nada que ocultar”, afirmó el día anterior su portavoz, Isabel Rodríguez. Lo que quiere decir que no tiene nada que contar.

Pegasus es el sueño más húmedo de los servicios de inteligencia. Puede ver los mensajes, whatsapps y emails enviados desde un móvil. Puede ver las fotos almacenadas. Puede leer las notas escritas en el dispositivo. Puede ver por qué páginas se ha navegado. Puede activar su cámara y micrófono para escuchar lo que se dice en la habitación. Convierte esa herramienta imprescindible que es el teléfono móvil en el mejor cómplice del espía.

Desde que se supo que la empresa israelí NSO había vendido por todo el mundo el software de vigilancia Pegasus, se ha conseguido ir detectando el mapa de sus víctimas que abarca casi todos los continentes. La última entrega, conocida esta semana gracias a un reportaje de The New Yorker, incluye a 65 políticos, abogados y activistas catalanes de ideas independentistas. Al igual que otros casos, los nombres se conocen gracias a Citizen Lab, un grupo de trabajo en ciberseguridad de la Universidad de Toronto al que Robles llamó de forma algo desdeñosa “una ONG”. Sus expertos están en condiciones de señalar en qué números de teléfono se produjo un intento de espionaje y si la infiltración tuvo éxito.

El Gobierno de Pedro Sánchez no puede sostener que todo esto se remonta al Gobierno de Rajoy y los turbulentos acontecimientos de 2017. “Casi todos los incidentes ocurrieron entre 2017 y 2020, aunque encontramos un caso de ataque de 2015”, dice el informe de Citizen Lab.

Hay numerosos ejemplos concretos que se produjeron cuando Sánchez ya era presidente. No se refieren sólo a los arquitectos de la convocatoria del referéndum de independencia. Se trata de un caso de espionaje masivo por indiscriminado. No se puede decir que todas las víctimas sean actores esenciales de la política catalana. Y desde luego no consta que se esté organizando en estos momentos otro referéndum como el de 2017.

La lista indica que sólo con formar parte de la dirección de una organización de ideas independentistas, como la ANC y Òmnium, ya parece justificado espiar las comunicaciones de una persona que a día de hoy no ha cometido ningún delito. El móvil de Sònia Urpí fue atacado por Pegasus en junio de 2020 sólo una semana después de ser elegida para el consejo de ANC. El de Marcel Mauri, diez días después de su nombramiento como vicepresidente de Òmnium en 2019.

Si Margarita Robles ejerce algún tipo de control sobre el CNI, como resulta obvio, cabe preguntarse si autorizó al servicio de inteligencia llevar a cabo este espionaje.

Dicho con otras palabras, un sospechoso de formar parte de una organización mafiosa que está siendo investigado por la policía está menos vigilado que un independentista catalán. Eso vulnera el contenido de la sentencia con la que el Tribunal Supremo condenó por sedición a los políticos que organizaron el referéndum de 2017. Se dijo que no se les había investigado o condenado por ser independentistas, sino por cometer un delito establecido en el Código Penal.

La polémica plantea una duda que el Gobierno está obligado a responder, aunque insista en que la ley no le permite hablar del CNI. ¿Los independentistas catalanes pueden seguir siendo espiados hasta el fin de los tiempos porque se intentó romper la integridad territorial de España hace cuatro años y medio?

Desde 2019, las posibilidades de un mínimo control parlamentario del CNI han desaparecido al no haberse formado la Comisión de Secretos Oficiales. Esta es una anomalía democrática que han permitido los partidos cuyos votos son necesarios para elegir por mayoría reforzada a sus integrantes, que son el PSOE y el PP. El bloqueo se inició cuando el PP se negó a aceptar que EH Bildu formara parte de la comisión al tener derecho por tener grupo parlamentario. Es otro caso en que la ley no se cumple en el Congreso por conveniencias políticas del PP, como ocurre con el CGPJ.

El CNI cuenta con un control judicial a través de un magistrado del Tribunal Supremo elegido por el CGPJ que es quien debe autorizar cualquier actividad que pueda afectar “a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones”. En este último caso, el juez permite el pinchazo de un teléfono por tiempo determinado que se realiza con la colaboración de la empresa de telefonía correspondiente. Con Pegasus, la tecnología de la vigilancia da un inmenso salto hacia adelante y desnuda la privacidad de una persona hasta extremos desconocidos hasta ahora.

La empresa israelí afirmó que sólo vendía Pegasus a gobiernos para la lucha contra el terrorismo u organizaciones criminales. La realidad es que se ha empleado en países como México, El Salvador, Hungría, Arabia Saudí y Emiratos para espiar también a periodistas y miembros de la oposición. Es además un arma de la política exterior de Israel que se reservó el derecho a vetar a los países interesados en comprar la tecnología de NSO.

Después de conocer que Pegasus estaba siendo empleado sin esos supuestos límites por varias dictaduras contra periodistas y disidentes, el Gobierno de EEUU decidió en noviembre colocar a NSO en una lista negra de empresas contrarias a la seguridad del país, lo que le impide contratar con empresas norteamericanas y pone en peligro su futuro comercial.

Pegasus es en realidad una ciberarma de última generación disponible para algunos de los peores gobiernos del mundo en materia de derechos humanos. La decisión de EEUU se debió a que consideraba que su extensión por el mundo estaba fuera de control. Edward Snowden ya había avisado unos meses antes: “Si no se hace nada para detener la venta de esta tecnología, no serán sólo 50.000 objetivos. Serán 50 millones de objetivos y va a ocurrir mucho más rápidamente de lo que creemos”.

Citizen Lab cree que el uso de Pegasus en España es muy relevante, porque se une al grupo de democracias en los que se ha producido un uso abusivo del software de espionaje. La lista que incluyen no es larga, pero sí embarazosa: Polonia, India, Israel y El Salvador, todos ellos con gobiernos conservadores de trayectoria indudablemente autoritaria.

Para que Sánchez, Robles y otros políticos puedan seguir diciendo que España es “una democracia plena”, con independencia de lo que eso signifique, deberían saber que están en compañía de países para los que esa definición es altamente discutible, por no decir absurda. Es hasta posible que Pedro Sánchez no quiera formar parte de un club en el que están Narendra Modi, Viktor Orbán y Nayib Bukele.