Sánchez y Feijóo se miden por sexta vez en 13 meses tras una campaña con interferencias de los jueces
“Usted me está haciendo la entrevista como jefe de oposición, a pesar de que la mayoría social del 23 de julio conllevaría que yo fuese el presidente del Gobierno”. “Creo que hoy es más importante el papel de jefe de la oposición que el de presidente de Gobierno”. Son dos respuestas que Alberto Núñez Feijóo dió en una reciente entrevista al diario El Mundo y que denotan que el presidente del PP aún sigue en shock por el resultado de las elecciones generales de hace un año. Llegó desde Galicia con el convencimiento de que cambiaría el Palacio de Monte Pío -residencia oficial del presidente de la Xunta- por La Moncloa- donde habita el jefe de Gobierno-, pero no lo logró. Y aún no se ha repuesto. Sigue penando por ello.
En cada elección -y en los últimos 13 meses con la de este domingo habrá habido ya 6 convocatorias: municipales y autonómicas, generales, gallegas, vascas, catalanas y europeas- ha buscado la revancha contra un Pedro Sánchez al que ha acusado de romper España, quebrar el Estado de Derecho y cargarse la democracia. Por activa, por pasiva y por perifrástica ha clamado por una repetición de los comicios, ha deslegitimado la mayoría del Congreso de los Diputados, ha desplegado una estrategia hiperventilada y cainita contra el Ejecutivo y ha convocado seis manifestaciones. Y nada. Sánchez permanece en La Moncloa y el líder de la oposición deambula sin rumbo por la sede de Génova preguntándose cómo le ha podido pasar esto. Mientras, la decepción con el gallego se extiende entre las élites económicas y mediáticas habitualmente alineadas con la derecha política igual que entre sus propias filas.
Este domingo con las elecciones europeas y después de haber expedido solemnemente desde la tribuna del Parlamento el certificado de defunción del socialismo se había propuesto dar la estocada definitiva a un presidente en el que, según sus propias palabras, no confía ya ni la dirigencia ni la militancia ni el electorado socialista, un análisis que no parece que se corresponda ni con la vida interna del PSOE ni con lo que dicen las encuestas.
Feijóo se dispuso a esprintar en esta carrera convencido de que la distancia entre PP y PSOE esta vez estaría por encima de los 8 puntos -la de las generales fue de menos de 2 puntos-, pero a medida que avanzaba la campaña la diferencia se acortaba hasta el punto de que incluso los tracking internos de Génova le daban un empate técnico con los socialistas. Si eso fuera así, habrá fracasado de nuevo en el enésimo plebiscito sobre el presidente del Gobierno y las europeas no habrán sido para el gallego el pasaporte a La Moncloa que esperaba.
Lo que ocurra a partir de entonces no está escrito, pero el bullir pesimista y crítico con la errática campaña de Feijóo entre los populares es un dato premonitorio, como lo es también la campaña que el andaluz Juanma Moreno ha protagonizado en los últimos quince días: ni insultos, ni acusaciones sin fundamento, ni alusiones a la mujer del presidente del Gobierno. Una estrategia antagónica a la desplegada por Feijóo, quien ha llevado a Begoña Gómez y sus actividades profesionales al epicentro de la conversación pública. Con permiso, claro, de un juez que a dos días de que finalizara la campaña decidió imputar a la esposa del presidente por tráfico de influencias y corrupción política y llamarla a declarar el próximo 5 de julio, en contra del criterio de la Fiscalía y después de que un informe de la UCO no encontrara indicio alguno de delito. Con permiso de un Consejo General del Poder Judicial de mayoría conservadora y de mandato vencido desde hace más de 2000 días que anunció en la recta final de la campaña un comunicado que hará público el lunes en defensa del magistrado que investiga las actividades de Begoña Gómez. Con permiso también de un Tribunal Superior de Justicia de Madrid que daba vía libre a una concentración para “rezar el rosario” frente a la sede del PSOE durante la jornada de reflexión y también el domingo, día de votación. La decisión corregía otra previa de la Junta Electoral Provincial de Madrid que denegaba el permiso solicitado. Y con permiso además de una jueza de Badajoz que el último día de campaña admitió a trámite una denuncia también del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, e igualmente construida, como la de Begoña Gómez, con recortes de prensa. Las informaciones apuntan a la supuesta inasistencia a su puesto de trabajo como director de la orquesta del Conservatorio de Música de Badajoz como consecuencia de haber fijado su residencia en Portugal presuntamente para tributar fuera de España.
Nunca antes una campaña electoral había estado salpicada de tanta interferencia de los jueces. Feijóo sabe que tiene en la derecha judicial a su mayor aliado y ha construido, sin pruebas, una extensa teoría de corrupción política global que afecta a todo el gobierno y ha echado el resto en convencer de ella a una ciudadanía que, en términos generales, no se siente demasiado concernida por unas elecciones que eligen a los representantes españoles del europarlamento, en las que la abstención es una realidad incontestable y que suelen ser propicias a la irrupción de candidaturas del más diverso y extravagante pelaje.
En esta ocasión el fenómeno afecta de plano a un PP al que, tras diluirse en el discurso de Vox, le ha salido un nuevo competidor aún más ultra y aún más radical con la candidatura que encabeza el agitador y difusor de bulos Alvise Pérez, a quien los sondeos pronostican entre uno y dos escaños. Lejos de cumplirse el sueño húmedo de Feijóo de unificar bajo las siglas del PP a toda la derecha, el 9J puede saldarse con una nueva fragmentación de la derecha, lo que seguro en Génova tendrá consecuencias.
Ni la tan cuestionada amnistía ni las diligencias judiciales en torno a la esposa de Pedro Sánchez se dirimen en estas elecciones trascendentales para el futuro de Europa. Sin embargo, Feijóo ha apostado por hacer de ambos asuntos el eje de su campaña, especialmente del último, lo que ha llevado al presidente del Gobierno a reeditar su táctica de hacer de la necesidad virtud y usar el caso de su esposa a su favor al presentarla cómo víctima de una campaña de acoso impulsada por lo que ha bautizado como la internacional ultraderechista de la que formarían parte PP, Vox y Alvise.
Los socialistas han visto en estos quince días reducir la distancia con el PP y barruntan que el 9J hasta pude suponer para Feijóo un billete de vuelta a Galicia si, como sostienen sus datos, el resultado arroja un empate técnico o la diferencia entre ambos partidos es ínfima y el PSOE se beneficia no sólo de la transferencia de voto de su rival a otras marcas, sino también de la debilidad de los partidos a su izquierda.
En la calle Ferraz esperan que el voto, que estará por debajo del 50% en términos de participación, se concentre en torno al PSOE no sólo porque la “errática y grosera” campaña del PP movilice a la izquierda contra la “máquina del fango” , sino también por la debilidad que acusa Sumar, a quien algún sondeo sitúa por debajo de la candidatura de Podemos que encabeza Irene Montero. La pugna entre Yolanda Díaz y la ex ministra de Igualdad también se plantea en términos de plebiscito y el resultado seguro que abrirá un nuevo debate sobre la reconfiguración de ese espacio y su actual liderazgo.
¿Europa? ¿Quién dijo Europa? El 9J se ha planteado por la senda nacional, con escaso protagonismo de las candidatos al Parlamento europeo y en términos siempre de pugilato entre unas derechas que anhelan el relevo -incluso con una exótica moción de censura que Feijóo no ha descartado durante la campaña con apoyo de Vox y Junts- y una izquierda que busca la validación de sus políticas, además de un certificado de continuidad para un Sánchez que, si sale indemne, tendrá mejores condiciones para llegar a final de mandato. Con permiso, claro, del independentismo. Pero esa es otra historia que empezará a escribirse en las próximas semanas cuando se despeje la incógnita sobre la gobernabilidad de Catalunya.
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