El ajuste obligatorio llevado a cabo por Pedro Sánchez en su Consejo de Ministros por la salida de Teresa Ribera no ha podido ser más quirúrgico. El relevo de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica es su mano derecha, la hasta ahora secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. Y el presidente no ha llevado a cabo ningún cambio más.
La moraleja política que intenta trasladar la Moncloa es un mensaje de confianza y de continuidad del jefe del Ejecutivo hacia un Gobierno de coalición nacido hace justo un año y que acaba de rearmar un apoyo parlamentario fundamental para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Una aparente estabilidad amenazada, sin embargo, por los problemas judiciales tras la declaración del presunto cabecilla del caso Koldo y del cerco al fiscal general del Estado.
La sensación que recorre estos días el PSOE es, de hecho, de una cierta zozobra en plena cuenta atrás para el Congreso Federal que celebrará el partido este próximo fin de semana en Sevilla. La cita fue concebida en su día como una celebración por todo lo alto en torno al liderazgo de Pedro Sánchez y también como una exhibición de unidad en un partido de gobierno referente para la socialdemocracia europea. Pero los acontecimientos de las últimas semanas han rebajado las expectativas del cónclave en todos los sentidos.
La tragedia de la DANA en Valencia ya hizo variar los planes del comité organizador del congreso, que ha desactivado la parte más festiva del evento diseñada en su día en señal de respeto a las víctimas. Pero también llegarán las aguas revueltas con algunos nombres propios. El último, el del líder de los socialistas madrileños (PSM) Juan Lobato, citado como testigo en la causa que mantiene imputado al fiscal general del Estado por supuesta revelación de secretos en el caso del fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y Lobato tendrá que declarar este próximo viernes, justo el día en que arranca el congreso del PSOE.
La del líder del PSM será probablemente la vía de agua interna más importante con la que llegarán los socialistas a Sevilla. Porque Lobato declarará en el Tribunal Supremo citado por el juez Ángel Hurtado para explicar la información publicada este lunes por el diario ABC, según la cual depositó en una notaría mensajes con otros miembros del PSOE sobre la supuesta filtración de los correos intercambiados entre la Fiscalía y el abogado de Alberto González Amador, en su caso de doble fraude fiscal. Tal y como adelantó este periódico la del socialista madrileño es una de las baronías cuestionadas por Ferraz, donde se valoran nombres de sustitutos entre los que destaca el del actual ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
También se intenta digerir en el seno del partido el metralleo de acusaciones lanzadas en sede judicial por el empresario acusado de ser el verdadero cabecilla de la trama de corrupción surgida en el seno del Ministerio de Transportes y que tiene imputados al exministro José Luis Ábalos y a su mano derecha, el asesor Koldo García. En esa declaración, Víctor Aldama señaló al secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, como receptor de un sobre con 15.000 euros en metálico, al jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, como receptor también de otros 25.000 euros, además de disparar contra ministros como Teresa Ribera –sustituida este lunes– o Ángel Víctor Torres.
La reacción del PSOE y del presidente del Gobierno sí ha supuesto en este caso un cierre de filas con los compañeros acusados sin pruebas por Aldama. “Las declaraciones de un presunto delincuente que está en la cárcel me merecen el crédito que tienen: ninguno. Mi Gobierno es un Gobierno limpio. Y en lo que respecta al PSOE y a mi todo es falso porque su estrategia de defensa es la mentira. Lo hace para desviar la atención, sembrar dudas y tapar los presuntos casos de corrupción que se le imputan”, declaró en el Congreso Pedro Sánchez el pasado jueves, apenas unas horas después de la declaración del empresario.
Inusual estabilidad parlamentaria
Todo el mundo da por descontado en el partido que entre los cambios que ejecutará Sánchez en el PSOE durante el congreso de Sevilla no estarán ni la 'número dos' ni el 'número tres' de Ferraz, María Jesús Montero y Santos Cerdán, respectivamente, puesto que lo contrario sería interpretado como una muestra de credibilidad y fiabilidad a una estrategia procesal de Aldama que nadie sabe muy bien hasta dónde puede llegar.
Esos dos frentes abiertos, tanto el de la situación del fiscal general del Estado como el porvenir judicial del caso Koldo, amenazan con desgastar al Gobierno y servir de munición inagotable para la oposición en mitad de un oasis parlamentario del Ejecutivo. Porque los líos en los tribunales contrastan con una estabilidad en el Congreso casi inédita desde el inicio de la legislatura.
Tras el acuerdo de la semana pasada en torno a la reforma fiscal del ministerio de Hacienda, la totalidad de socios parlamentarios de Pedro Sánchez coincide en señalar como más que plausible la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado a principios de 2025. De conseguirlo, el Ejecutivo daría por culminado el verdadero hito legislativo que permitiría dotar de una estabilidad real al actual mandato hasta 2027. Con un ojo puesto, eso sí, fuera del Congreso, donde el Gobierno se afana en salir vivo de varias emboscadas que en la Moncloa preocupan mucho más que la oposición parlamentaria.