De primero de democracia: los ciudadanos votan, eligen a los diputados y estos al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez será investido, salvo sorpresa, el próximo jueves con los votos de 179 parlamentarios, tres más de los que otorgan la mayoría absoluta. Y en primera vuelta. Para llegar hasta aquí ha tenido que tejer alianzas con 8 partidos. A izquierda y a derecha. Y, sí, también con el independentismo catalán a cambio de una amnistía para los implicados en el procés y de un compromiso mutuo de reconocer como legítimos los objetivos políticos de cada uno siempre que se defiendan dentro del marco de la Constitución. Subrayen lo de dentro del marco de la Constitución porque de la unilateralidad ya no hay rastro alguno.
Para unos se trata de una oportunidad histórica con la que resolver el conflicto catalán y, para otros, del fin de la democracia y la abolición del Estado de Derecho. No será para tanto cuando el líder del PP no ha dado instrucciones de inmediato de romper en Canarias con su actual socio de gobierno, que también dirá sí a la investidura de Sánchez. Pero Feijóo insiste en que todo esto es tan grave como el 23F o los asesinatos de ETA. Un paso definitivo para entrar en una dictadura, sentencia Ayuso en su habitual espasmo dialéctico. “Hay que pasar de las palabras a los hechos”, arenga Aznar desde la FAES. “Estamos dispuestos a derramar nuestra sangre en defensa de la Constitución”, advierte una asociación de la Guardia Civil. ¡Alzamiento nacional!, gritan los radicales que se manifiestan desde hace días en la sede federal del PSOE con banderas preconstitucionales y saludos fascistas mientras queman contenedores y agreden a la policía.
El Congreso de los Diputados está preparado con un dispositivo especial de seguridad similar al que se desplegó en la Carrera de San Jerónimo el día de la jura de la Constitución de la princesa de Asturias. Cualquier cosa puede pasar, a tenor de las escenas que se han vivido estos días en el Madrid más inflamado. “En el mundo hay una enfermedad llamada ultraderecha a la que en España han sucumbido ya los conservadores del PP”, lamentan desde La Moncloa, donde están satisfechos con los acuerdos suscritos con tan variada representación parlamentaria y además añaden que la XV legislatura “ha resultado tan difícil de montar como puede resultar su desmontaje”.
“Los ultras, mejor en la calle que en una vicepresidencia”
Sánchez se dispone, en cuanto jure el cargo ante Felipe VI, a desplegar una agenda gubernamental con la que confía en sacar del foco la amnistía y los acuerdos con el independentismo. “Hemos venido aquí [defienden] para subir las pensiones, el SMI y mejorar la vida de la gente y si la hiperventilación persiste habrá que decir alto y claro que preferimos a los ultras manifestándose en la calle que recortando derechos a los españoles desde una vicepresidencia del Gobierno. Por eso, las urnas arrojaron el resultado del 23J porque no querían a Abascal de vicepresidente, aunque parece que Feijóo no se ha enterado aún de ello”.
Pero más allá de propósitos o valoraciones, el presidente del Gobierno aún en funciones se enfrenta a la legislatura más incierta. De ello son conscientes en La Moncloa y en el PSOE, donde saben bien por la experiencia de los últimos cuatro años que no es lo mismo tener el poder que el gobierno, ya que hay sectores no demasiado evidentes del Estado, alineados con la derecha política, que son resistentes al cambio y tienen una enorme capacidad para hacer valer sus intereses. Buena muestra de ello han sido los pronunciamientos en esta semana de los inspectores de Hacienda, algunos sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las asociaciones de jueces y fiscales y hasta la patronal para alertar, en la misma línea que las derechas políticas, contra el entierro de la separación de poderes, el fin de la igualdad, la muerte de la Constitución o la abolición del estado de derecho.
Todos contra Sánchez más que contra la amnistía
Todos contra Pedro Sánchez y contra un gobierno progresista, que es en realidad a lo que temen y no tanto a la amnistía, una medida de gracia a la que ninguna democracia homologable ha renunciado en sus ordenamientos jurídicos y que, en contra lo que se dice o escribe, no borra el delito igual que no se borraron los amnistiados en España con la ley de 1977.
Si la asociación de Inspectores de Hacienda ha expresado “su rechazo frontal y absoluto a los acuerdos que se derivan de la negociación para una futura investidura del actual presidente del Gobierno de España” porque vislumbra de “una manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional”, un centenar de policías nacionales y guardias civiles salieron a protestar este viernes en la Ciutat de la Justicia de Barcelona contra la ley de amnistía pactada entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes. Y la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) expresó su “profunda preocupación” y dijo que sus agentes estarán “dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional”.
Sin conocer aún el texto de la ley, que se registrará el próximo lunes en el Congreso, las asociaciones judiciales primero y después las de fiscales salieron también en tromba a protestar por el concepto de “lawfare o judicialización de la política” que se incluye en el acuerdo político firmado por el PSOE y Junts. La CEOE ha convocado de urgencia a su Comité Ejecutivo ante su “grave preocupación” por el acuerdo.
Los socialistas son conscientes de que la presión no cesará hasta que pase la investidura y la manifestación que el domingo ha convocado el PP en distintas ciudades para competir con Vox por la protesta callejera y la capitalización política de la misma. Pero insisten en que “no hay mayor fortaleza en democracia que la de los votos” ni mejor instrumento para la convivencia que “el diálogo y el acuerdo entre diferentes”. Un acuerdo que, en todo caso, en el universo independentista se barrunta que podría ser revisado en poco menos de dos años a tenor de su cumplimiento y en función de la estrategia que le convenga a Junts ante las elecciones catalanas para distinguirse de ERC, que fue el primero en convertirse en actor principal de la gobernabilidad de España en la anterior legislatura. Ahora, los de Puigdemont siguen su camino, pese a haber denostado el papel que jugaron los republicanos en los últimos años, y nadie sabe si la apuesta durará cuatro años como pretende Sánchez o saltará antes por los aires.
No hay demasiadas certezas ante una legislatura cuya estabilidad se irá viendo semana a semana y en la que el papel que pueda jugar Podemos en su tensa relación con Sumar, es otra incógnita. De momento, este viernes han convocado una consulta a sus bases para decidir si inviste o no a Pedro Sánchez. Los inscritos podrán votar desde este sábado a las 10.00 horas hasta el martes 14 a las 22.00 horas, el día antes de la primera jornada de la sesión de investidura. Belarra ha anunciado su sí a la pregunta. Cuestión distinta será cómo y en qué momentos acentuarán ese perfil propio que pretende invisibilizar Yolanda Díaz con sus decisiones internas y si se desmarcan poco a poco de la coalición de gobierno en el caso de no lograr representación en el Ejecutivo, como han exigido a la líder de Sumar.
Una dictadura de 8 partidos y 179 votos
Así las cosas, el camino a recorrer por Sánchez no será fácil, ya que los intereses son muy diversos. Con todo, con la firma de los acuerdos de PNV y CC -los últimos en sumarse al sí al candidato del PSOE-, los socialistas están satisfechos por lo logrado y no dejan pasar la ocasión de ironizar con lo que el PP entiende ya qué es una dictadura, y qué es una mayoría de 8 partidos y 179 votos frente a un partido que se ha quedado sólo “en la calle y en el Parlamento con Vox”.
De algún modo, cuando pase la investidura le corresponderá a Feijóo gestionar la inflamación desatada al hilo del debate sobre la amnistía dentro y fuera del PP. Con Aznar y Ayuso tratando de marcarle el paso y con un Vox fortalecido por las protestas callejeras, el líder de los populares, de momento, chapotea en la inflamación y apela a un supuesto clamor social contra Sánchez para inundar las calles de manifestaciones. Pero si no quiere ser devorado por la irritación, en algún momento tendrá que elegir entre hacer política con el megáfono y la pancarta junto a los ultras de Abascal o ejercer una oposición responsable dentro del Congreso con una estrategia en la que marque distancias con Vox y construya puentes con el PNV y los ex convergentes para volver a ser algún día alternativa de gobierno. Lo contrario, le condena al aislamiento y quizá también a la muerte (política).