Sánchez prepara su defensa pública de la amnistía a expensas de algún gesto del independentismo

Las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez atraviesan horas decisivas. Tras un avance casi definitivo por parte de los equipos jurídicos designados por el PSOE y por Junts en cuanto a la parte meramente técnica de la futura ley de amnistía, las conversaciones se han visto abocadas a un parón por la dificultad de desenmarañar un problema político de primer orden: el relato que acompañará a la exposición y la justificación de esa norma.

Según todas las fuentes al corriente del estado de la negociación, ya habría incluso un principio de acuerdo en el desarrollo de la ley: habrá amnistía y su alcance englobará tanto a líderes políticos como a ciudadanos de a pie o representantes de organizaciones encausados por los actos relacionados y derivados del 1 de octubre de 2017, así como a los policías que igualmente tienen causas pendientes por las actuaciones de aquellos días.

Pero para el PSOE, que ya asume el coste que una medida de este tipo le puede acarrear por el rechazo explícito de amplias capas de la sociedad no únicamente conservadoras, hay sin embargo varias líneas rojas que en Ferraz no están dispuestos a atravesar. No transigirán los socialistas, por ejemplo, con el planteamiento independentista de que la amnistía implique una legitimación del referéndum del 1 de octubre y una enmienda a la totalidad de la actuación del Estado, tanto desde el punto de vista policial como del de los tribunales. Un enfoque que, a juicio de los de Pedro Sánchez, no solo supondría una humillación para el conjunto del país sino que vendría a refrendar el derecho de Junts y ERC a retomar sus planes y a optar, de nuevo, por la vía unilateral. Exactamente lo contrario de lo que persigue la Moncloa.

Para los negociadores de Pedro Sánchez es irrenunciable que la ley de amnistía sea entendida y recibida por todas las partes como una herramienta política al servicio de la convivencia y de la institucionalidad quebradas durante el procés. Algo parecido a un borrón y cuenta nueva que interpele a todos en el abandono de las estrategias de confrontación y que ponga fin a la judicialización de la relación política entre Catalunya y el resto de España. Nada que se parezca siquiera a alentar ningún tipo de expectativa respecto al ho tornarem a fer, el lema del que ha hecho bandera hasta ahora el independentismo.

La asunción de los errores

A lo que aspiran en Ferraz y en la Moncloa es a que las fuerzas independentistas catalanas, en general, y la liderada por Carles Puigdemont, en particular, asuman por la vía explícita o implícita que su deriva de 2017 también fue un error y que esa senda no se puede volver a transitar. Algo parecido a lo que el líder de ERC, Oriol Junqueras, sostuvo cuando el Gobierno afrontó su propio indulto y el del resto de políticos encarcelados.

Hay voces en el PSOE que opinan que gestos de ese tipo ya se deberían haber producido para facilitar el aterrizaje de Pedro Sánchez en la ley de amnistía. Otros piensan, sin embargo, que la mera negociación política en torno a una investidura ya supone una renuncia a cualquier unilateralidad.

A expensas de que pueda concretarse algún gesto en ese sentido, los socialistas asumen que tras la liturgia de la ronda de contactos con los portavoces parlamentarios llevada a cabo esta semana por Sánchez, al candidato y presidente en funciones le toca ahora dar un paso más, al estilo de su escenificación sobre los indultos en el Liceu de Barcelona. Lo previsto es que ese paso pueda tener lugar durante la próxima semana en forma de intervención pública de Sánchez. Y se espera que su mensaje implique un salto cualitativo en la defensa de la amnistía, una palabra que ya pronunció el pasado fin de semana tras casi dos meses eludiéndola a conciencia.

Otra de las piedras en el camino del acuerdo son las referencias a un referéndum de autodeterminación que el PSOE rechaza de plano hasta el punto de asegurar que, en el caso de que eso se convirtiera en exigencia real de los independentistas, habría elecciones generales el próximo 14 de enero. Sin embargo, y tras el camino recorrido hasta la fecha por los negociadores, nadie contempla a estas alturas que esa demanda de máximos pueda hacer peligrar la investidura de Pedro Sánchez. Todas las partes de la negociación, incluidos los independentistas, tienen claro el perímetro de la partida política que ahora toca afrontar. Y en ese perímetro está la amnistía y no el referéndum.

Junts, aún lejos de rubricar un “compromiso histórico”

Para Pedro Sánchez es fundamental, además, que la derecha política y mediática que pronostica desde hace años la ruptura de España y que exhibe su convencimiento de que el PSOE ya tiene apalabrada con el independentismo la autodeterminación no encuentre refrendo en la actitud de Junts y ERC. Y por eso la voluntad de que los pasos dados por el propio Sánchez en favor de la amnistía se vean acompasados con el fin de la escalada verbal y la competición doméstica entre los de Junqueras y los de Puigdemont por sus consignas más rupturistas.

Por el momento, en el PSOE esquivan cualquier pronóstico sobre la fecha de la investidura porque solo quieren afrontar ese paso cuando exista un compromiso formal para el acuerdo. Un escenario que Junts enfrió tras la reunión de este viernes. “Continuamos lejos de este compromiso histórico. Si se trata de hacer lo que se ha hecho en los últimos cuatro años, no son los votos de Junts los que buscan. No estamos aquí ni para escuchar ni para hacer lo que se ha hecho porque se ha constatado que no ha funcionado”, dijo la portavoz parlamentaria, Mìriam Nogueras, tras casi hora y media de reunión en el Congreso con Pedro Sánchez.

En el PSOE admiten que el acuerdo sigue lejos pero aseguran que las negociaciones no han empeorado en los últimos días y que mantienen el optimismo en torno a la reelección de Sánchez como presidente del Gobierno. Por el momento, el candidato a la investidura ha llamado a filas a los suyos para llevar a cabo en los próximos días un absoluto apagón informativo que permita rematar con discreción el, probablemente, camino más complejo de cuantos ha recorrido hasta la fecha hacia la Moncloa, que no es poco decir.