Sánchez presiona al PP para un pacto en inmigración e impulsa medidas sociales en busca de amplios consensos

La semana parlamentaria no dejó mucho resquicio al optimismo. Con una reforma de la ley de extranjería pendiente de pactar entre el Gobierno y el PP que sirva de respuesta urgente a la situación de Canarias, el hueco que la agenda del Congreso tenía reservado para un amplio debate sobre política migratoria fue cubierto, una vez más, por la bronca de la oposición. Y sobre un tema no poco recurrente: la banda terrorista ETA. La intención del Ejecutivo, sin embargo, es aparcar esa crispación y presionar a los populares para que se avengan a firmar un acuerdo sobre la acogida a los menores migrantes. Y de paso acelerar reformas legislativas que sí puedan contar con amplios consensos parlamentarios, como la ley de familias o la reforma de la ley mordaza.

El orden del día de la Cámara fijaba el pasado miércoles, a petición del Partido Popular, una comparecencia del presidente del Gobierno sobre gestión migratoria. Pero después de 50 minutos de intervención de Pedro Sánchez, el líder de la oposición tardó exactamente tres segundos en cambiar de tema en cuanto tomó la palabra. “Señor Sánchez, ha hablado usted de la dignidad de los migrantes. Le pido expresamente que retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión a los condenados por terrorismo de ETA”. Y ya Feijóo no salió de ahí. 

Envuelto en una crisis política de primer nivel por el voto a favor a una reforma que ahora exige derogar, un Partido Popular acorralado por las críticas internas y externas decidió emplear el pleno en intentar tapar su tropiezo. Y la vía que encontró para ello fue la sobreactuación. Primero, los populares prepararon la escenificación de la llegada al hemiciclo de Mari Mar Blanco. La senadora y hermana de Miguel Ángel Blanco accedió al escaño contiguo al de Feijóo en mitad de la sesión, interrumpiendo al presidente y entre la ovación de una bancada popular en pie. 

Luego, el discurso y el tono del propio Feijóo solo giró en torno a una idea. “Usted pacta presos por Presupuestos”, dijo en referencia a EH Bildu. Y finalmente llegó la actuación del portavoz Miguel Tellado. Con fotografías de víctimas asesinadas por ETA increpó, vociferó e insultó a miembros del Gobierno entre risas de algunas compañeras de filas. Y llegó a ser amonestado por la presidencia de la Cámara por su comportamiento, que entre otras cosas provocó el rechazo de muchos de los familiares directos de las víctimas a las que aludió. 

Ya en el turno de réplica, Pedro Sánchez fue directamente a zarandear a Alberto Núñez Feijóo, alimentando el choque frontal entre el Gobierno y la oposición. “Negociar con usted es ineficaz porque usted no decide nada. La mayoría de sus votantes, muchos de sus barones y quizás hasta usted mismo quieren llegar a un acuerdo con el Gobierno para el reparto de menores, pero el problema es que la jefa no le deja”, dijo, en referencia a Isabel Díaz Ayuso. 

En mitad de ese ambiente de batalla campal entre el PP y el PSOE hay quien opina, no obstante, que el acuerdo para reformar la ley de extranjería no es imposible. En menos de 24 horas, de hecho, el Gobierno hizo el primer movimiento. Después de que Sánchez recibiera en la Moncloa al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el Ejecutivo utilizó ese encuentro como medida de presión a los populares en forma de tándem. El propio Clavijo aseguró sentirse “decepcionado” con la actitud de sus socios en el Pleno del Congreso, y el ministro de Política Territorial retó a los de Feijóo a volver a sentarse a la mesa de negociación de la que se levantaron. 

Hay en las dos partes quien señala que, aunque difícil, ese acuerdo se acabará por concretar por las necesidades de Canarias y por la presión del propio presidente Clavijo. Y que lo lógico es que las conversaciones a tres bandas entre el ministro de Política Territorial, el portavoz parlamentario del PP y el presidente canario se puedan reactivar en los próximos días de manera “discreta”. 

En paralelo, y como forma también de que pasen las semanas hasta los congresos de ERC y Junts para abordar la negociación de los Presupuestos, el Gobierno pretende activar su producción legislativa con reformas sociales capaces de suscitar amplios consensos. Ha sido el caso recientemente de la conocida como ley ELA, una demanda de años del colectivo afectado por esta enfermedad y que fue aprobada esta semana definitivamente con la unanimidad de todos los grupos políticos. Y el objetivo es seguir dando pasos en ese sentido. 

Con la mayoría que hizo factible su investidura espera Pedro Sánchez contar para sacar adelante sin apuros la reforma de la ley mordaza pactada con EH Bildu. Esa reforma, según los independentistas vascos, eliminará el uso de las pelotas de goma e instará a la modificación de la ley de extranjería en un plazo de seis meses para acabar con las devoluciones en caliente. Y modificará las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. Un acuerdo que aborda, por tanto, los cuatro puntos que bloquearon la negociación durante la legislatura pasada de una de las promesas pendientes del Gobierno de coalición. 

También anunció esta semana el presidente que el Gobierno se dispone a llevar de manera inmediata la ley de familias que se quedó colgada la pasada legislatura y que supone, en palabras de Pedro Sánchez, “ampliar los derechos de las familias monoparentales, las familias numerosas, las familias migrantes y aquellas que tengan algún miembro con discapacidad”. En el texto aprobado por el Consejo de Ministros en la pasada legislatura se incluyen, por ejemplo, los permisos de maternidad y paternidad de 20 semanas, así como adelantar los permisos del padre para acompañar a la embarazada. 

El impulso a todas esas medidas ayudarían a hacer más digerible el tiempo que aún le queda en barbecho a la negociación sobre la senda de estabilidad y a la de los Presupuestos Generales del Estado. En el caso de Junts, la interlocución continúa de manera discreta en asuntos como la cesión de las competencias migratorias comprometida en su día. Un tema que negocian directamente los de Puigdemont con el equipo de Elma Saiz en el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. 

También se negocia con Junts de manera bilateral desde el Ministerio de Hacienda una nueva propuesta de senda de estabilidad que en el Ejecutivo cifran que tiene un impacto de hasta 11.000 millones de euros en las cuentas de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Aunque por el momento no son públicos los avances, la consigna en la Moncloa es extremar la discreción y ofrecer el margen de tiempo necesario a los partidos independentistas catalanes para que puedan solventar sus situaciones internas. En cualquier caso, Pedro Sánchez aventuró esta semana que su Gobierno “sacará adelante” las cuentas e incidió en el mensaje de una legislatura larga.