Pedro Sánchez ha anunciado una reforma de la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para tratar de zanjar el escándalo del espionaje. Aunque ha llegado prácticamente al final, ha sido la principal novedad en el discurso del presidente del Gobierno en la comparecencia a la que se vio forzado por el PP y varios de sus aliados parlamentarios para rendir cuentas por el ‘caso Pegasus’. También ha planteado acelerar los cambios en la ley de Secretos Oficiales que, a pesar de llevar años bloqueada en el Congreso, donde el PNV impulsó una iniciativa, se ha convertido en algo “impostergable” para Sánchez.
“Con este Gobierno, no hay espacio para la actuación ilegal de servicios del Estado. No hay espacio para el uso indigno, como sí se dio en el pasado, de esos servicios, de esas instituciones públicas”, ha aseverado tras reconocer que, aunque los servicios secretos hayan cumplido con la legalidad, se deben tomar medidas para “reforzar las garantías del control judicial, además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas”. “La actualización de las Estrategias de Seguridad Nacional y de Ciberseguridad, así como la nueva ley de Secretos Oficiales y la reforma de la ley orgánica reguladora del control judicial del CNI, pondrán al día los procedimientos y acometerán los cambios necesarios para evitar que estas brechas de seguridad vuelvan a producirse”, ha afirmado Sánchez, que ha justificado el cambio legal en la “revolución tecnológica”, y que también se ha comprometido a aumentar el presupuesto para el CNI y en Defensa.
El Gobierno daba por finiquitado el “control interno en el CNI” que anunció el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con las explicaciones que dio la ya exdirectora de los servicios de inteligencia en la comisión de secretos oficiales unos días antes de su destitución. Sin embargo, ni su cabeza ni las explicaciones que ha dado hasta ahora el Ejecutivo han satisfecho a sus aliados parlamentarios, especialmente a ERC, que mantiene la tirantez con los socialistas y amenaza con no apoyar varios proyectos legislativos, según reconocen en el propio gabinete.
No convence a ERC
En su comparecencia, Sánchez lo ha reconocido al lamentar “este suceso [en referencia al espionaje a líderes independentistas] haya minado la confianza política e institucional entre gobiernos y frenado el impulso al diálogo”. Por eso ha aprovechado para hacer guiños a ERC: “Mi apuesta personal, absoluta y rotunda, es reanudar el diálogo con las instituciones de Catalunya para consolidar el reencuentro y construir concordia y convivencia”. “Quiero reconocer la valentía y el coraje de quienes apostamos decididamente por el diálogo y el reencuentro frente a quienes quieren romperlo todo y volver a 2017. Porque esa valentía y coraje están dando sus frutos”, ha rematado.
Sánchez ha reiterado desde la tribuna que el Gobierno “ni conoce ni decide” las cuestiones operativas de los servicios de inteligencia en referencia al desconocimiento que tenía Moncloa de qué líderes independentistas estaban siendo vigilados, entre ellos el hoy presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Lo que sí ha defendido Sánchez es que tanto en 2017 como en 2019 la situación en Catalunya supusiera una amenaza para la seguridad nacional. De hecho, se ha referido expresamente al “intento de toma del aeropuerto de El Prat” o “los sabotajes diarios en los trenes de cercanías”.
“En esta comparecencia no voy a entrar en las relaciones comprometidas de determinados líderes catalanes con dirigentes de otros países, que ahora sabemos a ciencia cierta que perseguían la desestabilización de las democracias europeas y la propagación de noticias falsas para confundir a la opinión pública de nuestros países. No lo voy a hacer”, ha dicho en una alusión a los contactos del entorno de Carles Puigdemont con el régimen de Vladímir Putin. El presidente también ha mencionado las “dudas razonables” sobre la metodología del informe de Citizen Lab, que apuntó a que los dispositivos de 65 líderes independentistas fueron infectados con Pegasus: “El propio informe reconoce la imposibilidad de atribuir de manera concluyente las operaciones de hackeo a una entidad específica. Debatimos deducciones de una investigación académica, y en ningún caso hechos probados”. El Gobierno solo se responsabiliza de 18 de ellos. Sánchez ha emplazado de nuevo a todos los demás a recurrir a la justicia por haber sido víctimas de un delito.
De poco ha servido el anuncio de Sánchez, que no ha logrado convencer a sus aliados. “¿Qué ha venido a hacer hoy aquí?”, le ha preguntado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, nada más comenzar su intervención. “¿Por qué viene prometiendo un mayor control judicial cuando el mayor controlador del CNI es el presidente del Gobierno o sea usted? No puede blanquear a su Ejecutivo frente a todo lo que ha pasado”, le ha espetado el portavoz republicano, que ha sugerido que en los 47 casos de espiados que el CNI no asume pueden estar elementos “descontrolados” de Policía o Guardia Civil. Ese mismo temor ha manifestado Unidas Podemos, pero Sánchez ha repetido que no existe lo que se conoce como “Estado profundo”. “Yo puedo responder por hechos que están probados, pero no me pueden interpelar por hechos que no están probados y que el propio informe de Citizen Lab dice que es difícil o imposible conocer el origen”, ha aseverado el presidente, que ha insistido en que “no ha sido el Gobierno ni el CNI”.
“No nos pueden chantajear”, le ha reprochado Rufián al presidente sobre la presión que traslada el Gobierno a ERC para que aprueben las propuestas del Gobierno. Y ha atizado al portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, por los reproches que le había hecho a los republicanos. “Manuel Valls”, le ha recordado sobre el apoyo a Ada Colau“. ”Ya basta Jaume Asens de romper puentes con ERC. Deja de ir tanto a Waterloo, anda“, ha terminado.
En términos similares se ha pronunciado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua: “Nosotras aprobamos medidas para el beneficio de la ciudadanía. Y usted nos espía. Nosotros hacemos propuestas para mejorar la vida de los trabajadores y trabajadores vascos, catalanes y también españoles, y usted nos espía. Nosotras sostenemos la mayoría plurinacional y progresista que impide un gobierno de la ultraderecha, y usted nos espía. Nosotras evitamos que la derecha aplique su agenda autoritaria de recorte de derechos y libertades, y usted, nos espía. ¿A usted le parece esto normal? ¿A usted le parece esto de recibo? ¿Le parece que transmite confianza y respeto a las fuerzas en las que usted se apoya para poder avanzar?”. “Deberían ser ustedes los primeros interesados en ello. Deberían ser ustedes los que aprovechen esta situación para depurar las cloacas y dar pasos hacia la democratización y la regeneración de este Estado”, le ha dicho a los miembros del Gobierno.
El paso de Sánchez con la actualización de las normas relativas a la seguridad nacional persigue contentar también al PNV, que había exigido una reforma de la ley de secretos oficiales que lleva años bloqueada en el Congreso, así como una modernización de la norma que regula el CNI, que data de 2002. Tras el anuncio de Sánchez, el tono del portavoz del PNV, Aitor Esteban, no ha sido tan duro como el del resto de aliados, pero tampoco ha obviado las advertencias. “No sé qué me produce más desazón, que usted lo supiera o que usted lo desconociera. Si lo sabía es una irresponsabilidad estar espiando a los dirigentes con los que estaba negociando. Si usted no lo sabía que el CNI se inmiscuya es muy grave”, le ha dicho a Sánchez.
Ataques al PP
El camino a la modificación de la normativa que regula el CNI lo había allanado el Defensor del Pueblo, que en su informe sobre el espionaje -además de avalar la actuación de los servicios de inteligencia respecto a 18 de los cerca de 65 investigados- apuntaba a la necesidad de “abrir una reflexión sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial existente, ahora y en lo por venir”. “La interceptación de las comunicaciones no significa lo mismo en 2022 que en 2002, ni significará lo mismo en unos pocos años”, rezaba el texto rubricado por Ángel Gabilondo.
A pesar de que la comparecencia se había forzado por el escándalo del espionaje, el socialista ha dedicado buena parte de su intervención al uso que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado refiriéndose en concreto a la Operación Kitchen. “Con este Gobierno no hay bula para apropiarse del dinero público. Con este Gobierno no hay permiso para crear policías paralelas que persigan a los partidos rivales”, ha expresado el presidente, que ha dedicado los primeros 17 primeros minutos de su discurso a atizar al PP, al que ha acusado de utilizar a 70 agentes para “obstaculizar” las investigaciones por corrupción que afectaban a Génova. “¿Cómo podemos estar seguros de que esas conductas no van a volver a repetirse si tienen oportunidad de hacerlo en el futuro?”, se ha preguntado en un momento en el que las encuestas dan mayoría al PP y Vox. “Las fuerzas y cuerpos del Estado están actuando. La Fiscalía y la judicatura están actuando. El Gobierno, tengan la certeza, colabora con transparencia y rigor con la Justicia cuando así es requerido. Pese a sus defectos, nuestra democracia es sólida puesto que aquellos actos delictivos no quedan impunes”, ha sentenciado.
El PP esgrime teorías conspirativas
La réplica de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha arrancado precisamente con una defensa de su partido y un ataque al PSOE. “Actúa ya más como líder de la oposición que como presidente”, ha arrancado. “No entraré en su juego sucio ni en su barro, porque está para dar explicaciones, pero usted es el secretario general de un partido con expresidentes condenados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Y que ha sido condenado por el mayor caso de corrupción en la historia de España, los ERE”, ha añadido, aunque el PSOE como organización no fue condenado como partido en el juicio de los ERE.
Gamarra ha asegurado en su intervención que el Gobierno “tiene en el PP un apoyo firme en temas sensibles, en Política Exterior y en seguridad” y ha advertido de que “no podrá contar siquiera con la mitad de su Gobierno”, en referencia a Unidas Podemos. Como ejemplo ha puesto la posición con la guerra de Ucrania y con la cumbre de la OTAN.
Pero inmediatamente Gamarra ha desplegado todas las teorías conspirativas sobre lo ocurrido con los móviles del presidente y de otros miembros del Gobierno. “¿Espiaron su teléfono oficial, o el personal? ¿Le robaron documentos, vídeos, wassaps? ¿Pone en peligro a España? ¿Es información sensible que le puede comprometer a usted? Los españoles no saben si tienen un presidente libre en su toma de decisiones o atado de pies y manos”, ha dicho.
“Acabamos de registrar una solicitud para convocar la comisión de secretos oficiales para que se facilite toda la información del hackeo”, ha anunciado Gamarra, quien ha mantenido las insinuaciones contra el Gobierno. ¿“Por qué hizo responsable [del 'hackeo'] a la directora del CNI y no a su Gobierno? La Secretaría General de Presidencia la ocupaba el señor Bolaños [Félix, hoy ministro de Presidencia] entonces”, ha señalado, para apuntar: “No es la Secretaría General quien le proporciona el teléfono? ¿Cuántas veces se ha analizado su teléfono? ¿Sigue los protocolos? ¿Lo reinicia cada día? ¿Se ha comportado de manera responsable? La ligereza de sus actuaciones nos hace vulnerables a todos”, ha espetado.
Gamarra ha defendido la vigencia de la ley de Secretos Oficiales, redactada por el Franquismo en 1968, y ha acusado a Sánchez de “improvisar” al anunciar su reforma, que forma parte del programa del Gobierno de coalición. Los trabajos para una nueva norma ya han comenzado.
La también secretaria general del PP ha concluido con otra retahíla de acusaciones (sin concretar) contra Sánchez: “¿Qué agente externo fue el responsable del espionaje? ¿Lo están investigando? ¿Sospecha de alguien? ¿El espionaje está relacionado con sorpresivos cambios de posiciones de su Gobierno [en referencia al Sáhara Occidental]? Nunca debería haber un pago o rescate por los archivos de su móvil”.