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CRÓNICA

Sánchez y Puigdemont se dan otra oportunidad mientras Feijóo se enreda en sus contradicciones y con sus barones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de una reunión con el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el Complejo de La Moncloa, a 20 de septiembre de 2024, en Madrid (España).

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Y, de repente, la economía. Porque el INE suma al crecimiento económico 36.400 millones extra que permiten revisar al alza la previsión de crecimiento del PIB  hasta el 2,7% en 2024. La OCDE dibuja a España como el motor de una eurozona lastrada por un crecimiento raquítico y nuestro país deja atrás la crisis inflacionista con un IPC que cae al 1,5%.

Y, de repente, la escena internacional. Porque, henchido de buenos datos macroeconómicos, Pedro Sánchez se posiciona en la Asamblea General de Naciones Unidas como uno de los principales actores globales en la batalla por la supervivencia de las democracias y contra la espiral de muerte en Gaza y Líbano. 

Y, de repente, el mundo de la  Cultura. Porque Sánchez aterriza en Madrid desde Nueva York y se planta, acompañado de su esposa Begoña Gómez, en el festival de Cine de San Sebastián para acompañar  a Pedro Almodovar, galardonado con el Premio Donostia 2024, y para convertirse de paso en el primer presidente de Gobierno que acude a la muestra. 

Y, de repente, el manual de resistencia. Porque si hay alguien a quien se le puede colgar el cartel de campeón de lo imposible es al presidente del Gobierno. Siempre al borde del abismo y siempre con un último movimiento que lo salva del precipicio. 

En ello está otra vez. Cuando todo el mundo daba por hecho el bloqueo y que la semana informativa giraría en torno a un nuevo revolcón parlamentario al Gobierno tras tumbarse en el Congreso por segunda vez la senda de estabilidad presupuestaria, llegó otro giro de guion. El Consejo de Ministros retiraba el proyecto de ley, y no sólo para evitar una nueva derrota, sino para darle otra oportunidad a la negociación y el diálogo con Junts. 

Una decisión que no se hubiera tomado sin haber testado antes el caudal de agua de la piscina en la que nadan, unos días a mariposa y otros días a crol, los de Puigdemont. Había agua y los neoconvergentes están dispuestos a sentarse de nuevo para alcanzar algún acuerdo que permita sacar la legislatura del bloqueo como ambas partes hicieron pensar.

Desde entonces todo han sido señales que invitan, si no al acuerdo, sí a pensar que nada está roto. Los independentistas piden, eso sí, algo más que gestos y también que  del 2,5% del déficit arrancado a Bruselas, las Comunidades dispongan de un tercio, esto es el 0,8% y Sánchez ha enviado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda a cuadrar de nuevo las cifras. Y mientras María Jesús Montero hacía números, asomaban en la escena otros guiños del Gobierno para reconquistar a Junts. 

De un lado, el ministro de Exteriores reclamaba otra vez a Bruselas que las lenguas cooficiales puedan ser utilizadas en la Eurocámara al tiempo que pedía una reunión con Roberta Metsola para acelerar la puesta en marcha de lo que fue uno de los compromisos adquiridos por el PSOE con Junts para la investidura de Sánchez. Y de otro, en el Congreso se reactivaron las comisiones de investigación de los atentados de Barcelona y de la Operación Catalunya. 

En La Moncloa admiten que será difícil recuperar la confianza perdida, pero también han leído con agrado el gesto de Puigdemont cuando respondió con un “lo diré sin embudos: eso es mentira” a una portada de Abc en la que se ponía en su boca un entrecomillado del ex president que decía: “Si Sánchez quiere mis votos, que venga a Waterloo”. Si todo estuviera roto, aseguran, “ni se hubiera molestado en desmentir semejante frase que jamás fue trasladada ni en esos términos ni en similares al PSOE”.

 Así que nada está roto. Ni por la inaplicación de la amnistía -que ya era algo que durante la negociación de la ley se advirtió que dependía del criterio de los jueces y no del gobierno- ni porque Hacienda no se molestara en modificar el techo de gasto que fue tumbado por primera vez antes del verano y lo llevase al Congreso en los mismos términos. Ahora será Montero, si hay cambios como exige Junts, quien de nuevo tenga que explicar por qué ha hecho posible lo que hace dos meses era intocable.

Dos victorias pírricas, pero muy celebradas

En todo caso, el PSOE da por hecho que no habrá avances hasta después del Congreso de Junts que se celebrará a finales de octubre, un cónclave en el que tendrá que despejarse también el futuro orgánico de Puigdemont dentro de su partido. Pero, de momento, los socialistas lograron evitar esta semana que acaba una nueva derrota en el Congreso y devolverle el golpe a un PP que vio decaer, también con los votos de Junts, su enmienda a la totalidad de la Ley de movilidad sostenible y una moción que pretendía obligar al Gobierno un plan fiscal estructural. Dos victorias pírricas, pero muy celebradas en las filas socialistas, que vieron cómo se pinchaba el globo de los populares sobre un gabinete que carece de apoyos para aprobar iniciativas en el Congreso. Todo además en una semana en la que Feijóo volvió a enredarse en sus propias contradicciones y a comprobar cómo sus barones mantienen estrategias propias, al margen de lo que dicte Génova. 

Por partes, en su repentino empeño por liderar las políticas sociales y transitar por una nueva senda de oposición, esta semana se erigió en defensor de las políticas de conciliación y anunció un plan que presentará a los agentes sociales con la educación infantil gratuita y la defensa de la maternidad como protagonista. Basta un vistazo a la hemeroteca para recordar el sistemático bloqueo del PP a este tipo de iniciativas. En 2019, por ejemplo, fue el único grupo que votó en contra del permiso de nacimiento y cuidado que instauró el nuevo sistema de permisos igualitarios de 16 semanas a padres y madres. El mismo año llevó ante el Constitucional la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad y se opuso al disfrute del permiso de lactancia de 28 días para las trabajadoras no cubiertas por convenio colectivos. 

En 2021, votó en contra del nuevo complemento para reducir la brecha de género, que incrementa las pensiones de quienes en la pareja han visto perjudicada su carrera por el nacimiento de un hijo y que ya reciben hoy 820.000 pensionistas, el 90% mujeres. 

En las comunidades autónomas donde gobierna, las políticas del PP no parecen muy coherentes con este plan que ahora quiere impulsar Feijóo en favor de la conciliación: en sus cinco primeros años al frente de la Xunta, Feijóo recortó en más del 50% la cuantía de las ayudas a la dependencia; Andalucía ha devuelto al Gobierno 112 millones de euros del Plan de Recuperación tras negarse a la creación de más de 12.000 plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años; Castilla y León es la comunidad que ha reducido más su aportación a la Dependencia y Ayuso preside la región española con menor inversión económica en políticas sociales por habitante mientras rebaja impuestos a los más ricos de la Comunidad.

Esto en materia de conciliación y política social, pero la misma impugnación se ha visto entre su anunciado voto en contra de la senda de déficit que finalmente se retiró y su abstención en el Consejo de Política Fiscal y Financiero. O ante la ley del suelo que se aprobó, con el voto en contra del PP antes del verano, y apoyó la FEMP -con mayoría de los populares. O ante la recién aprobada Ley de Movilidad Sostenible, cuya tramitación decayó en la anterior legislatura por la convocatoria de elecciones pero a la que los de Feijóo presentaron sólo enmiendas al articulado mientras que esta semana defendieron una a la totalidad que no fue aprobada. O ante la Ley de Extranjería, para la que en Canarias se alcanzó con su voto un acuerdo y, sin embargo, ha conseguido bloquear en el Congreso. 

El desorden y la contradicción en su estrategia opositora choca además con la que cada uno de los barones despliega en sus territorios. El ejemplo más clamoroso ha sido esta semana el del no de Ayuso a la reducción de la jornada laboral mientras Feijóo se abría a estudiar una revisión, pero también el del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, quien al salir de su encuentro en La Moncloa con Sánchez el pasado viernes reconoció haber hablado sólo de los problemas de su región y no haber pedido a Sánchez que en la próxima Conferencia de Presidentes incluya el asunto de la financiación autonómica, que ha sido la consigna impartida por Génova. Y esto tan sólo un día después de que los presidentes de Valencia y Andalucía, Carlos Mazón y Juan Manuel Moreno, se reunieran, al margen de la dirección nacional, para aunar una posición común respecto a la financiación. Lo normal cuando el liderazgo nacional flojea.

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