El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido a los presidentes de las CCAA que la entrega de material para luchar contra el coronavirus va con retraso, según informan a Europa Press fuentes autonómicas.
Sánchez ha trasladado este mensaje a los presidentes regionales durante la tercera video reunión que mantiene con ellos desde que se decretó el estado de alarma para luchar contra la pandemia.
Precisamente esta es una queja que le transmitieron los presidentes autonómicos al jefe del Ejecutivo en la video reunión de la semana pasada. Se trató de una crítica práctiamente unánime de los presidentes de las comunidades autónomos.
Ahora ha sido Sánchez quien ha admitido que esto es así, que la entrega del material de protección, de mascarillas y respiradores está yendo con más retraso del deseado debido a la saturación de demanda que hay en los mercados internacionales de estos productos.
Durante el encuentro, algunos presidentes también han transmitido su malestar por las nuevas medidas de restricción de la movilidad y de cierre de actividades no esenciales que anunció ayer el presidente y que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros.
De hecho, Urkullu ya se lo manifestó anoche en una carta a Pedro Sánchez, en la que además le pidió que sean las propias autonomías las que procedan al cierre de lo que no es esencial.
Y hoy, en la reunión, el lehendakari vasco ha afirmado que “el empleo, la economía y el futuro se enfrentan a un panorama peor”, tras la resolución del presidente del Gobierno de paralizar las actividades no esenciales para frenar la pandemia del coronavirus.
Le ha reclamado medidas complementarias “para apoyar al sector industrial y compensar el grave impacto en el empleo y en la actividad productiva que va a tener la decisión de cierre adoptada”.
Tras asegurar que “colaboración y cooperación”, no son “imposición”, ha pedido “lealtad recíproca”, y ha considerado que había otras opciones “menos lesivas” que ofrecían “mejor balance”. Por ello, ha instado a Sánchez a que “corrija la distorsión” que supone comunicarles decisiones “consumadas” y le ha trasladado que es “contraproducente una aplicación uniforme” de las restricciones.