Sánchez reforma los delitos de sedición y malversación convencido de que Catalunya será su principal activo electoral

Tras la debacle de Andalucía el pasado junio, Catalunya es el principal activo electoral del PSOE. De los catalanes depende, entre otras cuestiones, que Pedro Sánchez pueda revalidar su mandato en 2023. A diferencia de los populares, los socialistas siempre necesitaron un buen resultado en aquella comunidad para ganar en las generales. Cuando el PSC está fuerte, lo está el PSOE. Y con Salvador Illa, que en febrero de 2021 ganó en votos los comicios catalanes 18 años después de que lo hiciera por última vez Pasqual Maragall, Sánchez tiene la vista puesta en este territorio. No es baladí que el presidente haya tenido como objetivo en esta legislatura desinflamar la política catalana y tender los puentes necesarios para normalizar las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno de España.

En La Moncloa saben que los socialistas necesitan mantener el granero catalán para seguir en el Gobierno y con la llamada 'Agenda para el Reencuentro' no sólo refuerzan al PSC, sino que debilitan al independentismo y ayudan a pasar la página del procés. Su máxima: devolver a la política la judicializada carpeta catalana. Es en este contexto en el que se explica no solo la polémica concesión de los indultos a los condenados por el 1-0, sino también la reforma del Código Penal para revisar los delitos de sedición y malversación por los que los líderes del procés están unos condenados y otros pendientes de juicio. Tres asuntos que, pese a la furibunda crítica de la derecha, no han tenido un coste electoral en los sondeos. Desde luego, la medida de gracia no la tuvo y en el gabinete del presidente están seguros que ocurrirá lo mismo con la sedición y la malversación.

Este viernes, tanto los partidos que sostienen al Ejecutivo –PSOE y Unidas Podemos– como ERC registraban enmiendas al texto inicial presentado por las fuerzas del Gobierno para reformar el delito de sedición y su sustitución por el desórdenes públicos agravados en el marco de la mesa de diálogo con Catalunya y de las negociaciones con el Govern. En su texto, los republicanos pidieron rebajar la condena máxima que se puede imponer a un culpable de malversación cuando no exista ánimo de lucro del criminal ni de terceros.

En la primera versión de la enmienda revelada el miércoles por elDiario.es, que estaba sujeta a cambios, la malversación por parte de un cargo público sin ánimo de enriquecimiento personal estaba penada con hasta cuatro años de prisión en los casos más graves. La versión definitiva presentada este viernes por la formación independentista elimina uno de los artículos que sí incluía la versión previa y deja esas posibles condenas máximas en tres años de cárcel, un año menos.

PSOE y Unidas Podemos, por su parte, han introducido en sus enmiendas el delito de enriquecimiento ilícito. Hasta ahora, los cargos públicos tenían obligación de presentar una declaración de bienes y patrimonio. Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal pasarán a tener también la obligación de declarar los incrementos de patrimonio o de condonaciones de deuda hasta cinco años después de haber causado baja en su puesto. Además, ambos grupos sumaron dos enmiendas más para que los vocales o el presidente del CGPJ que bloqueen la renovación del Tribunal Constitucional incurran en responsabilidades penales y para suprimir el requisito de verificación de los nuevos magistrados por parte del Tribunal. Una medida dirigida a sacar a estas instituciones del bloqueo al que son sometidas por el PP y el sector conservador de la Justicia.

En cuanto a las medidas referidas a la sedición y la malversación, que se debatirán este lunes en la Comisión de Justicia del Congreso en el marco de la tramitación exprés impulsada por el Gobierno –que, según sus planes, se aprobará antes de final de año–, la mayoría de los socialistas cree que el golpe de oportunidad del presidente es una apuesta ganadora porque acelera el fin del ciclo del procés, consolida la mayoría parlamentaria y divide aún más al independentismo. Y sobre estas premisas confía en un final óptimo de la legislatura que le sitúe en buena posición de salida para las generales de 2023. Los indultos, la sedición y la malversación son asuntos que en Catalunya tienen una buena acogida y que en el resto del territorio, aunque haya reservas, “no influyen en el voto de la gente”, sentencian en el seno del Gobierno, donde también aseguran que los españoles “son conscientes que hoy Catalunya está infinitamente mejor que en 2017 gracias a la agenda de Sánchez”.

El presidente es, entre todos los miembros del Gobierno, el más convencido de que hay que “restar dramatismo” al ruido que genera la derecha con Catalunya y de que con la reforma del Código Penal se pone punto y final a la carpeta catalana que se comprometió a impulsar cuando llegó a La Moncloa. Una apuesta de país que los socialistas justifican en aras de la concordia y la convivencia, pese a la inflamada reacción de las derechas.

Se puede estar de acuerdo o no en la oportunidad de Pedro Sánchez para reformar la sedición y la malversación. Incluso sostener que se trata de una reforma sugerida por sus socios de ERC, que al comienzo de la Legislatura rechazaron la revisión de sendos delitos y pedían la amnistía de todos los condenados. Pero acusar al presidente del Gobierno de “traidor” o “conspirador contra el ordenamiento jurídico” hay una delgada línea que la derecha política y mediática cruzan cada día para dibujar a un Sánchez antipatriota, en manos de los separatistas y dispuesto a romper España para permanecer unos meses más en La Moncloa.

Pero más allá de la retórica inflamada, lo cierto es que la única vez que España estuvo en riesgo de ruptura fue en 2017 con un Gobierno del PP, cuando el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont declaró la independencia, el Ejecutivo de Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución y las calles se llenaron de barricadas. 

​​En las últimas elecciones generales, las de noviembre de 2019, el PSC logró 794.666 votos en Catalunya. No ganó.  Quedó en segunda posición, después de ERC. En cambio, sí que lo logró en las autonómicas de diciembre de 2021, cuando Salvador Illa consiguió la victoria, aunque no pudo gobernar. Ahora, los socialistas esperan que en las generales de diciembre del año próximo el PSC vuelva a superar a ERC, al menos en número de votos.

Un plebiscito sobre Sánchez

El fenómeno independentista juega a favor de Pedro Sánchez,  y no por las alianzas que tiene con ERC en el Congreso, sino por la división y la desmovilización que vive el soberanismo, que en las últimas autonómicas ya perdió 700.000 votos. Un Sánchez optimista ante el futuro defiende además que lo que hace ganar las elecciones “es la prospectiva” y que “es el PSOE y no el PP, quien tiene liderazgo, proyecto político y equipo”. 

Una afirmación de la que discrepa, claro, la derecha, donde ya han asumido que las generales no se librarán en clave económica, pero sí de “plebiscito sobre Sánchez”, a quien no le conceden ninguna empatía con el electorado. Uno de los barones más influyentes del PP reconocía el día de la Constitución que “los datos económicos de 2023 serán buenos, pero la escasa credibilidad que Sánchez tiene entre los españoles seguirá siendo la misma”. 

¿Un plebiscito? “Todas las generales son de algún modo una referéndum sobre todos los presidentes del Gobierno”, respondía Sánchez, quien añadía irónico y seguro de sí mismo: “Y no me parece mal que así sea”.