Entre el apocalipsis y la normalización, el Gobierno de Pedro Sánchez está con la estandarización. No hay hecatombe que valga. Ni curvas cerradas. Ni crisis insalvable. La botella, siempre medio llena. El optimismo antropológico de Zapatero se ha quedado corto y lo que antes era la geometría variable obligada por una mayoría limitada ahora es normalidad democrática.
Vivir en coalición es lo que tiene. Que hay discrepancias de fondo, sobresaltos y hasta votaciones separadas. Esta semana por primera vez PSOE y Unidas Podemos votaron diferente en el Congreso un texto que salió del Consejo de Ministros. Una enmienda de última hora a la ley audiovisual introducida por los socialistas para beneficiar a las grandes productoras frente a las independientes tuvo la culpa. El texto salió, no obstante, gracias a la abstención del PP. Y se armó el bochinche: que si el Gobierno agoniza; que si el PSOE cambia de aliados para marcar distancias con el bloque de la investidura; que si a las puertas de un nuevo ciclo electoral cada cual marca ya posiciones propias; que si la legislatura ha entrado en tiempo de descuento…
Nada más lejos de las lecturas que hacen de lo ocurrido en La Moncloa, tras esta semana de dolor y berrinche, no sólo por la fractura entre socios, sino también por el repaso que sus habituales aliados parlamentarios dieron a Sánchez por las insuficientes explicaciones sobre el escándalo Pegasus. El PP huele elecciones, pero el presidente ha decidido desmentir ese olfato con la célebre muletilla del “Yo sigo” que acuñó el cómico argentino Joe Rigoli en los setenta y repetían absurdamente los españoles.
La fontanería monclovita insiste: queda mucha legislatura, el Gobierno sigue y la coalición goza de muy buena salud. Consignas aparte, el presidente convirtió el viernes, 24 horas después de la ruptura de voto entre socios, la presentación del PERTE de Economía Social y de los Ciudadanos en un acto de reivindicación de la cohesión interna de su gabinete. Con presencia, claro, de Yolanda Díaz, Irene Montero y Ione Belarra, además de otros ministros socialistas.
Cuatro años después de la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa, el presidente trata de romper el marco de la derecha mediática y política en favor de un adelanto electoral y un nuevo cambio de ciclo político. Su propósito pasa no solo por agotar mandato, sino también por revalidarlo en diciembre de 2023. “Un año en política es mucho tiempo y este es un Gobierno que avanza. Seguirá adoptando medidas en favor de los ciudadanos e impulsando reformas legislativas para modernizar las instituciones y mejorar la calidad democrática”, aseguran desde la Presidencia.
Todo ello tratando de poner al PP “frente al espejo de su realidad corrupta”, añaden. De ahí que Sánchez dedicara los primeros 20 minutos de su comparecencia el pasado jueves en el Congreso para hablar de Pegasus a recordar los casos de corrupción que encadenaron los populares cuando estaban en el Gobierno y les acusara de utilizar todos los resortes del poder para tapar su putrefacción política.
Lo que en otros tiempos se llamó geometría variable ante la ausencia de mayoría absoluta, ahora se conoce por “normalidad democrática” en el Parlamento más fragmentado de la historia de la democracia. Los socialistas ponen en valor las 140 leyes aprobadas sin perder una sola votación en lo que va de mandato y restan importancia al con quién en favor del qué. Dicho de otro modo: lo que importa es el contenido, y no quienes lo apoyan.
“La capacidad del Gobierno de sacar una ley tras otra con diferentes mayorías y distintos partidos es un éxito de negociación y no un lastre con la actual composición de las Cortes, que es la que han decidido los ciudadanos”, aseguran desde el entorno de Sánchez, donde no ven además disposición alguna en el PP a colaborar con el PSOE ni siquiera en materias nucleares para el país.
Los socialistas tratan de disipar el temor de sus habituales aliados parlamentarios, incluido su socio de coalición, sobre un posible entendimiento con los populares, algo que por otra parte certifican las palabras de Alberto Núñez Feijóo: “El partido sanchista nos pide apoyo como principal partido de la oposición pero luego no pierde la oportunidad de insultarnos. Dice que quiere hablar con el PP, pero luego lo pacta todo con los independentistas. ¿En qué momento se convirtió la política en este teatro? ¿Y de verdad tenemos que participar en este teatro? Conmigo que no cuenten”.
Lejos de esa entente que algunos barruntan, la abstención del PP a la ley audiovisual responde más a los intereses y la presión ejercida sobre los partidos nacionales de una parte del sector que a la voluntad de la derecha de facilitar la labor parlamentaria al Gobierno. A nada más. Tanto es así que Feijóo ha pedido a sus parlamentarios que ejerzan de alternativa más que de oposición porque ésta la hacen ya “algunos miembros del gobierno” y los de Sánchez intentan hacer mella en el líder de la oposición por esconderse del pasado corrupto de su partido y evitar su presencia en el Congreso durante una sesión de la trascendencia de la del pasado jueves. “El líder del PP –sostienen en La Moncloa– es ya senador con derecho a sentarse en el Congreso cuando quiera y a hacer uso institucional del escaño. No lo hizo porque tiene un problema serio con la corrupción. Por eso se aleja de los debates parlamentarios”.
Desde Unidas Podemos, sin embargo, entienden que su abstención, que no voto en contra a la Ley Audiovisual, podría responder a una estrategia de los socialistas de separarse del bloque de la investidura ante el nuevo ciclo electoral, lo que podría dar lugar a sucesivos “psicodramas” en el seno de la coalición si la parte socialista vuelve a salirse del marco de un acuerdo alcanzado en el seno del Consejo de Ministros para introducir una enmienda que no les fue consultada. Pese a todo, su voluntad, como la del PSOE, es llegar hasta el final de la legislatura, si bien le preocupa “el constante marco de ruido interno y los continuos intentos frustrados de otras mayorías” distintas a la de la investidura. “Al PP y a Vox no se les combate de este modo, sino con la construcción de un proyecto político que haga que la izquierda salga a votar”, apuntan.
La semana acaba con una sobreactuación sobre la cohesión de la coalición de gobierno, con el malestar de los aliados parlamentarios a cuenta del espionaje y sin fecha para la anunciada reunión entre Sánchez y Aragonès. Un extremo este último al que desde Presidencia tratan de restar importancia y justifican con problemas de agenda de sendos presidentes. Que los canales de comunicación entre gobiernos se hayan mantenido abiertos en todo momento, pese a la crisis del espionaje, es una demostración, para los socialistas, de que la voluntad de ambos sigue siendo el diálogo y de que, pese a la dosis de recuerdo que supuso la comparecencia de Sánchez, el escándalo Pegasus ha entrado, según expresión utilizada por el sanchismo, “en modo encefalograma plano” con el compromiso del presidente de reformar la ley de Seguridad Nacional y del CNI. Dos modificaciones de incierto recorrido tanto por el calendario legislativo como por la dificultad del Gobierno para sumar los apoyos necesarios. Pese a que los asuntos de seguridad nacional siempre fueron consensuados por los dos principales partidos, hay dudas razonables de que Feijóo vaya apoyar los textos que remita el Gobierno a las Cortes Generales.
El compromiso político está. Ahora falta la traducción jurídica, sumar los votos necesarios y que la mayoría que finalmente se configure para sacar adelante las reformas no aleje al PSOE aún más de sus habituales aliados. Con todo, Sánchez mantiene intacta su hoja de ruta y la agenda legislativa y está determinado a agotar el mandato con los mimbres que ofrece el actual marco político de pluripartidismo y fragmentación.
Lo dicho: la botella, siempre medio llena. Otra cosa es lo que depare la realidad política.