El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido en Bruselas a la petición de Unidas Podemos de una reunión urgente por la “intromisión” de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en la derogación de la reforma laboral, asunto que estaba pilotando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que es un elemento central del acuerdo de Gobierno entre PSOE y UP. Y Sánchez ha respaldado el papel de Nadia Calviño en la reforma laboral, calificada como “injerencia” por parte de UP en tanto que desplaza el liderazgo de Díaz en la materia, que lleva medio año negociando la materia con sindicatos y patronal: “Afecta a cinco ministerios”.
Hasta ahora la coordinación de la reforma ha estado recayendo en Yolanda Díaz, pero el presidente Sánchez ha ordenado que Calviño asuma ese papel, ante el enfado del socio de coalición.
La noticia ha saltado este viernes a primera hora, cuando la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, tuiteaba: “El espacio confederal de Unidas Podemos solicita una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición entre el PSOE y UP. Necesitamos abordar la gestión y ejecución de los compromisos de coalición”.
En UP consideran “gravísimo” que Calviño hable de incumplir un acuerdo pactado en el Gobierno y lo entienden como una “injerencia” en la negociación que lleva cinco meses avanzando en el dialogo social, apuntan las fuentes consultadas.
“El Gobierno tiene un acuerdo de investidura”, ha reconocido Sánchez, “un acuerdo de Gobierno, y ahí figura el compromiso de actualizar las normas laborales de nuestro país”, ha dicho evitando hablar de “derogación” en Bruselas y rebajando el tono usado en el pasado congreso del PSOE: “Queremos hacerlo de la mano de sindicatos y de la patronal, hemos dicho en Bruselas que llegará a final de año. Es una ley del Gobierno de España y afecta a Trabajo, Economía, Hacienda, Seguridad Social, Educación... De aspectos que tienen que ver con el Trabajo y la Economía, una importante ley que afecta a muchos ministerios, y todos tienen que aportar y colaborar. Es la petición y orden que he dado a todos”.
“No es intervenir, es aportar, es coordinar, es colaborar”, ha afirmado Sánchez: “Es la reforma del Gobierno de España, es una gran oportunidad y nos hemos marcado el hito de fin de año. Afecta a muchos ministerios. Es una ley del gobierno, se trata de aportar, cooperar, colaborar. Y eso es más laborioso, es evidente”.
¿“Derogación” o “paquete equilibrado de cambios”?
Nadia Calviño volvió a mostrar sus resistencias a apoyar expresamente la derogación de la reforma laboral del PP. Este jueves, la vicepresidenta primera participó como máxima responsable del Gobierno en la inauguración del 12 Congreso confederal de CCOO, y tampoco en el acto sindical se ha sumado al discurso que mantiene su Ejecutivo. Ni siquiera después de las palabras del pasado fin de semana del presidente Pedro Sánchez que reivindicaron tumbar esta legislación del Gobierno de Mariano Rajoy.
“Llevo tres años y medio –de ministra primero y después de vicepresidenta– emplazándonos a todos a superar el debate entre reformas, contrarreformas...”, ha respondido Calviño sobre si tenía el mismo planteamiento que el presidente Sánchez respecto a que la reforma laboral que negocia el Ministerio de Yolanda Díaz supone la derogación de la legislación del PP.
La responsable económica del Gobierno ha llamado de nuevo a superar “el debate sobre reformas y contrarreformas” y ha abogado, de manera repetida, por una reforma “equilibrada”. “Creo que lo que tenemos que hacer es trabajar mirando al futuro y abordar un paquete equilibrado de cambios que modernicen nuestro merado laboral”, ha sostenido Calviño.
El nuevo marco laboral español es clave para recibir 12.000 millones de euros de los fondos de recuperación europeos en el primer semestre de 2022. El compromiso del Gobierno, en los planes de reforma enviados a Bruselas, es que la reforma estaría lista antes de que acabe 2021. “Los trabajos van ágiles, en noviembre han de estar culminados”, dijo hace una semana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, antes de entrar en el consejo de ministros europeos de Empleo y Política Social (EPSCO) en Luxemburgo.
“Es una reforma fundamental, de las más importantes de nuestro país”, decía Díaz: “El compromiso es tener publicada la reforma laboral en el Boletín Oficial del Estado antes del 31 de diciembre. Los trabajos van rápidos, ágiles, y en un plazo máximo, en torno al mes de noviembre, han de estar culminados. Esta es la obligación que tenemos. Solamente hemos dejado la Ley de Empleo para 2022, pero los elementos centrales de modernización del mercado de trabajo han de estar publicados en el BOE antes del 31 de diciembre. Por tanto, es para ya”.
Hace menos de un mes, en la clausura de la Fiesta del PCE, ante 10.000 asistentes, Díaz aseguró que si no se conseguía ese cometido el Gobierno “se equivocará”. En esa intervención, ya alertó que para culminar ese objetivo el Ministerio de Trabajo va a afrontar “muchos atropellos”. Aún así, mantiene su convicción de que ese proyecto va a salir adelante. “Lo vamos a hacer, ¿verdad, Unai? ¿verdad, Pepe?”, apuntó, interpelando directamente a los líderes de Comisiones Obreras y UGT. “Creedme, vamos a derogar la reforma laboral”, finalizó.
Errejón critica el nuevo papel de Calviño
A última hora de la tarde se pronunció sobre la nueva fricción en el Gobierno el líder de Más País, Íñigo Errejón, lamentando que la parte socialista del Ejecutivo “meta por medio” de la negociación del nuevo marco laboral a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. A su juicio, el movimiento se produce “para intentar perder tiempo” y “ganar excusas”, evitando así la derogación de la reforma laboral.
“No entiendo que ahora de repente se ponga la señora Calviño a tutelar”, ha afirmado Errejón, que ha recordado que “el Gobierno llegó a la Moncloa diciendo que iba a derogar la reforma laboral”, que fue un “compromiso” adquirido con quienes facilitaron la investidura de Pedro Sánchez y que, por tanto, “tiene que hacerlo”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido como “avance” las conclusiones del Consejo Europeo sobre el mercado eléctrico: “En cuestión de mes y medio un tema que no estaba en la agenda europea ha entrado en la agenda europea. Y que haya habido una comunicación de la Comisión Europea y se le haya planteado que elabore un informe en noviembre y volvamos en diciembre con Consejo Europeo, son elementos que invitan a una cierta esperanza de que la UE también a escala supranacional tome cartas en el asunto. Es un avance”.
Sánchez ha reconocido que “los tiempos de Bruselas, porque somos 27, son distintos, pero sí se ha avanzado en las conclusiones. El debate no va a parar hasta diciembre, el 26 de octubre tenemos una reunión de energía, en noviembre sabremos qué opina el regulador europeo sobre el mercado, posteriormente la Comisión Europea hará propuestas... Para nada esto se aparca, está presente en la agenda europea”.
El Gobierno español ha presionado en todos los ámbitos en las últimas semanas para introducir en la agenda europea el debate sobre el mercado eléctrico.
Y lo ha logrado. Igual que ha conseguido que las conclusiones incluyan con detalle la evaluación del mercado de las ETS –derechos de emisiones de CO2, cosa que ha pedido también el checo Andrej Babis– y que el asunto sea revisado en el Consejo Europeo del 16 y 17 de diciembre. Ambos concreciones no se encontraban en los borradores de conclusiones, que fueron incluyendo que la Comisión y el Consejo deben considerar “con prontitud” medidas que puedan llevar a un precio más asequible de la energía.
Eso sí, lo que no ha conseguido lograr son esas medidas “audaces y contundentes” que pedía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace dos semanas en Liubliana (Eslovenia). Pero, claro, la reforma del mercado de la energía tampoco es algo que se pueda hacer en semanas, como reconoce ahora el Gobierno español: la última reforma es de 2019 y llevó varios años pactarla, además de que luego todo tiene un proceso legislativo laborioso, entre Comisión, Parlamento Europeo y Consejo.
Además de que se aborde el problema y se discutan las medidas planteadas por el Gobierno español, entre otros, lo que ya se ha logrado es una comunicación de la Comisión Europea que recopila las medidas al alcance de los Estados, calificada por “incongruente” por la vicepresidenta Teresa Ribera, y el compromiso de Bruselas de examinar algunas de las propuestas españolas: revisar el mercado del CO2, estudiar la compra conjunta de gas y analizar la puesta en marcha de reservas estratégicas ante futuras crisis.