Sánchez soslaya la presión y mantiene su hoja de ruta aunque el PSOE aleja el “pago por adelantado” que exige Junts

Dar tiempo al tiempo. Sin detenerse ante las críticas ni la presión. Pedro Sánchez ha impuesto el sin prisa pero sin pausa a la negociación con el independentismo en busca de apoyos para ser investido presidente del Gobierno. Está convencido de que lo hecho en su anterior mandato para reparar la grave fractura que heredó del PP en Catalunya ha dado los resultados esperados y no piensa desviarse un milímetro de su hoja de ruta. El diálogo es el método. El objetivo es la concordia y el límite, la Constitución. Lo reiteró esta semana en la apertura del año político en el transcurso de una conferencia en el Ateneo de Madrid, en la que evitó mencionar la palabra amnistía. El principal escollo, no obstante, sigue siendo el “pago por adelantado” que reclama Junts para lo que denomina “el abandono completo y efectivo de la vía judicial” contra los independentistas. La interinidad de un gobierno en funciones y los plazos que impone la tramitación parlamentaria son, a priori, un problema.

Frente a un Feijóo que en la Moncloa creen que calculó mal los tiempos para su investidura 'fake', que “está abrasado” y que ejerce ya como “jefe de la oposición”, el secretario general del PSOE se mantiene firme en el diálogo con los de Puigdemont. Los socialistas están convencidos de que el PP se equivocó al exigir tantos días entre la propuesta de Felipe VI y la sesión de investidura. Es más, ante el intento ahora de los populares de instalar un marco por el que supuestamente la decisión partió de la presidenta del Congreso, invocan una carta oficial remitida por Feijóo a Francina Armengol para hacer constar que tenía el mandato del rey y recomendarla que para fijar el calendario tuviese en cuenta los precedentes, que iban de más de 30 hasta 46 días transcurridos en otras investiduras. El problema parece bastante obvio, y no es tanto el dilatado tiempo entre la propuesta del rey y la sesión de investidura, sino que otros encargos del monarca no nacieron muertos como sí nace el de Feijóo.

Sánchez cree que el candidato del PP ha sometido al país a “un tiempo estéril de parálisis e inacción por intereses puramente partidistas” y que ha convertido “una frustración personal en un bloqueo colectivo e institucional”, tal y cómo afirmó el pasado lunes. De ahí que la estrategia de los monclovitas pase por no asumir en “este momento Feijóo” un protagonismo que “no nos corresponde, pero tampoco desaparecer de la escena pública”, como demuestra la agenda del presidente en funciones, que para la próxima semana incluye una conferencia sobre “economía estratégica” en la sede de la CEOE en el marco de la presidencia de la UE. Una cita a la que en la Moncloa le dan la máxima relevancia, después de la virulenta crítica de la patronal y su presidente, Antonio Garamendi, a gran parte de las medidas impulsadas por el Gobierno en el anterior mandato y después de que la derecha política se revolviera contra él por manifestar en su día públicamente su apoyo a los indultos a los líderes del procés. Sobre la posible amnistía no ha dicho nada aún.

Más allá de este acercamiento de Sánchez a los empresarios, desde el PSOE defienden que el actual “no es momento de inventar relatos, sino de construir realidades y de ganar una investidura con un proyecto de país” que es el que atribuyen a Sánchez y a su voluntad de seguir adelante para “velar por la convivencia entre territorios y personas defendiendo la pluralidad de España”. Dicho en palabras del propio presidente en funciones: “Para dejar atrás un pasado de trincheras y barricadas”.

La suya, se justifican en el PSOE, es una “solución valiente”, “coherente” con lo realizado en su anterior mandato y que respalda “sin fisuras” la Constitución. La declaración de Felipe González, Alfonso Guerra y otros exdirigentes socialistas en sentido contrario no han hecho mella en el presidente en funciones en un momento en el que quienes desde el PSOE negocian con Junts intentan mantener en el plano de la discreción el contenido de las conversaciones.

Están seguros de que hay un camino por explorar pero también una enorme distancia aún entre socialistas y exconvergentes que se reducirá, anticipan, desde la convicción de que el diálogo logra siempre mucho más que la confrontación y que cuando hay voluntad de entenderse, “la pluralidad puede traducirse en riqueza y estabilidad”. 

Referentes de la derecha y no del electorado progresista

De ahí que tanto en La Moncloa como en Ferraz, donde manejan estudios sobre la opinión ciudadana respecto a posibles acuerdos de investidura, rebajen a reflexiones personales “legítimas y respetables” las declaraciones de González o Guerra. “En ningún caso –añaden– son compartidas por el conjunto de la militancia ni por la inmensa mayoría del electorado de izquierdas”. Es más, hace tiempo que la dirección socialista defiende que los otrora presidente y vicepresidente del Gobierno tienen más predicamento entre la derecha  y sus más inflamados seguidores que en el electorado progresista. Lo que no pueden negar, no obstante, es el malestar por la inoportunidad de las mismas, las invocaciones a una Constitución que Sánchez se ha impuesto como límite en su negociación con los independentistas y su desapego a las siglas en las últimas campañas electorales, pese a las reiteradas demandas sin éxito que les hicieron a ambos algunos candidatos en busca de apoyo. 

Los socialistas creen, en todo caso, estar ante una oportunidad única “para una solución sensata” tras escuchar la intervención con la que Puigdemont fijó también esta semana desde Bruselas las condiciones para apoyar la investidura de Sánchez. Todo con grandes dosis de prudencia e intentando alejar, como se ha dicho antes, el “pago por adelantado” que exige Junts, esto es que la amnistía o cualquier sucedáneo de la misma, se pueda aprobar antes de que el presidente hoy en funciones vuelva a ser investido. 

Una urgencia difícil de justificar

La opción de que los grupos parlamentarios presenten una proposición de ley en el Congreso sigue siendo la más sólida, pero los negociadores del PSOE no ven argumentos con los que justificar un trámite de urgencia que, en todo caso, nunca sería además de menos de 30 días como se ha dicho, ya que el PP tiene  mayoría en la Mesa del Senado y puede dilatar los plazos, como está haciendo ya con la aprobación del Grupo Parlamentario solicitado por Junts en la Cámara. A la dificultad procedimental se añade además la circunstancia no menor de que el texto se aprobaría con un Gobierno en funciones, lo que estéticamente no todos en el PSOE consideran acertado teniendo en cuenta también que, al tratarse de una proposición de ley, no serán preceptivos los informes del CGPJ y el Consejo de Estado.

Un compromiso escrito con plazos

La solución que hoy se maneja para evitar ese “pago por adelantado” es la firma de un compromiso escrito que establezca unos plazos determinados. Todo lo que sea impulsar la solución antes de la investidura fake de Feijóo o de la de Sánchez convertirá el asunto en el centro de debate durante ambas sesiones, algo que quieren evitar los socialistas.

Todo ello forma parte de las reflexiones que en este momento se enhebran en la sede del PSOE. Y, siempre, desde la reserva que impone una negociación que si por algo entienden los negociadores sigue adelante es en buena medida por la discreción que mantienen las partes y la ausencia de filtraciones. En esta estrategia compartida de mesura y circunspección no entran Yolanda Díaz ni los dirigentes de Sumar, a quienes en Ferraz se les atribuye “un afán de protagonismo que no tienen en la negociación”. El viaje de la vicepresidenta en funciones a Bruselas para fotografiarse con Puigdemont, del que Sánchez se enteró la noche anterior y no por su socia de coalición, aún escuece en La Moncloa ya que lo consideran “una profunda deslealtad” y una “zarandaja” en el marco de “un diálogo laborioso y complejo en el que Díaz no tiene ni arte ni parte”.

La única certeza hoy es que el independentismo ha vuelto al centro de la escena política y con él el debate sobre las concesiones a cambio de su apoyo parlamentario. Nada nuevo en una democracia, cuya Constitución dejó sin resolver los problemas territoriales.