La Ley de Murphy es una regla no escrita, aunque ampliamente aceptada, que sostiene que “si algo puede salir mal, saldrá mal”, y viene a ser homologable al dicho popular de que “a perro flaco, todo son pulgas”. Veamos: un Gobierno en minoría, unos socios parlamentarios poco predecibles, una ley de amnistía no exenta de polémica y, de repente, ¡boom! Un caso de corrupción. O es la Ley de Murphy o es que a Pedro Sánchez se le ha acabado la 'baraka'. Cuando todo el mundo apuntaba a que el olvido penal terminaría con el Gobierno de coalición, un juez ordena la detención, y posterior puesta en libertad, de 20 personas, entre ellas el asesor de un exministro y exsecretario de Organización del partido por presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia.
Y la onda expansiva de esa bomba de neutrones parece haber dejado sin capacidad de reacción o estrategia con la que retomar el rumbo a los socialistas: “No tenemos un plan, no hay reacción. Ni siquiera del jefe. No es fácil cuando navegamos en un mar de bulos, tergiversaciones y empeños sistemáticos por relacionar asuntos que nada tienen que ver, o se enciende el ventilador para poner bajo sospecha a todo el Gobierno”.
Quien así habla es un ministro sobre los efectos de la sacudida por el “caso Koldo” y el traslado del exministro Ábalos al Grupo Mixto por su responsabilidad 'in vigilando' en el supuesto cobro de mordidas.
No es Pedro Sánchez de esos presidentes de Gobierno en los que la expresividad, o la ausencia de ella, transmita su estado de ánimo. Y mucho menos deje entrever lo que pasa por su cabeza. Más allá de que está “desconcertado y preocupado”, según admiten quienes le tratan a diario, nadie es capaz de desbrozar una reacción con la que retomar el rumbo de una legislatura ya de por sí incierta y que hasta ahora tenía la ley de amnistía casi en exclusiva en el centro de la conversación pública.
“Al final, a esto hay que darle tiempo porque entre lo que leemos en una determinada prensa y lo que resulte el caso cuando concluya la investigación judicial, puede que todo acabe en las mordidas que cobró un asesor”, subraya un socialista que tampoco descarta que el escándalo deteriore la relación con Podemos e incomode a los diputados de Sumar.
De hecho, ya este viernes la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que reapareció en la escena pública tras su gira por EEUU, anunció que convocará a su grupo de urgencia para llevar una batería de medidas contra la corrupción al Congreso de los Diputados. Entre ellas, la creación de un consejo de prevención contra la corrupción. Díaz descarta que el 'caso Koldo' pueda afectar a la legislatura porque “Pedro Sánchez es un político de raza y se crece ante la adversidad”, si bien reconoce que se trata de “una situación muy grave” ante la que no vale el “y tú más” con que el PSOE trata de esquivar la sacudida al recordar la corrupción que acumula el PP y la diferencia en las respuestas que da cada partido.
La primera crisis de autoridad de Sánchez
En la parte socialista del Gobierno prefieren no valorar las declaraciones de Díaz, a quien reconocen la habilidad “de querer ser el perejil de todas las salsas”, y prefieren defenderse de momento sólo con la inmediata reacción que puso en marcha el PSOE en cuanto tuvo conocimiento de la causa: exigir el acta de diputado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien ha protagonizado con su paso al Grupo Mixto la primera gran crisis de autoridad que tiene Sánchez en el PSOE desde que retomó las riendas del partido, en 2017.
“Nunca hubo una decisión de cerrar filas con Ábalos. Nos dimos cuenta de que había que actuar de inmediato y se le exigió el acta a las 48 horas, a pesar de que no estaba imputado ni había sido llamado a declarar”, justifican en el entorno del presidente. Pero ahora en La Moncloa defienden incluso que cuantos más días pasan y más se conoce del 'caso Koldo', más sentido tiene el ultimátum que se dio al exministro para que entregara su acta de parlamentario.
Tanto es así que ya hay quien no descarta que el que también fuera secretario de Organización del partido resulte finalmente imputado. “Ahora estamos -relata otro miembro del Gobierno- en la fase del menudeo, como podemos comprobar en las informaciones que pretenden establecer relación entre este caso y la amistad entre la esposa del presidente del Gobierno y el hijo del fundador de Air Europa y Globalia, Juan Hidalgo. Todo es basura esparcida con mala fe y una clara intencionalidad, pero llegará el momento en que el juez arme lo que tenga que armar y se llegue al fondo de la cuestión”.
De momento, otro interlocutor sostiene que “o los indicios no son muy sólidos o los delitos que se puedan imputar no son tan graves porque, de lo contrario, el juez no habría puesto en libertad sin fianza a los 20 detenidos, e imputado sólo a ocho de ellos”.
Sea como fuera, el caso es que desde el Gobierno y la sede federal socialista asumen el golpe y sólo se parapetan en la “fuerza e inmediatez” de la respuesta en cuanto se conoció la detención de las personas supuestamente vinculadas a la trama empresarial a la que pertenecía Koldo García. Y se hizo así para marcar la diferencia con el PP ante otros casos de corrupción como los detectados en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, gobernados ambos por la derecha, o los que acabaron con el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando los 'populares' destruyeron pruebas para impedir la labor de la justicia.
Esto además de que la salida de Ábalos del partido les sirviera como cortafuegos.
Se suspendieron los controles en la contratación
Lo que en ningún caso se plantea el PSOE es pedir la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien en su etapa de presidenta de Baleares compró las mascarillas que ofrecía la empresa Soluciones de Gestión –vinculada a Koldo García– y sin contrato escrito previo ni posterior.
La Guardia Civil sospecha que la adquisición de 1,4 millones de este tipo de material sanitario con un coste de 3,7 millones de euros estaba “preconcedida” porque “la prestación del servicio” se ejecutó “antes de la formalización del mismo”, algo que ocurrió igual en distintas administraciones públicas ya que ante la emergencia nacional se suspendieron los controles habituales de la contratación pública.
“Quien tiene que dar explicaciones es el partido de Feijóo, y quien tiene que dimitir es la actual presidenta de Baleares, Marga Prohens, si, como estudia la investigación, cedió a las peticiones de la empresa investigada e hizo caducar la reclamación iniciada por el anterior Gobierno balear”, añaden desde el PSOE para acusar al PP de tapar su implicación en la trama.
El PSOE espera que la comisión de investigación que se constituirá en el Congreso para examinar la contratación de material sanitario en todas las administraciones públicas arroje luz sobre todo esto y ponga a cada cual frente al espejo de sus propias actuaciones. Y es que, aunque no ocultan la dimensión del problema y el daño que puede hacer al Ejecutivo, están convencidos de que en lo que respecta a las contrataciones del Gobierno de España fueron todas auditadas y validadas por la Intervención General del Estado y por el Tribunal de Cuentas.
“España no es el Congo”, ironizan. Y el mismo registro aplican para responder a la comisión de investigación que el PP impulsará en el Senado sólo para fiscalizar la contratación del Gobierno de España: “Si hay un partido en el Bernabéu, la gente no va al Centro Deportivo de Puerta Bonita”, antiguo canódromo de Carabanchel.
Ahora, sólo confían en que pase el tiempo, avance la investigación judicial y la agenda legislativa les permita pasar página cuanto antes porque lo que no aceptan es que esté en riesgo la legislatura porque sus actuales socios retirarán el apoyo parlamentario. De momento, aseguran no haber detectado señales de desconfianza, entre otros motivos, porque “saben que la alternativa a la corrupción nunca podrá ser el PP con el histórico que acumula al respecto”.
Todo esto a cuatro días de que expire el plazo para la presentación de enmiendas a la ley de amnistía y sin que haya noticias sobre si Junts y el PSOE han acercado posiciones sobre el texto. Los independentistas pretenden incluir todo tipo de terrorismo y los socialistas sólo están dispuestos a incluir modificaciones técnicas. Ya hay ministros que dicen que antes de aceptar nuevas exigencias de Puigdemont, lo mejor sería que el texto no saliera adelante de momento.
Muy bonito, la verdad, no pinta para Sánchez y el Gobierno, salvo que en un nuevo giro de guion el presidente encuentre el modo de demostrar que la Ley de Murphy es evitable, y que es una herramienta poderosa con la que superar todos tipo de desafíos. Se verá...