El Debate de la Nación regresa a la Carrera de San Jerónimo, tras siete años consecutivos de ausencia. Es la primera vez que un líder de la oposición no participa en el formato por no tener la condición de diputado, como es el caso de Alberto Núñez Feijóo, y la primera también que Pedro Sánchez acude como presidente de Gobierno. Lo hace con un panorama realmente incierto en lo económico, tras un duro revés al PSOE en las elecciones andaluzas y con la derecha aventando un inminente cambio de ciclo político, pero también con el impulso del reconocimiento y la proyección internacional que le ha dado la reciente cumbre de la OTAN. Un cónclave, cuyo resultado le ha abierto el enésimo pulso con sus socios de coalición por haber comprometido un aumento del gasto en Defensa del 2% del PIB en los próximos siete años, pero por el que ha recibido todo tipo de parabienes, incluso del mismísimo presidente de Estados Unidos.
No en vano, acordó el pasado martes con Biden ampliar el escudo antimisiles de la alianza atlántica con otros dos destructores de Estados Unidos, en la base de Rota, un proyecto que tampoco ha sido bien visto entre sus socios de coalición de Unidas Podemos ni entre parte de sus aliados parlamentarios. A todos ellos, el presidente ha pedido una reflexión porque “la situación es dramática” y la “seguridad no está garantizada”.
El presidente, que antes de llegar a La Moncloa llegó a proponer la eliminación del Ministerio de Defensa, defiende ahora, no solo el aumento del gasto militar, sino una nueva mirada ante un mundo que ha cambiado por completo después de la invasión rusa que ha puesto en jaque la seguridad de Europa y obligado a los estados miembros a implementar medidas de urgencia para frenar la inflación provocada por la guerra.
En España, los dos decretos de medidas contra las consecuencias económicas contra la guerra supondrán un desembolso de 15.000 millones del que se beneficiarán 4,5 millones de personas. Sánchez defenderá ante el pleno del Congreso la idoneidad de todas ellas, sacará pecho por la “excepción ibérica” para fijar un tope en el precio del gas que ha abierto la puerta en Bruselas a una posible reforma del mercado eléctrico y anunciará que está dispuesto a articular nuevas decisiones si fuera necesario. Es seguro que aprovechará el debate para anunciar alguna nueva medida. A diferencia de otros presidentes que se empeñaron en negar las crisis anteriores, como fue el caso de Zapatero entre 2008 y 2011, el actual inquilino de La Moncloa, lejos de poner paños calientes a la situación económica, habla abiertamente de la gravedad a la que nos enfrentamos e intenta preparar a la opinión pública para “cualquier escenario”, incluso el de un “riesgo cierto” de que en un futuro no muy lejano pueda haber escasez de gas y petróleo.
Frente a este panorama que tiene poco de halagüeño, en La Moncloa preparan para el debate de la Nación, que tendrá lugar entre los días 12 y 14 de julio, una intervención con la que rearmar ideológicamente a Sánchez frente a una derecha que crece en los sondeos. Algunas fuentes no ocultan que el objetivo es ensayar una estrategia más contundente y reconocible para la izquierda progresista con la mirada ya puesta en el próximo curso que arrancará en septiembre, a ocho meses de las elecciones municipales y autonómicas.
El presidente acude a la cita exultante por el resultado de la cumbre de la OTAN. Un júbilo que comparten sus equipos, que consideran al actual inquilino de La Moncloa “un actor global” que, en el ámbito nacional, ha decidido pisar el acelerador, tras el batacazo de las elecciones. “Hay guión, estrategia y discurso”, defienden fuentes gubernamentales, que avisan del despliegue en los próximos meses de un discurso ideológico en el ámbito de la izquierda con el que conectar con una mayoría social del país.
Ya en sus últimas intervenciones -hasta cinco entrevistas ha concedido esta semana-, el presidente del Gobierno ha dado señales de que pasará a la ofensiva contra un PP que ya se ve muy pronto en La Moncloa y abrirá el debate sobre “una justa redistribución de las cargas provocadas por la guerra de Putin”, con las eléctricas y las grandes corporaciones en el punto de mira del Gobierno. Nada que no hayan hecho ya otros gobiernos europeos, conservadores y liberales, para gravar los beneficios de quienes se han enriquecido a costa de la crisis, pero a lo que en España se resiste la derecha política y económica, como se ha resistió antes a la subida del SMI o las pensiones y la creación del Ingreso Mínimo Vital.
Además de repasar cada una de las medidas aprobadas en los dos decretos que el Ejecutivo puso en marcha para proteger a los más vulnerables e intentar frenar el alza de los precios, Sánchez ha comprometido ya para principios de 2023 la aprobación de un nuevo impuesto que grave los beneficios de las energéticas y sobre el que ya trabaja el ministerio de Hacienda. “Sabemos para quien gobernamos, y no es para una minoría que quiere mantener sus privilegios”, defienden en la fontanería 'monclovita' en línea con lo expresado por el presidente del Gobierno cuando esta semana dijo también que su gabinete estará siempre “en la primera línea de defensa de la clase media y trabajadora”. En el marco del debate sobre el pacto de rentas, el Gobierno intenta incluir una nueva tributación para las eléctricas, que ejercieron todo tipo de presiones en Bruselas a través de sus lobbies hace un año para frenar las intenciones de Sánchez.
El presidente ha vuelto en todo caso al discurso con el que recuperó la secretaría general del PSOE, tras un convulso Comité Federal que le obligó a abandonar el liderato, y enhebra el relato de una derecha económica, política y mediática que no ha digerido aún el resultado de la moción de censura ni su posterior derrota en las urnas y “que se muestra resistente a perder los privilegios de una minoría”.
La nueva narrativa busca contraponer la existencia de unos “poderes ocultos” berroqueños a los cambios institucionales, económicos y sociales para mantener el statu quo frente a un presidente “sin hipotecas” que se erige en defensor de una mayoría social a la que cada día le cuesta más llegar a fin de mes. “Nunca del lado de una minoría privilegiada; siempre, con la clase media trabajadora”, es el mantra mas repetido en los últimos días.
Sánchez buscará también en el debate parlamentario por excelencia afinar las diferencias entre dos modelos muy distintos con los que salir de las crisis económicas para reivindicar la socialdemocracia y las medidas de protección social frente al liberalismo que representa un PP que, en su opinión, “ha cambiado de cara pero no de alma”. El Gobierno espera para este lunes unas cifras de afiliación que mantendrán la tendencia al alza de la creación de empleo y con las que poner en valor tanto los 20,5 millones de afiliados de la Seguridad Social como que uno de cada dos nuevos contratos sean indefinidos.
Además de la virulencia que en el Gobierno esperan de la derecha y la ultraderecha, Sánchez se enfrentará también a los recelos de la mayoría parlamentaria que hizo posible su investidura y que hoy le reclama más determinación para hacer los cambios que necesita España tanto en lo económico como en los institucional. No suele ser el Debate de la Nación un escenario del que los presidentes del gobierno salgan magullados ya que les favorece un formato en el que, a diferencia de los portavoces parlamentarios, no tienen límite de tiempo y además suelen aprovechar para hacer algún anuncio y ganar el titular del siguiente. En La Moncloa, no descartan que Sánchez se guarde un as en la manga con el que despedir el curso político. También recuerdan, a quienes ven en el presidente un “pato cojo” en alusión a la expresión que alude a los gobernantes que están la última parte de su mandato y por tanto saben que no van a ser reelegidos, una frase que reza en el Manual de Resistencia que escribió el propio Sánchez: “Puede sonar presuntuoso, pero me doy cuenta de que me crezco en las situaciones difíciles». Falta le hace con semejante panorama.