Santiago Torres, el juez que encarceló a Jesús Gil: “La maquinaria judicial está prevista para que no funcione, excepto con los robaperas”

Santiago Torres entró en la carrera judicial con 26 años y pasó “sudores para intentar aplicar el Derecho con el peso que suponía juzgar a otros”. Destapó uno de los primeros casos de corrupción urbanística en la Marbella de Jesús Gil y se hizo famoso tras meter en la cárcel al alcalde, entonces todopoderoso y presidente del Atlético de Madrid, por el caso Camisetas en 1998. Se marchó a Madrid, tras una campaña de desprestigio que incluyó manifestaciones vecinales contra él y denuncias. Después de varios infartos, en los que “es de suponer que tuvo mucho que ver la herencia genética”, y algunas decepciones, dejó la magistratura. Santiago Torres también fue el juez del caso Guateque (quedó sobreseído y él amonestado por un retraso en el sumario de 130.000 folios), el caso Alierta (contra el entonces presidente de Telefónica) o el que desarticuló el clan de los búlgaros. Todo le “valió la pena”.

Usted metió en la cárcel a Jesús Gil cuando era alcalde de Marbella. ¿Le sorprende que la mayoría de los políticos juzgados y condenados lo sean cuando ya se han retirado? Por ejemplo, Eduardo Zaplana, Esperanza Aguirre...

Yo recuerdo lo que me contaba un fiscal de Marbella: que él no se metía en determinados asuntos porque eran políticos y suponían problemas. Es muy fácil mirar para otro lado en cuestiones que afectan a los políticos y al poder y la tentación supongo que será muy grande. Tiene que ver con que te creas que eres juez o un mero funcionario que pasa papeles. Que estés convencido del valor del Derecho para resolver conflictos, que es lo que determina el valor de nuestra civilización. Eso puede ser aplicado solo de una forma: sin sometimientos a otros intereses de los estrictamente establecidos por la ley. Y si tienes otros intereses, probablemente no merezcas ser juez. Es una cuestión de ser o no ser.

¿Le dieron más miedo las amenazas de Jesús Gil o las del clan de los búlgaros?

A mí las amenazas de Gil no me daban miedo, lo que me dio verdaderamente miedo fue que tuviera influencias en el sistema judicial. Tuve que dedicarme más a mi defensa por los ataques de la propia casa que al trabajo judicial. Es una forma de presión terrible. Tuve que hacer frente a 17 denuncias y cuatro querellas. 

En 2013 dejó la toga y se pasó a la abogacía. ¿Cuándo dejó de creer en el sistema judicial?

Siempre creí que cada uno desde su puesto podía hacer algo importante. Pero me di cuenta de que yo no era un ladrillo de un muro que yo creía que se llamaba Estado de Derecho. Veía que el único que se llevaba las leches era yo, y que no había ningún ladrillo más, y me di cuenta de que era un sacrificio estéril. El Estado es susceptible de increíbles mejoras que no se pueden hacer desde el sacrificio individual de los funcionarios. La norma de conducta no debe ser la heroicidad. Por eso pensé que más valía dejarlo.

Dice que ser juez acabó siendo un peso para usted. ¿Por qué?

La maquinaria judicial está prevista para que no funcione, excepto en el caso de los robaperas, ahí funciona de una forma hasta cruel. Uno de los casos que más me desmotivó fue el de los boleros [las personas que transportan bolas de droga en el cuerpo]. Suelen ir a prisión porque no tienen arraigo en España y son pillados in fraganti. Pero desde el punto de vista del juez que está de guardia está claro que este señor no viene a traer eso para sí mismo ni para venderlo en las discotecas de Madrid. Este hombre viene para traerlo para alguien. No vas a aplicar con toda la dureza el Código Penal a la escala más baja, a los desgraciados. Pero claro, se acumulaban los asuntos el día de la guardia con investigaciones complicadas.

Y cuando llego a la Audiencia Provincial de Madrid y veo que todo el proceso es contra el bolero... Todo terminado el día de la guardia y a juicio. Y le caen 9 u 11 años de prisión. ¿Estamos metiendo en las cárceles a hombres desgraciados usados como mulas a costa de sus propias vidas y no miramos a dónde van y quiénes son esas redes de explotación? Yo no podía dictar una sentencia más. El sistema es completamente injusto. Solamente se castiga a los robaperas, y excepcionalmente cae alguno más para mantener el sistema. 

¿Cómo nace y se reproduce la corrupción?

Existe corrupción porque hay áreas de impunidad. Por ejemplo, nunca se ha establecido un verdadero control de eficiencia de la actividad administrativa. Es lo mismo que valga 8 que 80, que se tire el dinero o no, que haya estaciones vacías del Ave o aeropuertos sin vuelos... y todo pagado con dinero público. En estas áreas, donde no hay control de eficacia, es donde hay posibilidad de corrupción.

¿Y también por cierta impunidad judicial? Ha dicho usted que “la Justicia en España puede ser muy dócil al poder político”. ¿En qué sentido?

En el sentido de que solo progresan profesionalmente dentro de la carrera judicial aquellos que no son versos sueltos ni problemáticos, desde el punto de vista político. El sistema de promoción judicial está basado en nombramientos discrecionales de personas que son de estricta confianza política. Estamos hablando de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presidentes de Audiencia, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, magistrados del Supremo… Por no hablar de otros nombramientos que tienen relación con un desahogo profesional, como servicios de inspección, letrados del CGPJ o letrados del Constitucional.

Precisamente la última renovación del CGPJ hizo aguas tras un whatsapp de Cosidó en el que sugería que Marchena sería presidente e iba a favorecer al PP...

El CGPJ tiene que ser abolido o sustituido en la forma de elección. Si tiene que ser órgano de gestión, un órgano colegiado no es efectivo para eso. Si tiene que ser un mero órgano áulico sin gestión y de establecimiento del deber ser judicial, entonces tiene que ser nombrado de otra forma, porque quienes deciden cómo tienen que comportarse los jueces no pueden ser elegidos a dedo por los que tienen el poder político. Y eso el Consejo de Europa nos lo ha dicho por activa y por pasiva. Además, si la dotación de medios materiales y personales de los juzgados está intervenida por las conveniencias políticas, el funcionamiento de los juzgados está mediado por razones políticas. 

¿Quiere decir que según lo bien o mal que se lleva el juez con el político se le da más o menos dinero? ¿Así de rudo?

Tú no me das problemas, yo te pongo el personal que te falta. Si no, te boicoteo el personal, o no pago los peritos que te están haciendo las investigaciones, como me pasó a mí con la Comunidad de Madrid en el caso Guateque [investigaba una trama de sobornos de funcionarios del Ayuntamiento de Gallardón y fue finalmente archivado tras anularse todas las pruebas].

El Supremo decidió que los gastos de las hipotecas los pagaran los bancos y al día siguiente reculó por la “enorme repercusión económica y social”. ¿También hay injerencias económicas, en su opinión?

Ha habido otros casos más llamativos aún, y que demuestran la conexión del Supremo con los intereses económicos. Y me refiero a la nulidad de las cláusulas suelo. Se determinó que, aunque podían ser nulas, el efecto no era desde la firma, sino desde la declaración de la sentencia del Supremo, con lo que se rompió con la tradición histórica, porque desde la época del derecho romano se decía que lo que es nulo es nulo desde un principio, y por tanto desde el momento en que se hizo la contratación. El Supremo tomó esa decisión por una razón de apreciación de conveniencia económica. Últimamente está proporcionando demasiados supuestos en los que toma en consideración principios que son extralegales, metajurídicos. Creo que tiene que ver con la forma de selección que tiene el tribunal, personas que ganan la confianza de personas que a su vez tienen confianza política.

¿Está de acuerdo con la sentencia sobre Catalunya? ¿Ha habido sedición?

La rebelión tal y como está definida en el Código Penal es un delito de imposible aplicación. Se define por el que se alzare. Un alzamiento es una fuerza armada que se pone en contra del gobierno y que quiere sustituir el orden constitucional. El delito de rebelión está pensado para evitar un 18 de julio. Pero desde el momento en que se realiza el alzamiento, que requiere fuerza armada, estaríamos ante una fuerza insurgente, y como fuerza insurgente, se aplica el código militar. Jamás podrían los tribunales civiles juzgar un delito de rebelión. Un alzamiento es lo que hizo Tejero. Lo insólito es que el Código Penal que tenemos, con treinta y tantas modificaciones, está generando una discusión política y social irracional. Los países de nuestro entorno tampoco tienen el delito de rebelión, sino de traición, para aquel que traicione el orden constitucional. Sedición era la única posibilidad de condena que podía haber.

¿O por desórdenes públicos?

Es que no se debería haber producido, y bastaba con aplicar la desobediencia, como pedían los requerimientos desatendidos del Tribunal Constitucional. Se tenían que haber tomado medidas cautelares para impedir el referéndum del 1 de octubre. La solución pasaba por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que podría haber impedido la comisión de delitos si el viernes por la tarde los cuerpos y fuerzas de seguridad toman los colegios. Y si se quiere votar se hace en las plazas, en las calles, vale, pero la legitimidad hubiera sido diferente.

¿Qué le pide al siguiente gobierno, después del 10N?

Tres cosas. Hay que recuperar la unidad jurisdiccional, porque sobre un mismo asunto hay setenta opiniones diversas, y todas valen. Si en situaciones análogas no todos los juzgados dicen lo mismo, nuestro sistema no funciona bien. 

Se refiere a que según en qué juzgado caes, te va mejor o peor...

Exacto, los pronunciamientos judiciales deben ser absolutamente previsibles, porque si no el ciudadano no sabe a qué tiene que acomodar su comportamiento. Si la determinación de lo que se ajusta o no a Derecho depende de cada juez y valen lo mismo decisiones contradictorias sobre un mismo tema, perdemos la seguridad jurídica, abandonamos a la postre la ley para entrar en la arbitrariedad judicial.

La segunda cuestión que pediría es asegurar la independencia judicial, estableciendo controles de compatibilidad, declaración de intereses y sobre todo asegurando que la promoción judicial no dependa del dedazo político y que puedan ser elegidos por los propios jueces, estableciendo criterios objetivos de concurso de valores que establezcan quién es más o menos apto. Eso es garantizar la independencia judicial. Además, si quieres personas que lleven a cabo la función jurisdiccional, retribúyelas y no las machaques con sobrecarga de trabajo. Siempre me hubiera gustado trabajar como un juez alemán y cobrar como un juez portugués. Ese sería el paradigma de la independencia del juez.

¿Alguna otra sugerencia al futuro gobierno?

La tercera cuestión sería eliminar las trabas que supone la propia administración. Realizar la informática no es escanear papeles, es establecer sistemas informáticos que ayuden y no esclavicen. Con inteligencia artificial, que no requiera la actuación mecanográfica de jueces y oficiales. No es necesario procedimentar hasta lo más mínimo con resoluciones judiciales infinitas. 

Tras el caso de la manada hubo un debate social sobre la justicia. ¿Usted cree que la ley y/o sus aplicadores son machistas?

Algunos casos se ven, pero no diría que en términos generales la justicia es machista. Existen patologías, como en todos los ámbitos de la vida. Es un problema general de la sociedad, no específico de la justicia.

Muchos de los preparadores de opositores a juez cobran en negro. ¿No le parece incoherente? ¿No deberían los jueces o fiscales ser los primeros en cumplir la ley?

Sería lo propio. Pero me planteo otras cuestiones. Las oposiciones se hicieron para favorecer el interclasismo y que cualquier persona que no tuviera relación con la justicia pudiera acceder al cargo, como en mi caso. Pero un juez se forma o malforma a lo largo del ejercicio profesional y eso se soluciona si antes de las oposiciones has tenido un periodo de desarrollo profesional y madurez personal. Justamente el sistema de oposición propicia que esa persona se aísle de la sociedad en la que va impartir justicia. Yo entré en la carrera judicial con 26 años y pasé sudores para intentar aplicar el derecho con el peso que suponía juzgar a otros. Estaba avasallado por la sensación de responsabilidad. No sabía enjuiciar determinadas cuestiones, porque solo te lo da la experiencia. No me llama mucho la atención lo que cobran los preparadores, lo que me preocupa es que alguien tras acabar la carrera, sin haber tenido la más mínima experiencia vital, profesional o jurídica, y porque se ha encerrado y aislado de la sociedad para sacar las oposiciones, empiece a ejercer.