Antes de ser presidente de Gobierno, Pedro Sánchez apostó por revitalizar la ley de Memoria Histórica –a diez años de su entrada en vigor– para “garantizar su cumplimiento efectivo” ante su ninguneo presupuestario. La “reforma en profundidad” apelaba al deber de Estado para exhumar las fosas comunes del franquismo, sacar a Franco de su tumba y convertir el Valle de los Caídos en un centro de memoria. También a anular las condenas políticas de los tribunales franquistas, poner en marcha una Comisión de la Verdad, crear un banco público de ADN y un censo nacional de víctimas o la retirada efectiva de la simbología fascista. Esa propuesta está ahora en la hoja de ruta del Gobierno.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene en la ley de memoria histórica que incluye la retirada de los restos del dictador del conjunto monumental una de sus prioridades. “Es un tema importante para el Gobierno”, aseguran desde Moncloa. No obstante, aún no hay una decisión sobre cómo llevar a cabo el procedimiento.
“Daremos cumplimiento a lo que el Congreso ya decidió que se hiciera”, ha expresado la vicepresidenta, Carmen Calvo, a su llegada a la reunión de la dirección del PSOE en Ferraz. Calvo ha explicado que el Gobierno tiene que decidir el fórmato o la fórmula con la que llevar a cabo la exhumación de los restos del dictador, una propuesta que apoyaron PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos en el Congreso en 2017 y a la que el PP se abstuvo.
Esa proposición no ley tenía carácter simbólico, pero ahora el Gobierno está determinado “a dar cumplimiento” a ese mandato del Parlamento, según ha confirmado Calvo, que ha asegurado que lo hará en los términos de la iniciativa que los socialistas llevaron al Congreso y que fue vetada por el anterior Gobierno.
Por el momento, el secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, planteará en la Ejecutiva que el partido celebra este lunes –la primera después de que saliera adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy– que el nuevo Gobierno realice un Proyecto de Ley con las medidas de memoria histórica que el PSOE llevó al Congreso en forma de proposición de ley.
Esa iniciativa parlamentaria fue vetada por el Gobierno de Rajoy bajo el pretexto del aumento del gasto presupuestario que supondría su aprobación, que se cifró entonces en 213 millones de euros. La reforma legislativa socialista venía avalada por juristas como el exjuez Baltasar Garzón, el exfiscal José Antonio Martín Pallín y el abogado memorialista Eduardo Ranz.
Este lunes, el PSOE debate cómo reactivar esta propuesta. “Propondré en la ejecutiva federal del PSOE que el Gobierno convierta la propuesta de ley del PSOE en proyecto de ley lo antes posible porque los compromisos del partido tienen que ser los compromisos del Gobierno”, aseguraba este sábado Perelló. Convertir la proposición de ley en proyecto de ley supone darle una nueva oportunidad parlamentaria por otra vía, ya que en este caso será el Gobierno quien presente un texto al Congreso para que sea votado.
Como ya avanzó eldiario.es, esta era una de las dos opciones para reavivar el compromiso memorialista del PSOE que incluye, como una de las medidas más llamativas, exhumar el cuerpo de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Otra de las opciones es que el nuevo Gobierno levante el veto sobre esa iniciativa. Fuentes gubernamentales aseguran que lo harán con cerca de 40 propuestas de la oposición.
Este conjunto monumental que el dictador ordenó construir alberga 33.833 cadáveres. Las peticiones familiares para recuperar sus restos –que Rajoy frenó con una reforma legal– nunca han tenido un final positivo en tumbas que están deterioradas y conforman un caos de huesos, como describía un documento de Patrimonio Nacional. Cuelgamuros es “un insulto a las víctimas” que debe “conocer Europa”, declaraban los eurodiputados que visitaron el memorial franquista este mismo año.
En lugar preeminente de la basílica, frente al altar mayor, reposan los restos de Francisco Franco. Ya en el año 2011, los expertos que participaron en el informe encargado por Zapatero recomendaron sacar su cuerpo de ahí, ya que yace junto a miles de sus represaliados. La propia familia del dictador ha señalado informalmente que no se opondría al traslado, ya que la idea inicial cuando falleció era enterrarlo en El Pardo. Desde el punto de vista canónico, el enterramiento del dictador frente al altar es también una anomalía, ya que se reserva ese lugar privilegiado en las leyes canónicas para el máximo responsable de la Iglesia, en este caso, el arzobispo de Madrid o el Papa.
Ese nuevo proyecto de ley que quiere impulsar Perelló incluiría abordar la exhumación de víctimas en el propio Valle y en las fosas comunes que quedan por toda España. Como avanzó el secretario de Justicia socialista a eldiario.es, el Gobierno Sánchez intentará “empezar a trabajar desde julio”. Abrir las fosas comunes será asumido “como una obligación” por lo que no habrá “asociaciones subvencionadas por el Gobierno” sino que el Estado actuará de oficio, como exige Naciones Unidas. El proyecto activará “exhumaciones en planes cuatrienales” y la propuesta “es que sea una política pública más”, aunque esto habría que encajarlo con unos presupuestos generales del Estado heredados del Partido Popular y que no prevén ninguna dotación de memoria histórica.
Según expresó Perelló el pasado sábado y tal y como contemplaba la proposición de ley, se prohibirá la apología del franquismo y del fascismo para equipararnos a los democracias europeas más consolidadas porque una nación demuestra su decencia cuando trata bien a sus muertos, y tenemos una deuda histórica con los muertos y con sus familias“.
Este domingo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, enfrió las expectativas: “No hay tomada ninguna decisión, a nivel de Gobierno no hay toma de ninguna decisión”, en referencia a que el asunto va a ser tratado por el Partido Socialista pero no por el Gobierno.
La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, considera que el Gobierno de Pedro Sánchez busca la “confrontación” tras conocerse que pretende modificar la Ley de Memoria Histórica para sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y Ciudadanos, a través de Inés Arrimadas, se ha mostrado dispuesto a pactar y abierto a buscar consenso.