¿Adolfo Suárez propuso al rey Juan Carlos revocar su dimisión un día después del 23F? ¿Nos salvó el rey de un golpe que el mismo había puesto en marcha? ¿Felipe González estaba al tanto de la Operación Armada y aceptó ser vicepresidente de un general? ¿Qué nombres, acciones, relaciones y documentación recabaron los servicios secretos españoles en su investigación de los hechos? ¿Hasta dónde había implicados mandos y cargos de la época, incluidos los del Cesid? ¿Algún servicio secreto extranjero conocía los planes de ETA para atentar contra la mano derecha de Franco, Luis Carrero Blanco? ¿Existe en el CNI un archivo llamado Jano con el seguimiento a 8.000 personajes que en ese momento tenían o podían tener en el futuro una proyección pública?
Éstos, y otros muchos secretos, podrán empezar a conocerse si el Congreso, tras aprobarse en el Congreso la tramitación proposición de ley presentada por el PNV para reformar la ley de 1968 sobre secretos oficiales, en la línea de otras presentadas por IU en el pasado.
La vigente ley, modificada en octubre de 1978, dos meses antes de aprobarse la Constitución, prevé que “la cancelación” de la calificación de secreto “será dispuesta por el órgano que hizo la respectiva declaración”, sin fijar límites temporales.
¿Y quién tiene competencias para decidir qué es o no secreto? “La calificación a que se refiere el artículo anterior corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor”.
El texto del PNV pretende establecer un procedimiento para desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 25 años –10 años para materias reservadas–, “salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el caso sólo de las materias secretas, por un nuevo período máximo de 10 años”, lo que permitiría sacar a la luz papeles aún ocultos de la Transición y de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981.
Además, el texto de reforma que propone el PNV contempla la modificación de la Ley de Secretos Oficiales para atribuir “en exclusiva” al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y su cancelación. Actualmente pueden clasificar documentos, además del Gobierno, la Junta de Jefes de Estado Mayor, y sólo pueden declarar su cancelación aquellos órganos de la propusieron.
En la frustrada legislatura anterior, en concreto en abril, la Cámara Baja llegó a tomar en consideración esta iniciativa, pero no pudo seguir su habitual trámite parlamentario ante la disolución de las Cortes con motivo de la convocatoria de las elecciones del pasado junio.
La opacidad no sólo depende de lo calificado como “secreto oficial”. La Ley de Patrimonio Histórico establece: “Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de 50 años, a partir de la fecha de los documentos”.
El papel del rey Juan Carlos en el 23F
En marzo de 2014, la periodista y escritora Pilar Urbano publicó La gran desmemoria (Planeta), en el que afirmaba: “El rey Juan Carlos creía que podía hacer lo que quería, los mimaba, los comprendía, pero con eso se alentaba un estado de runrún de golpe. Felipe González iba de vicepresidente de Armada, también estaban cinco de los siete ponentes constitucionales, incluido [Jordi] Solé Tura [entonces en el PCE]”.
Urbano recreaba conversaciones en las vísperas del golpe militar del 23 de febrero de 1981. Unas semanas de enfrentamientos entre el presidente Adolfo Suárez y el jefe de Estado, el rey Juan Carlos, quien, según Urbano, perseguía un golpe de timón en el Gobierno de entonces. “Tú estás aquí porque te ha puesto el pueblo con no sé cuántos millones de votos...”, afirma Urbano que le espetó el rey a Suárez en aquellos momentos: “Yo estoy aquí porque me ha puesto la Historia, con setecientos y pico años. Soy sucesor de Franco, sí, pero soy el heredero de 17 reyes de mi propia familia. Discutimos si OTAN sí u OTAN no, si Israel o si Arafat, si Armada es bueno o peligroso. Y como no veo que tú vayas a dar tu brazo a torcer, la cosa está bastante clara: uno de los dos sobra en este país. Uno de los dos está de más. Y, como comprenderás, yo no pienso abdicar”.
Según Urbano, “para Suárez está clarísimo ya en ese momento que la Operación Armada nace en Zarzuela y que el alma es el rey: que don Juan Carlos es el muñidor para que Armada sea el presidente de un Gobierno de concentración. Incluso que el mismo rey conocía el Gobierno que el golpista tenía preparado. Un Gobierno en el que, entre otros, Felipe González iba de vicepresidente”.
Así, la periodista afirma en la entrevista: “El 23-F, como le digo, no debería haberse producido. Pero a Armada el rey le había puesto los patines, y ya no quiere parar”. “Si el Rey está o no está en el 23 de febrero, si está enterado o no...”, prosigue Urbano: “Hay cosas llamativas, raras, anómalas. Que los hijos del rey no vayan ese día al colegio, como tampoco fueron al colegio los hijos de los americanos de Torrejón, que le dijeran al médico de Zarzuela que ese día estuviera en Palacio desde por la mañana, que cierta vedette, Bárbara Rey, declarara, ¡vaya usted a saber si es cierto!, que el Rey la llamó diciéndole, 'oye, el lunes, 23, procura no ir a recoger al colegio a los niños, porque puede pasar algo...'. Y otras curiosas coincidencias. Igual que no se entiende lo de Osorio diciéndole a Fraga en el Congreso, en pleno golpe, 'Manolo, baja y dile a Tejero que llame a Armada'. ¿Por qué quiere llamar Osorio a Armada? ¿Qué sabe él? O, también, que de los siete padres de la Constitución, cinco conocieran en qué consistía la Operación Armada y que durante los acontecimientos del 23-F en el Congreso estuvieran relativamente tranquilos en sus escaños, leyendo o prestando sus abrigos a los rehenes de oro. Leían tranquilamente Gregorio Peces-Barba, Miguel Herrero, Gabi Cisneros, Jordi Solé Tura y Fraga, padres constituyentes, también estaban en la lista de Gobierno de Armada. Al Rey, en cualquier caso, la actuación de Tejero le resultó antiestética, irreflexiva, repugnante por la violencia de los tiros... Eso no era presentable. Lógicamente, yo tengo que pensar que el Rey no estaba en el 23-F; otra cosa es que, bueno, Armada sí que habla con el Rey ese día, aunque luego en los juicios se quiso borrar la interlocución del Rey esa noche. No aparece en las actas, como si se hubiera pasado un típex: en lugar del rey aparece Sabino”.
El golpe, según Urbano: “Sale de Zarzuela y sigue en Zarzuela desde julio del 80 hasta la segunda semana de febrero de 1981. Yo dejo al rey fuera del golpe del 23-F [...]. El rey también decía en la primera edición [de la biografía autorizada escrita por José Luis de Vilallonga], la francesa, que él habló con Armada varias veces esa noche. En fin, hay un momento en el que Sabino me dice que, en el supuesto de que, tomado el Congreso, Armada hubiera conseguido proponer su Gobierno de concentración, y hubiese sido necesaria la presencia de una autoridad superior al nuevo presidente del Gobierno y que ratificara moralmente su elección, en ese caso... el Elefante Blanco sólo podía ser el rey”.
“Y es cierto que el Rey dio su venia al cambio de la dictadura a la democracia”, reconoce Urbano: “Él tenía todos los poderes heredados de Franco, y no había Constitución que le constriñese: podía haber dicho que no. Ahora bien, en importantes momentos más que motorizar metió el freno [...]. Sobre esto del medallero no siempre meritado, me rechina escuchar y leer el tópico de que 'el rey nos salvó del golpe'. El rey nos salvó in extremis de un golpe que él mismo había puesto en marcha, no queriendo que fuera un golpe, queriendo una solución fraguada en el Parlamento; pero Suárez le advertía: ”¡Esto es un golpe!“.