El sector conservador alega problemas de agenda y retrasa al viernes la primera reunión para renovar el Constitucional

Las conversaciones de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones para negociar el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponde elegir no empezarán hasta el próximo viernes. El sector conservador, que ha bloqueado hasta el momento esas designaciones, ha alegado problemas de agenda para postergar al viernes de esta semana ese primer encuentro, informan a elDiario.es fuentes del órgano. La cita se producirá, por tanto, una vez sobrepasado el plazo límite que establece la ley para hacer esos nombramientos y que cumple este martes 13 de septiembre. La reunión se hará por videoconferencia y la voluntad de los conservadores es que se centre en fijar “las bases del diálogo”.

Los progresistas habían solicitado que esa reunión fuera presencial y se celebrara antes del viernes. Los vocales elegidos a propuesta del PP afirmaron primero que no tenían disponibilidad para reunirse en toda la semana. Finalmente, ya por la noche y ante la insistencia del otro sector, se avinieron a fijar esa cita en el último día laborable de la semana y con la condición de que fuera de forma telemática. Los progresistas aceptaron aunque dejaron constancia por escrito de que su voluntad era la de mantener un encuentro cara a cara. El CGPJ tiene su mandato caducado desde diciembre de 2018 por el bloqueo del PP a su renovación.

El pasado jueves, el pleno extraordinario convocado para hacer esas designaciones acabó sin acuerdo. Los vocales ni siquiera llegaron a debatir sobre posibles candidatos en cuatro horas de reunión y se limitaron a fijar unas “reglas de procedimiento” sobre cómo designar a los aspirantes. Los consejeros se emplazaron a seguir negociando a través de interlocutores designados por cada sector, pero sin calendario ni perspectiva de que se pongan nombres encima de la mesa de manera inminente. Por parte del bloque conservador los interlocutores son los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, mientras que sus homólogos en el ala progresista son Roser Bach, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo.

Una renovación clave

El pasado 12 de junio expiró el mandato de cuatro de los 12 miembros del Tribunal Constitucional. Se trata de los dos magistrados nombrados por el Gobierno y los dos que pone el Poder Judicial. De ellos, actualmente tres corresponden al bloque conservador y uno al progresista. La renovación es determinante porque el sector conservador perdería la mayoría, pues tres de los cuatro nuevos magistrados le corresponderían al ala progresista. Son los dos nombrados por el Ejecutivo, que serán de ese perfil ideológico; y otro del Poder Judicial.

Desde que existe la democracia el acuerdo es que el CGPJ nombra para el Constitucional a un magistrado progresista y otro conservador. Con esta renovación, la actual mayoría de seis a cinco a favor de los conservadores en el tribunal de garantías tornaría en otra progresista de siete a cuatro. El Constitucional es el tribunal encargado de interpretar la norma fundamental del Estado. Tendrá que pronunciarse próximamente sobre asuntos tan sensibles como el aborto, la eutanasia o la reforma que impide que el CGPJ nombre a jueces con el mandato caducado, como estaba ocurriendo hasta marzo de 2021. 

El bloqueo a la renovación inminente del tribunal de garantías por parte del sector conservador del CGPJ retrasa los planes del Gobierno de cambiar ya la mayoría conservadora por otra progresista en el Constitucional, pues el Ejecutivo ha decidido finalmente no nombrar a sus dos magistrados hasta que el órgano de gobierno de los jueces designe a los suyos. Este lunes, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pidió dejar trabajar “con tranquilidad” a los vocales.“Desde el Gobierno tenemos un respeto absoluto a los vocales, a sus competencias. Hay que dejarles trabajar con tranquilidad”, afirmó.

Esta situación de bloqueo a la renovación del Constitucional viene propiciada por una parte del sector conservador. Ocho de sus vocales manifestaron en el pleno su oposición a hablar de nombramientos sin fijar antes unas “reglas del juego”. La razón de fondo, sin embargo, es que están en contra de la reforma que devuelve alPoder Judicial la capacidad de realizar los nombramientos del Constitucional a pesar de estar en funciones. Con la ley que estaba entonces en vigor, aprobada en marzo de 2021, el CGPJ tenía vetadas las competencias para hacer cualquier nombramiento discrecional con el mandato caducado. El Gobierno promovió esa primera reforma para sortear el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ, que está en situación de interinidad desde diciembre de 2018.