El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá en el Pleno del próximo jueves dos escritos relativos a la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que limita sus atribuciones cuando su mandato haya caducado, como ocurre en la actualidad desde hace dos años por el rechazo del Partido Popular a su renovación.
El órgano de gobierno mantiene desde 2013 una mayoría de vocales conservadores que obedece a la correlación de fuerzas que había entonces, cuando fue elegido con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. La reforma de los partidos que sustentan el Gobierno, que fue admitida a trámite este martes en el Congreso, pretende impedir que el CGPJ pueda hacer nombramientos discrecionales cuando su mandato esté caducado.
El órgano ha adjudicado 57 puestos de alto nivel en los principales tribunales en esta situación de interinidad y pretende hacer hasta cuatro nombramientos más este jueves. El presidente de la institución, Carlos Lesmes, anunció que sólo llevaría al Pleno estas propuestas de nombramiento si contaba con un “amplio consenso”. Las 14 plazas que se han adjudicado desde el pasado septiembre —entre ellas seis en el Supremo— han contado con el respaldo de 19 de los 21 miembros del CGPJ, todos los vocales conservadores y parte de la minoría progresista.
La iniciativa de examinar esa proposición parte de once vocales. Diez del sector conservador —todos salvo Vicente Guilarte— y una del sector progresista, Victoria Cinto. Uno de los escritos, firmado por los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán propone directamente que el CGPJ examine la proposición de ley. El otro, suscrito por los vocales Wenceslao Olea, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, José María Macías, Rafael Fernández Valverde y Victoria Cinto plantea que se solicite al Congreso que recabe informes del órgano de gobierno de los jueces y de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) sobre la proposición de ley. Es decir, solicitan que ese pronunciamiento se haga a instancias de la Cámara y cuente con su aval.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 561 que se someterán a informe del CGPJ los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen, entre otras, sobre modificaciones de la norma que regula el Poder Judicial. Sin embargo, esta reforma se ha planteado como proposición de ley de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos y la ley no establece la solicitud de informes al CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado que sí son preceptivos aunque no vinculantes en el caso de los anteproyectos de ley del Gobierno. Con este movimiento, parte de la mayoría conservadora pretende que la iniciativa legislativa sea “examinada” por el órgano de gobierno de los jueces aunque sin ningún efecto práctico. Para ser aprobada, la propuesta tiene que contar con el respaldo de la mayoría absoluta del Pleno. Es decir, de al menos once de sus 21 miembros (20 vocales más el presidente).
El pasado octubre, doce vocales —seis conservadores y seis progresistas— más el presidente Lesmes suscribieron una declaración relativa a la propuesta de PSOE y Unidas Podemos de rebajar la mayoría requerida para renovar el CGPJ, que fue retirada para propiciar un acuerdo con el PP para la renovación del órgano. Esa iniciativa recibió el rechazo frontal de parte de la oposición y de tres de las cuatro asociaciones judiciales. La Comisión Europea también advirtió a España de que se debe “reducir la influencia del Poder Ejecutivo o Legislativo en el Judicial”.
Entonces, esos doce vocales más Lesmes suscribieron una declaración en la que, aunque no valoraron las últimas iniciativas legislativas presentadas sobre el sistema de elección de sus vocales, sí expresaron su “preocupación” por que éstas se lleven a cabo “conforme con la Constitución y con el Derecho de la Unión Europea”.
También avisaron de que el órgano de gobierno de los jueces estaría “atento” a las iniciativas parlamentarias que se presentaran encaminadas a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y de que expresaría su “opinión fundada” en caso de que entendiera “que cualquier iniciativa que se retome o que se plantee (...) pueda ser contraria a la Constitución o a los valores fundamentales en los que se sustenta la Unión Europea”.
La falta de renovación del CGPJ es uno de los “desafíos” más importantes que señaló la Comisión Europea para España en el primer informe sobre el Estado de Derecho en sus Veintisiete Estados miembros. En ese documento, la institución destacó que “preocupa” la situación del órgano de gobierno de los jueces, entre otras cosas, “porque sigue pendiente el nombramiento de sus nuevos miembros”.