El sector conservador del Poder Judicial amenaza con llevar a Europa la reforma del PSOE para desencallar la renovación del Constitucional

La propuesta del PSOE para desencallar legalmente la renovación del Tribunal Constitucional se ha topado con el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado desde hace más de tres años. Según ha sabido elDiario.es, nueve vocales del sector conservador han pedido al presidente Carlos Lesmes que el próximo pleno se estudie la posibilidad de emitir un informe sobre la reforma con la que el PSOE pretende permitir que el órgano de gobierno de los jueces nombren por su cuenta dos magistrados del Constitucional y que el Gobierno pueda hacer lo propio con los otros dos que le corresponden. Piden poder hacer un informe pero también piden poner el caso en manos de la Comisión Europea para que intervenga y puedan emitir su opinión si es necesario.

Se trata de una propuesta del PSOE que, tal y como explicó elDiario.es, tendría forma de proyecto de ley que se tramitaría de urgencia, fuera por tanto del margen que tiene el CGPJ establecido por Ley para emitir informes sobre proyectos legales. La idea del PSOE es permitir que el CGPJ, a pesar de tener el mandato caducado desde hace casi cuatro años, pueda hacer por su cuenta el nombramiento de dos magistrados para el Tribunal Constitucional, cuyo plazo de renovación arrancaba este mes de junio.

La medida, tal y como se ha planteado, revertiría parcialmente la otra reforma puesta en marcha por el Gobierno para que el Consejo en funciones no pudiera hacer nombramientos en las altas esferas judiciales mientras tuviera el mandato caducado y no hubiera renovación. Con este movimiento, el PSOE pretende desencallar la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional: la mitad dependen del Gobierno, la otra mitad del Consejo y esto permitiría que cada uno renovara a sus magistrados por su lado y desencallar la situación. Una renovación de los dos miembros conservadores nombrados por el ejecutivo de Mariano Rajoy invertiría la proporción e instauraría una mayoría progresista en el Constitucional.

Nueve vocales del sector conservador cargan contra la motivación de esta reforma. “Según puede leerse en la exposición de motivos, la finalidad de la Proposición de referencia es evitar las dificultades que el texto vigente entraña para la renovación de los órganos constitucionales”, dicen en el documento que han firmado y dirigido a Carlos Lesmes. Esa justificación, dicen, es “contradictora e incoherente” y piden poder informar sobre ella aunque no sea una obligación. Solicitan que, incluso, intervenga la Comisión Europea para que puedan hacerlo.

La misiva, con la que piden que el asunto sea incluido en el orden del día del pleno del próximo 30 de junio, está firmada por nueve vocales: Wenceslao Olea, Nuria Díaz, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, María Ángeles Carmona y Carmen Llombart. Forman parte de un sector conservador en el que la propuesta del PSOE no ha gustado, tal y como han informado diversos medios.

Se trata de una nueva iniciativa similar a la emprendida por vocales del Consejo cuando el ejecutivo central reformó la misma Ley Orgánica del Poder Judicial para que el órgano de gobierno de la magistratura no pudiera hacer más nombramientos, entre otros, en el Tribunal Supremo mientras tuviera el mandato caducado. Vocales contrarios a la reforma consiguieron llevar a pleno esta medida solicitando, incluso, que intervinieran las autoridades comunitarias.

Renovación por tercios

Gobierno y Partido Popular acordaron la renovación de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional hace unos meses, dando entrada a los conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel y a los progresistas Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán, manteniendo una proporción con mayoría conservadora del pleno. Eran los magistrados nombrados por Congreso y Senado.

Este mes de junio ha vencido el mandato de otro tercerio del tribunal: el de los dos magistrados nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy y los nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. La duda que sobrevuela este proceso de renovación es si el ejecutivo de Pedro Sánchez puede renovar a los dos magistrados que le corresponden sin esperar a un CGPJ que, por ley, no puede hacerlo.

La posibilidad de hacerlo es clave para el ejecutivo central en un momento en el que el Constitucional tiene pendientes varias sentencias de gran calado social como la Ley del Aborto o la de Eutanasia, entre otras muchas. Poder renovar a los dos magistrados conservadores nombrados por el Gobierno en tiempos del Partido Popular por dos progresistas impondría una mayoría progresista en el tribunal de garantías.