La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones sigue dilatando la renovación del Tribunal Constitucional, que acumula más de dos meses de retraso. La última reunión de la comisión negociadora creada para abordar las dos designaciones que corresponde hacer al órgano de gobierno de los jueces ha acabado sin que los vocales elegidos a propuesta del PP hayan concretado cuál es su candidato para ir al tribunal de garantías, informan a elDiario.es fuentes de la institución. Y eso a pesar de que en la cita de hace dos semanas se comprometieron a hacer un esfuerzo para buscar aspirantes y poder llegar al pleno de la semana que viene con dos nombres encima de la mesa.
De esta forma, se aleja la posibilidad de que el Constitucional pueda ser renovado este mes de noviembre. Es la principal conclusión de la reunión que han mantenido este miércoles los interlocutores de los sectores conservador y progresista, que tienen que ponerse de acuerdo en qué dos magistrados designan para el tribunal de garantías. Ese relevo acumula más de dos meses de retraso por el bloqueo de los vocales elegidos a propuesta del PP, que han utilizado diferentes excusas para impedir unos nombramientos que deberían haberse hecho antes del 13 de septiembre.
El último pretexto de los conservadores es que hay esperar a la decisión del Tribunal Supremo sobre los recursos que un vocal y el secretario general del órgano presentaron contra la elección de Rafael Mozo como presidente del órgano tras la dimisión de Carlos Lesmes. La deliberación de las medidas cautelares solicitadas en relación a este asunto está fijada para el próximo 23 de noviembre, fecha para la que está fijada también la próxima reunión de los interlocutores. Los vocales elegidos a propuesta del PP argumentan que, si se suspendiera la elección de Mozo, los nombramientos para el Constitucional que se hubieran podido realizar quedarían en entredicho.
Fuentes del sector progresista, sin embargo, creen que es otra “excusa dilatoria” más y lamentan que sean de nuevo los conservadores los que marquen los tiempos de estas designaciones. Hasta ahora, el bloqueo del sector conservador ha impedido sustituir a los cuatro jueces del Constitucional que tienen el mandato caducado desde el 12 de junio y cuyo relevo corresponde hacer al CGPJ (dos) y al Gobierno (otros dos).
En la reunión de este miércoles no se ha discutido de nombres, aunque los conservadores sí han asomado una nueva exigencia. Han propuesto un cambio de “metodología de discusión” en la que cada grupo “evalúa o valora la propuesta del otro y no meramente acepta el candidato único que propongan”, según han explicado en un comunicado.
Esta propuesta supone romper con el acuerdo tácito con el que siempre ha funcionado en el CGPJ en el que cada bloque elige a un candidato y ese nombre es acatado por el otro grupo sin vetos cruzados. Sin embargo, los vocales elegidos a propuesta del PP habían dejado caer en los últimos días que no les gusta el aspirante elegido por el sector progresista, el juez del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés. Consideran que tiene un perfil “demasiado gubernamental” y que el otro nombre que barajó este sector —el de Pablo Lucas, también magistrado del Supremo— puedes ser más “idóneo”.
La insinuación de que Bandrés podría no obtener el respaldo de los conservadores y que estos optaran por Lucas preocupa a los progresistas, que consideran que sería “gravísimo” que el otro bloque no respetara su elección. Los nombramientos del Constitucional deben conciliar el respaldo de al menos 11 de los 18 miembros actuales del pleno del CGPJ. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 10 conservadores y ocho progresistas.
Con esta correlación de fuerzas, los conservadores sólo necesitarían un voto del grupo contrario para sacar adelante las designaciones, lo que despierta ciertos temores en el sector progresista. Además, se da la circunstancia de que Pablo Lucas es hermano de uno de los vocales, Enrique Lucas. Si él se abstuviera de participar en la votación los votos necesarios se rebajarían a 10, justo el número de vocales de la mayoría conservadora.
Bandrés es uno de los jueces más veteranos de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, donde ejerce desde 2003. Tras entrar en la judicatura en 1980, ha pasado por juzgados del País Vasco, Catalunya y Aragón antes de recalar en el Tribunal Superior catalán y finalmente en el Supremo. Es uno de los fundadores de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia y entre otras sentencias de las que ha sido ponente está la que en 2016 tumbó el régimen de financiación del bono social eléctrico.
El Ejecutivo había decidido no nombrar a sus dos magistrados para el Constitucional hasta que lo haga el CGPJ por la dudas jurídicas que ocasiona una posible renovación por fases. No obstante, en las últimas semanas en el Ejecutivo han abierto la puerta a hacer esas designaciones si el órgano de gobierno de los jueces seguía en el bloqueo, aunque no han puesto fechas. Hasta ahora, la consecuencia de del restado en la renovación es que ha sido imposible cambiar la actual mayoría conservadora por una progresista en el tribunal que tiene pendiente pronunciarse sobre leyes tan relevantes como el aborto, la eutanasia o la reforma educativa.